El cobro del IBI en La Laguna a los inmuebles lucrativos del Obispado sigue en el aire tres años después

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó en marzo de 2022 estudiar el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la popular Contribución, a las propiedades sin uso social o religioso del Obispado de Tenerife y en las que se desarrollan actividades económicas o se cobra alquiler. La primera reunión Consistorio-Iglesia se produjo en febrero de 2024. Más de un año después de eso último y transcurridos tres años del acuerdo plenario, ese tipo de edificios siguen sin abonar IBI y tampoco hay una decisión al respecto por parte del Ayuntamiento.

«Los trabajos de conciliar los inmuebles con la descripción catastral no han terminado», sostuvo este jueves el grupo de gobierno del Consistorio lagunero. Se trata de un planteamiento que el pacto local empezó a expresar públicamente en octubre de 2024 ante la demora que se estaba produciendo. En concreto, indicó en aquella ocasión que se detectaron «datos no coincidentes» y que se hacía necesario realizar una revisión.

Un seminario con varias empresas

El líder de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, recordó este jueves que la decisión plenaria sigue pendiente. «En este mandato y en el anterior hemos pedido varias veces que se cumpla lo acordado, sin que se haya hecho nada», lamentó. El concejal puso el ejemplo del Seminario, «con un valor catastral de cerca de 14 millones de euros, donde una multinacional y varias empresas realizan su actividad económica, pagando por ello al Obispado».

«Ayuda de Estado ilegal»

«Tenemos claro que no cobrarles sería una ayuda de Estado ilegal, prohibida por el Derecho de la Unión Europea», manifestó Ascanio, antes de asegurar que desde esta formación política van a seguir exigiendo que se tomen medidas y que se aplique «lo que ya varias sentencias reconocen como viable». También puso de relieve que el Ayuntamiento «no puede seguir trabajando para salvaguardar el interés de una entidad privada como esta».

El texto que resultó del pleno de marzo de 2022 contó con el apoyo unánime de todos los partidos. Incluía dos puntos relativos a las inmatriculaciones (estudiar los bienes inmatriculados por la Iglesia en el municipio para determinar si existía alguno cuya titularidad fuera pública, por un lado, y ofrecer cobertura a los propietarios que se pudieran haber visto afectados por esa práctica, por otro), mientras que el tercer vértice del acuerdo se refería al IBI. 

La intervención de Rivero

Una de las peculiaridades del cobro de la Contribución a la Iglesia en La Laguna reside en la singular presencia que tiene esta institución en la ciudad, sede episcopal. Otra particularidad se encuentra en que, una vez adoptado el acuerdo por el Pleno, la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, la socialista Francisca Carlota Rivero, realizó una intervención tras una pregunta plenaria el 8 de febrero de 2024 que colisionaba con los planteamientos de su partido político.

«El artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales reconoce la exención del impuesto del IBI sobre los inmuebles de los que sea titular la Iglesia Católica», zanjó Rivero en aquella ocasión. Sin embargo, el citado artículo 62 (sobre exenciones del IBI) dirige al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, que circunscribe la exención a bienes que cuentan con usos religiosos o sociales, por lo que no todos están libres.

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