Solo 660 casas sociales en obras para una lista de espera de 4.400 tinerfeños

Los datos de la vivienda pública en Tenerife dejan un significativo contraste entre los proyectos en marcha y la demanda existente. Se están produciendo avances en distintos puntos de la Isla, pero miles de personas siguen esperando una casa. En la actualidad hay 4.400 inscritos como solicitantes de vivienda pública en régimen de alquiler y 668 inmuebles en fase de ejecución, según las cifras aportadas en los últimos días por el Gobierno de Canarias.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad dibuja un mapa con actividad en marcha, pero aún insuficiente para responder al acuciante problema de la vivienda en una isla que, adicionalmente, ha ganado más de 252.000 habitantes en lo que va de siglo. Esa última cifra supone un crecimiento del 35,5% y se traduce en más coches en las carreteras, más presión sobre los servicios públicos y, claro está, más tensión en el mercado inmobiliario.

El Ejecutivo autonómico detalla que las 668 viviendas actualmente en construcción se reparten en municipios como La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, Arona, Adeje e Icod de los Vinos. A estas se suman otras 493 en fase de planificación, localizadas en Buenavista del Norte, El Sauzal, Santiago del Teide, Güímar, Los Realejos, Guía de Isora, El Rosario, Granadilla de Abona y Adeje. «En estos momentos, Tenerife cuenta con un volumen muy relevante de actuaciones en materia de vivienda pública, en distintas fases de desarrollo», defiende el Gobierno autonómico. «Se ha producido un avance muy significativo, con varias actuaciones en fase final de ejecución», añade.

El volumen total –más de 1.100 viviendas entre obras en curso y proyectos– evidencia un impulso en la promoción pública, aunque los plazos de ejecución y entrega diluyen su impacto inmediato. De hecho, algunas de las actuaciones más avanzadas todavía no han sido culminadas. Entre ellas destacan las 100 viviendas de La Gallega, en Santa Cruz, promovidas por Visocan; 31 en el municipio de Buenavista del Norte, y otras 65 impulsadas por el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) en La Orotava, todas ellas en fase final.

Las administraciones impulsan nuevas promociones, si bien los plazos de ejecución retrasan su adjudicación

El Ejecutivo canario y el Icavi son los principales actores, pero también participan otras administraciones públicas. El papel predominante de los primeros se debe a su papel de planificación, financiación y adjudicación, mientras que el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos también intervienen mediante la aportación de fondos, la cesión de suelo o la colaboración con las necesarias licencias.

Precisamente el Cabildo de Tenerife aprobó en los últimos días el expediente de contratación para la construcción de 47 viviendas de promoción pública en Granadilla de Abona. Se trata de la promoción denominada Cuevas Cho Portada, que se ubicará en la zona de Los Hueros y contará con una inversión total de algo más de 9,6 millones de euros. El proyecto se tramitará mediante un procedimiento abierto, bajo la modalidad de tramitación de urgencia, con el objetivo de acortar los plazos administrativos y comenzar la edificación a la mayor brevedad posible.

Labor interadministrativa

La iniciativa anterior supone un ejemplo claro de los mecanismos interadministrativos que suelen existir en este tipo de proyectos. En concreto, este es fruto del convenio de cooperación entre el Cabildo de Tenerife y el Instituto Canario de la Vivienda, por medio del que la institución insular aporta el 40% de los fondos y el organismo autonómico, el 60% restante.

Coincidiendo con el anuncio de la nueva promoción, el Cabildo tinerfeño hizo balance del trabajo realizado en esta materia. «El Cabildo ha licitado 111 viviendas en los municipios de La Victoria, Arafo, Granadilla y El Sauzal, mientras que en estos primeros meses del año hemos adjudicado los trabajos para la construcción de 191 viviendas en los municipios de Santiago del Teide, Los Realejos, El Rosario, San Miguel y Güímar», precisó el vicepresidente insular, Lope Afonso.

El crecimiento poblacional y la presión sobre el mercado inmobiliario agravan el problema

El acceso a este tipo de viviendas está regulado por el Gobierno de Canarias, con unas condiciones que han sido actualizadas este año. Entre los requisitos figura ser mayor de edad (o menor emancipado), residir en alguno de los municipios de Canarias y acreditar al menos cuatro años de empadronamiento continuado en la Comunidad Autónoma, según recoge la web del Gobierno regional.

Además, los ingresos de la unidad familiar no pueden superar, con carácter general, cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es el índice de referencia en España para asignar ayudas, subvenciones y subsidios de desempleo. Tampoco ningún miembro de la familia solicitante puede ser propietario de otra vivienda, salvo excepciones justificadas, y se establece un límite patrimonial y otras condiciones específicas para quienes ya disfrutan de algún régimen de vivienda protegida. n

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