Solución inminente para el caso del club Charco de la Arena, en La Laguna

Adolfo Cordobés avanza que la Audiencia Nacional procederá a la votación y fallo del recurso sobre el recinto el próximo 18 de febrero

El Charco de la Arena, en la Punta del Hidalgo.

El Charco de la Arena, en la Punta del Hidalgo. / Carsten W. Lauritsen

D. Ramos

La Laguna

La Audiencia Nacional decidirá el próximo martes sobre el Charco de la Arena, en el camino La Costa, en la Punta del Hidalgo. Así lo indicó este miércoles el concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La Laguna, Adolfo Cordobés. Este espacio es un club privado sobre el que el Consistorio lagunero aprobó, en 2017, intentar su recuperación para uso público. El edil manifestó que la sentencia «podría estar dictada en el mes de febrero».

Cordobés se pronunció acerca de este asunto durante un pleno y tras una pregunta de la concejala de Unidas se Puede Idaira Afonso, en la que requería información «sobre cuál es la situación actual en cuanto a la recuperación como espacio público del Charco de la Arena, Punta del Hidalgo, que garantice el uso y disfrute de todas las personas y no solo de aquellas socias del club privado».

«Por parte de la Sociedad Recreativa Piscina del Charco de la Arena se interpuso recurso ante la Audiencia Nacional en el año 2021, por no estar de acuerdo con la resolución que le denegaba el plazo de concesión», empezó el titular de Ordenación del Territorio y también consejero-director de la Gerencia de Urbanismo. «El Ayuntamiento de La Laguna se ha personado en este procedimiento y, con fecha 5 de febrero de 2025, se ha recibido diligencia de la Audiencia Nacional que informa que este recurso está para votación y fallo el próximo día 18 de febrero», prosiguió. El concejal completó que, a partir de ahí, y si el pronunciamiento es favorable a los intereses del Ayuntamiento, «se procederá a tramitar la recuperación del bien para toda la ciudadanía».

Había sido Adolfo Cordobés quien a finales de 2023, y también tras una pregunta plenaria, apuntó que el recinto estaba a la espera de una sentencia. «El procedimiento judicial se encuentra culminado a la espera de que se dicte sentencia por parte de la Audiencia Nacional, procedimiento en el cual este ayuntamiento se ha personado como parte interesada», expresó el edil socialista en aquella ocasión anterior.

Más en detalle, el asunto se encontraba sobre la mesa desde 2017, cuando el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad una moción presentada por Unidas para solicitar al Estado la concesión administrativa del Charco de la Arena y dos espacios de baño más: el Club Náutico de Bajamar y las piscinas de los Apartamentos Altagay.

Tras las elecciones de 2019, Unidas se Puede entró en el gobierno local. Eso, unido a la decisión del PSOE de Luis Yeray Gutiérrez y Santiago Pérez de apostar por la Comarca Nordeste, llevó a la ejecución de numerosos proyectos en la zona. Y también se implicaron con el Charco de la Arena.

Los orígenes del club

El inicio del club se puede situar cuando el ingeniero Pedro de Arce y Rueda registró, el 14 de julio de 1962, el proyecto de piscina en la zona marítimo-terrestre de Charco de la Arena y el arquitecto Félix Sáenz firmó, un año después, el proyecto de bar y restaurante asociado. Una orden ministerial del 17 de julio de 1964 otorgó una concesión a Sergio González Machado para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y tres años después (1967) se levantó el primer acta de reconocimiento de las obras.

Llegada la etapa actual, según publicó este periódico en 2021, se puso fin al permiso excepcional al club Charco de la Arena y se ordenó a sus responsables demoler todas las instalaciones privadas, incluido el restaurante, que se eleva sobre la piscina gracias a unos pilares y que nunca ha tenido licencia de apertura. Debían devolver la zona a su estado natural. También en 2021, un portavoz del Charco de la Arena sostuvo que poseen «documentos que acreditan que tenemos derecho a mantener la concesión. Y vamos a ejercer ese derecho en los tribunales». Además, afirmó que «la resolución de Costas está llena de conclusiones erróneas o inexactas». A partir de ahí fue que el asunto acabó en la Audiencia Nacional.

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