El PP de La Laguna contra el límite a la participación vecinal en el pleno

El Partido Popular alerta que el borrador de Reglamento del Pleno planteado por el grupo de gobierno (PSOE y CC) «restringiría los derechos básicos de participación ciudadana en las sesiones plenarias», al permitir una única participación vecinal por pleno y limitar a cinco minutos el tiempo de intervención.

El portavoz del PP lagunero, Juan Antonio Molina, explica que en la actualidad representantes de asociaciones de vecinos, de colectivos vecinales o particulares acuden al pleno a exponer sus situaciones, por lo que «rebajar a una única persona por sesión es una clara acotación de sus derechos». También resalta que el tiempo de intervención vigente es de 15 minutos.

Molina recuerda que «hace apenas tres meses se actualizó el Reglamento de Participación Ciudadana, que se aprobó en el pleno de noviembre de 2025, donde se detallaba que las exposiciones orales de los colectivos serían de quince minutos». Lamenta que «apenas 90 días después, la situación es bien distinta».

El borrador limita a una intervención de cinco minutos, cuando ahora es de varias con un tiempo de 15 minutos

Por este motivo, el PP en La Laguna propone mantener lo acordado en el Reglamento de Participación Ciudadana y respetar al menos dos horas en horario de tarde como los populares han defendido desde el inicio de mandato. «Hemos planteado un nuevo texto que favorece la participación y que muestra que tenemos un proyecto de municipio. Aprovecharemos el diálogo que el grupo de gobierno ha iniciado para defender la participación y la transparencia», apunta el portavoz popular.

A juicio de Juan Antonio Molina, el Gobierno municipal «está a tiempo de no ir en contra de las asociaciones de vecinos y la participación ciudadana, de cuya defensa tanto presumen a diario ambas formaciones políticas». El borrador de la modificación del Reglamento «es un ataque directo contra las asociaciones vecinales y una clara muestra de cómo el ayuntamiento desoye sus quejas».

Desde su perspectiva, la propuesta «es un claro intento de retroceso democrático que limita la intervención directa de los vecinos en los asuntos públicos». Añade que «no se garantiza ni la transparencia ni el derecho de la ciudadanía a hacer oír su voz en la institución».