El eterno trámite sobre el IBI de la Iglesia: La Laguna sigue sin decidir si cobrará el impuesto a los inmuebles lucrativos

La Laguna se prepara para el hito histórico de la visita del papa León XIV. Son días en los que la actualidad lleva a poner la mirada en lo religioso y en las relaciones entre el Ayuntamiento y la Iglesia, dos instituciones que tienen un asunto pendiente desde hace más de cuatro años: la aplicación o no del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la popular Contribución, a las propiedades sin uso social o religioso del Obispado de Tenerife y a aquellas en las que se desarrollan actividades económicas o se cobra alquiler. El gobierno local (PSOE-CC) confirma que sigue sin existir una decisión al respecto, mientras que Unidas se Puede preguntará por lo ocurrido en el pleno municipal del próximo jueves.

Para entender la situación hay que retroceder hasta marzo de 2022. La Iglesia había admitido que entre las miles de inmatriculaciones –inscripciones de propiedades por primera vez en el Registro– que realizó existía al menos un millar de bienes cuya titularidad estaba en cuestión. Como se recordará, una ley de la época del expresidente José María Aznar (PP) le había permitido a esta institución religiosa inscribir 34.961 inmuebles con solo una certificación eclesiástica y, en consecuencia, con un bajo coste, lo que condujo a que se atribuyese hasta lo que no era suyo.

Moción con las inmatriculaciones de actualidad

En aquel escenario, con las inmatriculaciones en el candelero, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), anunció una moción destacada: «Instar a la Diócesis Nivariense a llevar a cabo de inmediato las acciones necesarias para regularizar la situación de los bienes inmuebles inscritos sin justificación a nombre de la Iglesia Católica». El texto que resultó de aquella sesión plenaria contó con el apoyo unánime de todos los partidos. Contenía dos puntos relativos a las inmatriculaciones y un tercero sobre el IBI: «Estudiar la posibilidad de cobro de posibles tributos sobre los inmuebles sin uso social o religioso titularidad de la Iglesia Católica o del Obispado en los que se desarrollan actividades económicas o se cobra alquiler por hacer uso de los mismos».

El grupo de gobierno asegura que desde 2024 se está realizando una revisión de la información catastral

No sería hasta febrero de 2024, casi dos años más tarde, cuando el consistorio y el Obispado mantuvieron una primera reunión. Era consecuencia de lo que había ocurrido en los días previos, cuando el asunto regresó a pleno debido al tiempo que había transcurrido sin novedades. La pregunta que formuló el por entonces concejal Rubens Ascanio (USP) la respondió la edil de Hacienda y Servicios Económicos, la socialista Francisca Carlota Rivero, con una intervención que colisionaba con los planteamientos de su propio partido político: «El artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales reconoce la exención del impuesto del IBI sobre los inmuebles de los que sea titular la Iglesia Católica».

No todos están exentos

Sin embargo, el citado artículo 62 (sobre exenciones del IBI) remite en su apartado 1.c) al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979. ¿Y qué establece ese otro documento? Reconoce que están liberados del IBI los templos y capillas y sus dependencias o edificios y locales anexos dedicados a la actividad pastoral; la residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes; las oficinas de la curia diocesana y parroquiales; los seminarios destinados a la formación del clero y las universidades eclesiásticas «en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas», y los «edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada». Esto es, el texto circunscribe la exención a bienes que cuentan con usos de carácter religioso o social. No todos están libres.

Y siguió pasando el tiempo. En octubre de 2024, el actual grupo de gobierno (PSOE-CC) afirmó que la tardanza respondía a un descuadre de datos y que se necesitaba una revisión del Catastro. Un año y medio después, ese trámite no ha concluido. «Hemos avanzado mucho en la actualización y regularización de la información catastral», apuntaron el pasado viernes fuentes oficiales del Ayuntamiento, antes de añadir que se ha logrado conciliar la información del Catastro con los datos tributarios de la mayor parte de los inmuebles de titularidad de la Diócesis en el municipio. «Se ha contrastado la descripción catastral con la descripción física y jurídica del inmueble, modificando los elementos no coincidentes», aseguraron, antes de agregar que «aún resta un pequeño porcentaje de inmuebles por conciliar, y en ese proceso seguimos trabajando».

Pregunta al Pleno

La falta de información ha llevado al portavoz de Unidas, Saúl Alberola, a presentar una pregunta al pleno de la próxima semana: «¿En qué situación se encuentra actualmente el cumplimiento del acuerdo plenario de marzo de 2022 relativo al estudio y posible cobro del IBI u otros tributos sobre inmuebles titularidad de la Iglesia Católica en los que se desarrollen actividades económicas o lucrativas?». El edil recordó que su formación política lleva años «poniendo sobre la mesa este tema», así como que «no puede ser que una actividad empresarial quede exenta de una cuestión que es obligatoria para el resto de la sociedad».

El edil de Unidas Saúl Alberola lamenta que la moción inicial fue un «anuncio» que después quedó «en el cajón»

Alberola lamentó que han transcurrido «muchísimos años» y que se continúa sin explicaciones claras. «No valen las excusas y no vale poner los anuncios por delante», expresó, y se quejó de que también han observado que otras iniciativas reciben el visto bueno inicial y después se quedan «en un cajón». En su opinión, el acuerdo fue aprovechado estratégicamente. «Hubiese quedado muy feo de cara a la galería decir que no quieres tratar la actividad lucrativa de la Iglesia», opinó. «Queremos que tribute y que tenga también repercusión en los laguneros, porque todo lo que se deja de ingresar supone menos recursos», mantuvo.

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