El Supremo cierra el caso del Charco de la Arena de la Punta del Hidalgo: el club deberá ser demolido tras años de litigio

El club Charco de la Arena, en el camino La Costa, en la Punta del Hidalgo, tendrá que ser demolido. El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por la entidad contra una sentencia de la Audiencia Nacional que ordenaba su demolición. La resolución es firme y pone fin a años de litigio, después de que se le denegase al espacio la prórroga de la concesión de la que disponía.

Hasta ahora, el último hito del procedimiento judicial se situaba en febrero de 2025, cuando se conoció la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimaba el recurso interpuesto por la Sociedad Recreativa Piscina Charco de la Arena contra la resolución por la que se denegó la ampliación de la concesión y que, entre otras cosas, también establecía que se debía revertir el terreno a su anterior estado.

Aquel pronunciamiento se produjo después de que el Charco de la Arena recurriese la resolución de fecha 8 de marzo de 2021 de la directora general de la Costa y del Mar, dictada por delegación de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En ese escrito se denegaba la prórroga de la concesión otorgada el 17 de julio de 1964 para la ocupación de 810 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, «con destino a la construcción de un bar-restaurante y al acondicionamiento de una charca natural para piscina».

Demolición

La sentencia rechazaba la prórroga y ordenaba a esta sociedad privada a revertir «al dominio público estatal los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión, estando obligado el concesionario, a sus expensas, a la demolición y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o totalmente, incluso con reposición del terreno a su anterior estado (...)».

La providencia que ahora ha dictado la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo está fechada el 4 de marzo y da firmeza a la sentencia de la Audiencia Nacional. Según recoge el escrito, la inadmisión a trámite se produce por falta de fundamentación y carencia de interés casacional. Asimismo, impone las costas procesales al Charco de la Arena, con un límite de 1.000 euros en favor de cada una de las dos partes recurridas y personadas (Administración General del Estado y Ayuntamiento de La Laguna).

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, celebró este lunes la postura del Alto Tribunal. «La sentencia del Tribunal Supremo da la razón al Ayuntamiento de La Laguna en su lucha por recuperar la costa de la Punta del Hidalgo», sostuvo. «Esto significa el fin de la concesión al Charco de la Arena, el derribo de las instalaciones de este club privado y la restitución del orden natural», expresó el político socialista, que también consideró que se trata de «una gran noticia porque supone devolver el litoral a los punteros y terminar con una situación que era a todas luces insostenible».

«Circunstancias históricas»

Gutiérrez manifestó que la Sociedad Charco de la Arena surgió en los años 60 del siglo pasado «en unas circunstancias históricas muy determinadas, que hace tiempo que ya no se dan, y así lo ha entendido el Supremo». Y completó: «Es, además, una sentencia en firme, ante la que no caben recursos, por lo que se da un paso decisivo en la recuperación medioambiental de nuestro litoral». Asimismo, afirmó que esto llevará a cumplir «con el compromiso que desde el Pleno de la corporación adquirimos en su día con los vecinos de la Punta del Hidalgo».

Fue el 17 de julio de 1964 cuando se otorgó por orden ministerial a Sergio González Machado la concesión para la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, con destino a la construcción de un bar-restaurante y al acondicionamiento de un charco para piscina, según se recoge en la sentencia de 2025, en la que también se indica que en la orden no figuraba la superficie otorgada en la concesión.

Otro de los hitos administrativos es que el 31 de enero de 1992 la Dirección General de Costas se dirigió al Servicio de Costas en Tenerife en relación con el exceso de ocupación en la concesión. Un decenio después, el 5 de noviembre de 2002, la Sociedad Charco de la Arena solicitó al Servicio Provincial de Costas de Tenerife la «regularización de la titularidad real de la concesión». Esgrimieron un contrato privado con González Machado.

«Por resolución de la jefa del Servicio Provincial de Costas de Tenerife, de fecha 9 de julio de 2018, se autorizó la transferencia mortis causa de la concesión a favor de la Sociedad Recreativa Piscina del Charco de la Arena», plantea la mencionada sentencia. Antes, el 5 de marzo de 2018, se había solicitado prórroga de la concesión y la legalización de las instalaciones. Vino después la resolución rechazando sus pretensiones.

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