La Laguna acata la resolución del Tribunal de Contratos y adjudicará el alumbrado a otra empresa

El contrato del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público e instalaciones eléctricas municipales de La Laguna será para otra empresa diferente de la adjudicataria inicial, según anunció este lunes el Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local acordó la toma de conocimiento de una resolución del 30 de septiembre del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que se estima el recurso interpuesto por Effico contra el acuerdo de adjudicación, que había sido adoptado en abril de 2025.

Para entender lo ocurrido hay que retrotraerse a la presentación de un recurso especial en materia de contratación por Effico, cuya oferta había quedado en segundo lugar. Cabe precisar que esta entidad ya había advertido de un posible conflicto de intereses antes, incluso, de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tomara una decisión para adjudicar el millonario contrato público. Y, en fechas recientes, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias ha respaldado sus planteamientos.

Marcha atrás

La consecuencia de lo anterior es lo que ha ocurrido ahora: el Ayuntamiento ha tenido que dar marcha atrás al expediente de adjudicación y, además, excluir a la unión temporal de empresa formada por Imesapi (que representa el 80% de la UTE) y Emelsa al quedar constatado que hubo un conflicto de intereses que «arroja una sombra de duda más que razonable sobre la imparcialidad» de la evaluación de las ofertas presentadas.

Más en detalle, Effico recurrió el procedimiento, entre otras cuestiones, al conocer la relación de tipo marital existente entre la entonces jefa del servicio del Área de Medio Ambiente y Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna, que promovió en un principio el expediente de contratación del servicio de alumbrado e instalaciones eléctricas, y el apoderado solidario y delegado provincial de Imesapi.

Resolución

«La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna ha acordado la toma de conocimiento de la resolución 275/2025, de 30 de septiembre, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que se estima el recurso interpuesto por la entidad mercantil Effico contra el acuerdo de adjudicación del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público e instalaciones eléctricas municipales, adoptado en abril de 2025. Asimismo, el órgano de gobierno municipal ordena ‘la continuación de la tramitación sucesiva del expediente’», recoge la nota enviada este jueves por el consistorio.

El Ayuntamiento recordó que la Junta de Gobierno Local aprobó en 2024 el expediente de contratación del mencionado servicio y la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, y un gasto por importe de 18,7 millones de euros, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas y sus anexos, recordó este lunes el Ayuntamiento.

Adjudicado en abril

Fue en abril de 2025 cuando la Junta adjudicó el servicio por un plazo de ejecución de cuatro años, con posibilidad de prórroga de un año adicional. «El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias dictó el pasado 30 de septiembre una resolución en la que se estima el recurso interpuesto contra el acuerdo por el que se adjudica el referido contrato, declarando la nulidad de la adjudicación impugnada, y procediendo a requerir a la siguiente empresa clasificada para que presente los documentos contemplados en las cláusulas para la adjudicación del contrato», añade la nota.

El hito más reciente sobre este asunto llegó en el último pleno del Ayuntamiento de La Laguna, cuando el portavoz de CC, Fran Hernández, hizo una cerrada defensa del procedimiento administrativo en torno al contrato. «El procedimiento seguido por este ayuntamiento en la adjudicación del contrato de alumbrado público fue absolutamente pulcro y transparente, tal y como reconoce la propia resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias», respondió Hernández a una pregunta formulada por escrito. «Todas las fases se realizaron conforme a la legalidad, con informes técnicos independientes y la abstención expresa de cualquier funcionario con posible conflicto de intereses», mantuvo.

Hernández también manifestó que «el Tribunal no ha detectado irregularidades materiales ni ha cuestionado la profesionalidad ni la objetividad de los técnicos municipales ni de los asesores externos». Y agregó: «La nulidad de la adjudicación se basa únicamente en una interpretación estricta del riesgo de posible conflicto de intereses. Por tanto, tal cual consta en la propia resolución, el procedimiento fue impecable y ajustado a Derecho».