Los empleados del servicio de alumbrado público de La Laguna amagan con ir a la huelga

Los empleados del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público de La Laguna amagan con ir a la huelga. Se trata de una derivada de la situación en la que se encuentra este contrato, en el que el Ayuntamiento tuvo que dar marcha atrás con la adjudicación inicial tras un recurso especial en materia de contratación interpuesto por la segunda empresa clasificada. Ahora, los trabajadores se quejan de que existe un escenario de provisionalidad que les impide actualizar sus condiciones laborales y mejorar el servicio en su conjunto, según recoge el comité de empresa en un comunicado y tal y como lamenta también el portavoz del Partido Popular (PP), Juan Antonio Molina.

«Este comité de empresa ha informado al Ayuntamiento su predisposición a ir a una huelga si fuera necesario, en su legítimo derecho de reivindicar lo que considera justo», expone uno de los puntos del comunicado, en el que se añade: «Por lo tanto, espera que sus reclamaciones sean atendidas, evitando ese marco de incertidumbre que supone dilatar durante años la actual situación del servicio en precario que nos priva de poder retomar las negociaciones».

Demora

En opinión de este órgano, «el escenario de demora en la adjudicación, que ya ha acumulado demasiados meses, durante el periodo de duración del contencioso-administrativo supondría retrasar nuestras negociaciones con la empresa que resulte adjudicataria». Y plantea: «Nuestro objetivo es lograr recuperar, bajo el marco del nuevo contrato, la pérdida de poder adquisitivo acumulado en los últimos años debido a la inflación». Al respecto, agrega que habían denunciado el convenio colectivo desde 2024.

Además, el comité de empresa pone de relieve problemas para el desarrollo del servicio. «Estar en precario impide realizar actuaciones de renovación y mejora de las instalaciones, lo que, de prolongarse mucho tiempo, incrementa el riesgo de accidentes laborales o de averías por obsolescencia, repercutiendo negativamente en la prestación del servicio», plantea.

Críticas del PP

Por su parte, el portavoz del PP dice entender el malestar de los empleados dado el transcurrir de los acontecimientos. Este partido político pone el foco en que el Ayuntamiento «haya renunciado a defender en los tribunales el contrato de conservación y mantenimiento del alumbrado público del municipio, valorado en 18,7 millones de euros, al decidir no oponerse a las medidas cautelares solicitadas por la antigua adjudicataria ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias». Como se recordará, antes el consistorio había acatado la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, con lo que dio marcha atrás en el expediente de adjudicación a la unión temporal de empresas integrada por Imesapi y Emelsa, tras lo que requirió a la siguiente compañía (Effico) para que esta asumiese el servicio.

Juan Antonio Molina considera «gravísimo que el Ayuntamiento adjudique un contrato millonario, luego acate la nulidad del mismo afirmando públicamente que actúa en defensa de la legalidad y del interés general y que, cuando el asunto llega a los tribunales, decida no defender su propia posición». A su juicio, «un gobierno responsable no puede ir a remolque de los acontecimientos ni comportarse como un espectador pasivo en un litigio que afecta a un servicio esencial y al bolsillo de todos los laguneros».

Actuación del consistorio

Preguntadas al respecto, fuentes oficiales del grupo de gobierno defienden que el consistorio «ha actuado en todo momento con estricto respeto a la legalidad y a los órganos competentes en materia de contratación pública». Y expresan: «Tras la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, que ordenó excluir a la empresa inicialmente adjudicataria y adjudicar el contrato a la segunda clasificada, este Ayuntamiento cumplió con dicha decisión, garantizando la transparencia y la seguridad jurídica del procedimiento».

El PP lamenta la actuación municipal y el grupo de gobierno defiende los criterios que se han seguido

El grupo de gobierno también subraya que se trata de «una cuestión litigiosa entre dos empresas privadas» y que «adoptar una postura activa en favor de una u otra parte supondría que el Ayuntamiento interviniera en un conflicto que no le corresponde resolver, pues es la jurisdicción contencioso-administrativa la que debe pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas». La institución local considera que su acción ha sido «clara»: «Respetar la independencia judicial y someterse al criterio de la Sala, evitando cualquier actuación que pueda interpretarse como parcialidad».

Interés general

Asimismo, el Ayuntamiento reafirma «su compromiso con el interés general, la prudencia económica y la buena gestión». Y completa: «Entrar en una confrontación judicial supondría incrementar costes para el erario público y prolongar la incertidumbre. Nuestra actuación se fundamenta en criterios técnicos y jurídicos, evitando litigios innecesarios y garantizando que todas las decisiones se adopten con transparencia y responsabilidad».

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