El Estado asumirá la demolición del Charco de la Arena si el club se niega a ejecutar los trabajos
El Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central mantienen un encuentro en Madrid sobre la sociedad privada de La Punta

El club Charco de la Arena, en la Punta del Hidalgo. / Arturo Jiménez
Nuevo paso para la demolición de las instalaciones del club Charco de la Arena, en la Punta del Hidalgo. El Estado mostró este lunes su voluntad de liderar los trabajos, lo que evitaría que se articulen convenios interadministrativos con ese fin. Así se conoció tras una reunión celebrada en Madrid entre el Ayuntamiento de La Laguna, el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central, representado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El objetivo del encuentro era trazar la vía de actuación que permita recuperar “de manera inmediata” el espacio costero que ocupa desde los años 60 del siglo pasado este club privado. Todo ello después de la sentencia de la Audiencia Nacional de febrero de 2025 que desestimó un recurso interpuesto por la Sociedad Recreativa Piscina Charco de la Arena contra la resolución por la que se denegó la ampliación de la concesión para continuar allí con su actividad. El pronunciamiento judicial también establecía que se debía revertir el terreno a su anterior estado.
Ejecución forzosa de la sentencia
Durante el encuentro de este lunes, y según los datos aportados por el Ayuntamiento, los representantes ministeriales expresaron su voluntad de que sea el Estado quien asuma directamente la ejecución forzosa de la sentencia, en el caso de que la Sociedad Charco de la Arena no lo haga de manera voluntaria, “para dejar cuanto antes expedito el dominio público, no para usos privativos sino para el disfrute del conjunto de la ciudadanía”. En concreto, la institución local detalló que fue el secretario de Estado, Hugo Morán, quien manifestó la decisión estatal en el transcurso de la cita.
Además de Morán, en la reunión tomaron parte el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro; el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; el senador José Antonio Valbuena, y la directora de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de La Laguna, Antonia Barrios.
"Sobrada experiencia" del Estado
El argumento del Ministerio es que el Estado cuenta con “sobrada experiencia a la hora de realizar este tipo de actuaciones en el litoral de todo el territorio nacional, de manera que no será necesaria la firma de ningún convenio interadministrativo, que dilataría aún más el proceso de reversión”. También plantean desde el consistorio que “la actuación del Gobierno de España tendría, asimismo, un carácter disuasorio para casos similares de antiguas concesiones en la costa”.
El alcalde, sobre la demolición: “Es una reivindicación de los punteros”
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, agradeció este lunes la disposición del Gobierno de España para avanzar en el “empeño de recuperar el Charco de la Arena y cumplir así con una reivindicación histórica de los punteros”. Y añadió: “De todo este proceso son perfectamente conocedores tanto el secretario de Estado como la directora general de la Costa y el Mar, quienes nos han trasladado hoy su apoyo decidido”.
Gutiérrez puso de relieve el interés mostrado por los proyectos de intervención previstos en este punto del litoral lagunero, como son la recuperación del Camino La Costa (más popularmente conocido como ‘camino de San Juanito’) y las acciones contempladas en la agenda urbana local, que serán ahora remitidas al Ministerio por el Gobierno de Canarias. “Este entorno único de la costa lagunera no solo será recuperado, sino que experimentará un importante proceso de renaturalización para devolverlo a su estado original”, indicó.
Por su parte, el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, se detuvo en la importancia de la colaboración interadministrativa y la celebración de encuentros de este tipo “para fijar el camino a seguir en este expediente, que aún no ha concluido, pero cuenta con una sentencia en firme”. Y remachó: “Al final, las tres instituciones aquí representadas perseguimos el mismo objetivo, que es devolver cuanto antes este espacio público marítimo a los laguneros y laguneras para su uso y disfrute”.
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