La Audiencia Nacional deja vía libre al derribo del Charco de La Arena, en La Laguna

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional deja vía libre a la demolición del Charco de La Arena, el club privado ubicado en mitad del camino La Costa, en la Punta del Hidalgo. Ese es el aspecto más destacado que se desprende de una sentencia de esta instancia judicial fechada el 20 de febrero y que desestima el recurso interpuesto por la Sociedad Recreativa Piscina Charco de La Arena contra la resolución por la que se denegó la prórroga de la concesión otorgada a este club privado y que, entre otras cosas, también establece que se debía revertir el terreno a su anterior estado. Además, el pronunciamiento condena en costas a la Sociedad.

La sentencia –a la que ha tenido acceso este periódico– recoge que el Charco de La Arena recurrió la resolución de 8 de marzo de 2021 de la directora general de la Costa y del Mar, dictada por delegación de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En ese escrito se denegaba la prórroga de la concesión otorgada el 17 de julio de 1964 para la ocupación de 810 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, «con destino a la construcción de un bar-restaurante y al acondicionamiento de una charca natural para piscina».

Solución inminente para el caso del club Charco de la Arena, en La Laguna

La referida resolución acordaba denegar la prórroga y ordenar a la Sociedad Recreativa Charco de La Arena revertir «al dominio público estatal los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión, estando obligado el concesionario, a sus expensas, a la demolición y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o totalmente, incluso con reposición del terreno a su anterior estado (...)».

Según el tenor con el que la sentencia de la Audiencia Nacional recoge la postura del club Charco de La Arena, esta entidad «alegó que la resolución que deniega la prórroga expresa un parecer voluntarista y arbitrario manifiestamente contrario a la legalidad formal y material que rige el otorgamiento de la prórroga extraordinaria de las concesiones de dominio público marítimo-terrestre, otorgadas con anterioridad a la aprobación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo».

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional considera que no se incurre en la causa de nulidad alegada por el club «al no apreciarse que se le haya causado indefensión material». Asimismo, se deniega la prórroga de la concesión al considerarse que existe causa de caducidad e incumplimientos en la concesión.

Los incumplimientos indicados en la sentencia son los de tener una «superficie mucho mayor a la autorizada», la construcción de una caseta para alojar un grupo electrógeno y una estación depuradora sin título habilitante de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, la existencia de un pozo negro y conducto en mal estado, y una autorización de vertidos que está finalizada.

Desde 1964

En el pronunciamiento judicial del pasado 20 de febrero se recuerda que fue el 17 de julio de 1964 cuando se otorgó por orden ministerial a Sergio González Machado la concesión para la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, con destino a la construcción de un bar-restaurante y al acondicionamiento de una charca natural para piscina. También se indica que en la orden no figuraba la superficie otorgada en la concesión.

«Dicha concesión se otorgó en precario por un plazo de 99 años, y en base al proyecto de piscina en la zona marítimo-terrestre en Punta del Hidalgo suscrito por el ingeniero de caminos don Pedro de Arce y Rueda con fecha 14 de julio de 1962, y al proyecto de Bar Restaurante suscrito por el arquitecto don Félix Sáenz Matrero con fecha 28 de mayo de 1963», explica la sentencia de la Audiencia Nacional.

Otro de los hitos administrativos es que el 31 de enero de 1992 la Dirección General de Costas se dirigió al Servicio de Costas en Tenerife en relación con el exceso de ocupación en la concesión. Un decenio después, el 5 de noviembre de 2002, la Sociedad Recreativa Charco de La Arena solicitó al Servicio Provincia de Costas de Tenerife la «regularización de la titularidad real de la concesión». Esgrimieron un contrato privado con Sergio González Machado.

«Por resolución de la jefa del Servicio Provincial de Costas de Tenerife, de fecha 9 de julio de 2018, se autorizó la transferencia mortis causa de la concesión a favor de la Sociedad Recreativa Piscina del Charco de La Arena», se recoge en la sentencia. En la fecha de 5 de marzo de 2018 se había solicitado prórroga de la concesión y la legalización de las instalaciones. Vino después la resolución rechazando sus pretensiones. Y ese acto administrativo es el que el Charco de La Arena llevó a la Audiencia Provincia y sobre el que esta instancia se pronunció el 20 de febrero.

Reacciones

«La sentencia de la Audiencia Nacional viene a reconocer el derecho de los vecinos y vecinas de La Laguna a recuperar para el uso público un lugar emblemático de nuestro litoral», expresó este martes el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. «Desde el Ayuntamiento valoramos esta resolución que, aunque aún puede ser recurrida, supone un paso trascendental en este largo recorrido jurídico. Llevamos años reivindicando y defendiendo, junto a la sociedad de Punta del Hidalgo, que una piscina natural no puede ser exclusiva de un club privado», añadió.

El regidor local sostuvo que «la Sociedad Charco de la Arena surgió en unas circunstancias históricas muy determinadas, que hace tiempo que ya no se dan». Y completó: «Esperamos que este espacio vuelva a ser disfrutado por cualquier persona y recupere su estado natural lo antes posible, en la línea de conservación de los valores medioambientales de la costa lagunera que venimos defendiendo desde el Ayuntamiento».

Por su parte, la formación política Unidas se Puede mostró en una nota su «satisfacción» ante la sentencia de la Audiencia Nacional. La concejala Idaira Afonso felicitó a las asociaciones, plataformas y colectivos de la zona de la Punta del Hidalgo. 

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