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Polémica con los cementerios en La Laguna: denuncian exhumaciones masivas sin avisar a las familias

Una denuncia del PP destapa una campaña masiva de exhumaciones de restos que superan el límite de los cinco años en un nicho en alquiler

Cementerio de San Luis, en La Laguna. |

Cementerio de San Luis, en La Laguna. | / Andrés Gutiérrez

Daniel Millet

Daniel Millet

La Laguna

Una denuncia del Partido Popular de La Laguna por exhumaciones en los cementerios municipales «sin garantizar la comunicación fehaciente a los familiares» ha destapado una campaña del Ayuntamiento para poner orden en los camposantos del municipio.

En su protesta, los populares señalan que el Consistorio carece de un registro «actualizado» de las personas afectadas y que esta situación «ha provocado un profundo malestar entre los vecinos». Por ello exige la «paralización inmediata» de todos los procedimientos de traslado de restos de los muertos «hasta que se asegure el respeto y la información debida a cada familia».

El problema de fondo tiene que ver con la falta de espacio para los fallecidos en La Laguna y el uso durante un tiempo excesivo de los nichos que alquila el propio Ayuntamiento durante los cinco años posteriores al enterramiento y que se puede prorrogar a dos más.

Debido al déficit de sepulcros y a que hay muchos restos que permanecen en el mismo espacio tras sobrepasar el límite reglamentario –incluso algunos por más de 20 años–, el Consistorio realiza una campaña masiva de exhumaciones. El proceso, iniciado hace unos seis meses, se centra en los que sobrepasaron el plazo a partir del año 2000 y en adelante.

El Gobierno municipal niega incumplimientos de comunicación o de otro tipo en esta campaña, en contra de la tesis del PP. Responde que «por ley», el Ayuntamiento «no está obligado» a informar de estas exhumaciones durante el contrato de ocupación que se firma por cinco años. Aun así, asegura que comunica a través de bandos quiénes tienen los plazos vencidos, así como se colocan avisos a tal efecto en las propias tumbas.

El PP critica que muchos traslados se están realizando sin comunicarlo de forma fehaciente a las familias

El portavoz ‘popular’, Juan Antonio Molina, insiste en las irregularidades. Las llevó ayer al pleno ordinario. No quedó tiempo, sin embargo, para abordar el asunto. Molina se mantiene en que el Ayuntamiento «no envía de forma correcta y tal como exige la ley» las notificaciones a las familias y habla de casos «especialmente preocupantes» como la extracción de restos de nichos particulares, es decir, que ya han sido comprados por un vecino o una familia.

«Voy a seguir insistiendo porque es un asunto grave que está provocando malestar entre muchos laguneros», remarca el portavoz del PP, que añade que entre los afectados hay incluso «funcionarios locales y un miembro del grupo de gobierno municipal». Molina ve «inadmisible que el Consistorio de La Laguna, bajo el gobierno de PSOE y Coalición Canaria, no haya adoptado medidas de control y verificación antes de proceder a la apertura de los nichos». El portavoz recuerda que «la falta de planificación y de sensibilidad con las familias vuelve a poner de manifiesto el desorden en la gestión municipal».

Un expediente de investigación

El Partido Popular pide la apertura de un expediente de investigación que determine las causas y «posibles responsabilidades» de las exhumaciones realizadas «sin comunicación fehaciente», y exige que «se depuren responsabilidades». «El Ayuntamiento se está enfrentando a una gestión ineficiente y temeraria de nuestros difuntos», sentencia Molina, que detalla que «no se trata sólo de un problema administrativo, sino de una cuestión de humanidad y respeto hacia las familias laguneras». Molina subraya asimismo que esta situación «vulnera derechos básicos como la intimidad familiar y el respeto a la memoria de los fallecidos». El edil recuerda que estos principios están «reconocidos por la jurisprudencia constitucional».

La Laguna tiene cinco cementerios públicos: San Juan (casco histórico), San Luis (Los Baldíos) y los de Valle de Guerra, Tejina y Punta del Hidalgo. Los recintos se han quedado pequeños, algo que el PP achaca a «la falta de previsión del equipo de gobierno».

Este enfrentamiento ‘desentierra’ el proceso que regula el servicio público de enterramiento. Se basa, en primera instancia, en un contrato que firma el ayuntamiento correspondiente con los familiares del difunto para la ocupación de un nicho en régimen de alquiler durante un periodo de cinco años. Este plazo puede ampliarse dos más dependiendo de las condiciones en que se encuentren los restos.

El Consistorio responde que cumple la ley y que vacía tumbas que superan, algunas hasta en 25 años, el tope del arrendamiento

Una vez cumplido este tiempo, los familiares pueden optar a distintas alternativas, incluyendo la adquisición del nicho en propiedad, la retirada a un nicho de restos o bien llevarlos a un horno crematorio, que es una opción cada vez más demandada.

El Ayuntamiento de La Laguna asegura que ha emitido una serie de bandos con el fin de comunicar a las personas que sean titulares de los contratos de nichos en alquiler vencidos la necesidad de su actualización, una vez que han transcurrido más de cinco años desde la fecha de inhumación.

El carácter de estos bandos es informativo para que aquellos familiares que no hayan respondido a los avisos que se dejan en las unidades de enterramiento sepan que deben actualizar sus contratos y normalizar la situación de los nichos. En algunos casos han pasado ya incluso más de 25 años desde el enterramiento, sin que los familiares se hayan hecho cargo del fallecido, por lo que se procede a su exhumación y retirada a un nicho de restos.

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