La única madre que fue capaz de denunciar los malos tratos que estaban sufriendo personas con discapacidad intelectual residentes en el centro de Triana, en Los Llanos de Aridane, ha decidido abandonar el caso, según han confirmado a esta redacción fuentes jurídicas, después de más de seis años inmensa en un litigio tedioso y que todavía hoy no tiene un horizonte procesal.

La afectada se reunió hace apenas dos semanas con la fiscal que ha llevado la causa y que lo mantiene abierto, poniendo a su disposición todas las pruebas y los testigos de los que disponía, aunque las mismas fuentes han asegurado a esta redacción que el Ministerio Fiscal ya contaba desde hace años con el material suficiente para demostrar fehacientemente las terapias abusivas impuestas en el centro.

El caso llegó a la opinión pública el 17 de marzo de 2013, después de que este periódico informara de los tratos vejatorios que estaban sufriendo los jóvenes en Triana, con acciones tan deplorables como pasar heces por la cara de un residente tras haberse defecado encima o tirar agua fría recogida directamente de la cámara frigorífica a otro que se orinó. La valentía de una trabajadora del Cabildo fue determinante para dar luz a lo que estaba ocurriendo tras aquellas paredes, con un informe demoledor que la institución insular, como responsable del centro, remitió al Ministerio Fiscal.

Las conclusiones técnicas fueron tan contundentes que el gobierno insular en aquel momento decidió iniciar el proceso para rescindir el contrato de prestación de servicio a la empresa que llevaba el centro de Triana. Todas las acusaciones estuvieron centradas en el director del servicio, José Mustafá.

Sin embargo, tras el ruido mediático que se prolongó durante varios meses, solo una familia, una madre coraje, decidió presentar acusación, asumiendo los gastos de un abogado y, sobre todo, el desgaste psicológico del procedimiento. A ella se unió el propio Ministerio Fiscal, que sigue inmerso en el litigio. Desde entonces, han pasado hasta tres jueces por el Juzgado número 1 de Los Llanos de Aridane, donde se instruye este procedimiento, con una falta de medios del sistema judicial que ha impedido llegar a la celebración de juicio.

La madre denunciante, que ha preferido no hacer ningún tipo de valoración a esta redacción sobre su decisión de dar un paso al costado, aunque mantiene especial atención e interés por todo lo que ocurra hasta que se produzca sentencia, acabó tirando la toalla. Fuentes cercanas al caso coinciden en señalar que ha sido una presión piscológica demasiado prolongada en el tiempo y, lo peor, sin encontrar respuesta judicial tras comprobar cómo su hija autista había sufrido malos tratos, a lo que se une la dificultad de mantener el interés y compromiso de los testigos. Demasiado tiempo con el litigio empantanado para mantener las fuerzas y seguir adelante. La fiscal ha ido cumpliendo con los plazos marcados y su interés por avanzar en la instrucción es innegable.

La única realidad positiva sobre este asunto después de los años transcurridos es que los discapacitados intelectuales acogidos ahora en el centro de Triana están siendo tratados en unas condiciones plenamente satisfactorias. La denuncia no fue en balde.