Frenazo a la demolición del Hotel Neptuno: la Justicia obliga a parar los trabajos

Frenazo a la demolición del antiguo Hotel Neptuno, en la carretera general entre Bajamar y la Punta del Hidalgo. Los trabajos previos ya habían comenzado y estaban siendo retiradas las carpinterías del inmueble, que forman una montaña dentro del recinto y se pueden ver desde el exterior. Sin embargo, fuentes oficiales del Ayuntamiento de La Laguna indicaron este lunes que la propiedad del inmueble presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha dejado sin efecto la autorización judicial con la que contaba la Gerencia de Urbanismo para acceder al inmueble y ejecutar el derribo.

El Neptuno fue uno de los recintos pioneros en el desarrollo turístico no solo de La Laguna, sino de Tenerife. En los años 60 y 70 del siglo pasado recibió abundante turismo nórdico, alemán y norteamericano. Eran otros tiempos. Después vino el declive y, más tarde, el carrusel de propuestas de las que ninguna cristalizó. La situación de ruina del antiguo complejo turístico, construido a partir de 1959, fue declarada oficialmente en mayo de 2019 y tras años de abandono. Y así llegó el proyecto de ejecución subsidiaria para la demolición, promovido por la Gerencia de Urbanismo y que contempla la retirada completa del edificio principal y del complejo anexo, incluyendo la piscina, el restaurante y 15 bungalós.

En enero de 2025 se conoció que el contrato había sido adjudicado a la unión temporal de empresas formada por Construcciones y Excavaciones Erri-Berri Sociedad Limitada y Construplan Construcciones y Planificación Sociedad Limitada Unipersonal, por un importe de 395.000 euros. El consistorio anunció que iniciaría las obras antes de que concluyese 2025. Parecía que había vía libre. No obstante, y una vez más, ha aparecido un contratiempo.

Recurso ante el TSJC

«La Gerencia contaba con autorización judicial en primera instancia para acceder al inmueble y ejecutar la demolición, dado el pronunciamiento contrario de la propiedad», expresaron este lunes desde el Ayuntamiento. «Sin embargo, la propiedad recurrió esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha estimado el recurso de apelación dejando sin efecto la autorización judicial», añadió.

El consistorio sostuvo que hasta que exista una nueva autorización judicial firme deben suspenderse los trabajos preparatorios de la demolición y abandonarse las actuaciones. «La estimación del recurso por parte del TSJC no cuestiona la legalidad de la orden de ejecución ni la competencia municipal, ni tampoco la motivación técnica que sustenta la necesidad de la demolición, sino que aborda un asunto estrictamente procesal», indicó.

«Esta circunstancia obliga a detener la ejecución material, pero no afecta al fondo del asunto ni a la validez de las actuaciones administrativas previas. La decisión de suspender los trabajos es, por tanto, obligada y jurídicamente prudente», manifestó la institución local en los datos aportados este lunes. «Esta situación no es imputable a la Gerencia. La Administración ha cumplido escrupulosamente con los plazos, trámites y garantías, obteniendo la autorización judicial inicial conforme a derecho», aseguró, antes de defender que «la Gerencia ha actuado con diligencia y dentro de sus competencias, y continuará impulsando la ejecución en cuanto exista una autorización judicial firme que permita retomar los trabajos con plena seguridad jurídica».

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