La Laguna llama a limpiar solares y fincas ante el calor y el riesgo de incendios forestales
El Ayuntamiento de La Laguna recuerda que el desbroce es obligatorio, no requiere licencia si no hay movimientos de tierra y que la quema de restos vegetales está prohibida

Panorámica de La Laguna tomada desde la Mesa Mota. / Rut Angielina

El Ayuntamiento de La Laguna ha activado una campaña para recordar a propietarios, arrendatarios y poseedores de solares, fincas y terrenos su obligación de mantenerlos limpios, desbrozados y libres de vegetación seca. La medida, impulsada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, coincide con el aumento de las temperaturas y con la época de mayor riesgo de incendios forestales en Canarias.
La resolución aprobada tiene carácter general y pretende facilitar una actuación rápida en parcelas privadas y terrenos agrícolas, especialmente en zonas próximas a áreas forestales o viviendas. Hay que recordar que La Laguna tiene alrededor de 14.000 hectáreas de espacios naturales. El Consistorio insiste en que el deber de conservación se mantiene durante todo el año, aunque cobra especial importancia en verano y otoño, cuando el calor, la sequedad ambiental y la acumulación de material vegetal elevan el riesgo de ignición.
Las labores de limpieza y desbroce no necesitan licencia urbanística
La resolución aclara que las labores ordinarias de limpieza y desbroce no necesitan licencia urbanística ni comunicación previa cuando no impliquen movimientos de tierra. Sí requerirán autorización aquellas actuaciones que supongan desmontes, explanaciones, alteración del terreno u obras de mayor alcance, conforme a la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. El Ayuntamiento recuerda también que la quema de restos vegetales está prohibida, por lo que los residuos deberán trasladarse a puntos limpios o gestores autorizados.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, señala que la resolución es una herramienta preventiva en un municipio con gran riqueza natural y elevada exposición al riesgo de incendios. El regidor recuerda la importancia del Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera, y de áreas como Mesa Mota, situadas en contacto directo con zonas urbanas y periurbanas.
Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés, subraya que la resolución pretende evitar dudas interpretativas y permitir que los propietarios actúen con rapidez en días de riesgo elevado. El edil recuerda que los terrenos agrícolas situados a menos de 500 metros de masas forestales arboladas tienen una obligación específica de limpieza como medida de protección frente al fuego.
Se pide evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas
La acumulación de matorral, residuos vegetales y restos secos actúa como combustible en caso de incendio. Por el contrario, las parcelas mantenidas pueden funcionar como zonas de amortiguación y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. La eliminación de vegetación seca y material combustible puede reducir hasta un 40% la probabilidad de ignición en días de riesgo extremo.
El Ayuntamiento aconseja retirar la vegetación seca, mantener despejados los accesos a las parcelas y revisar los linderos para evitar que la maleza de fincas colindantes invada otros terrenos. También recomienda crear pequeñas franjas de seguridad alrededor de viviendas, muros, casetas, almacenes o instalaciones agrícolas.
Durante los episodios de calor, se pide evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas, especialmente en las horas centrales del día. Esta recomendación afecta a herramientas como desbrozadoras, radiales, soldaduras o equipos que produzcan calor en entornos con vegetación seca.
Las sanciones pueden oscilar entre los 1.000 y los 30.000 euros
El incumplimiento del deber de conservación puede derivar en la apertura de un expediente de orden de ejecución. En ese caso, el Ayuntamiento requerirá al propietario para que realice las labores necesarias de limpieza, desbroce o retirada de residuos.
Además, la Ley 4/2017 contempla sanciones que pueden oscilar entre los 1.000 y los 3.000 euros en casos leves. En situaciones graves, especialmente cuando exista riesgo para personas, viviendas, infraestructuras o bienes, las sanciones pueden superar los 30.000 euros. También podrá exigirse responsabilidad civil, administrativa o penal si la falta de limpieza contribuye al inicio o propagación de un incendio.
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