La Laguna retrasa la decisión de cobrar el IBI al Obispado por un descuadre de datos

El cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la popular Contribución, en los edificios lucrativos con los que cuenta el Obispado de Tenerife en La Laguna aún no ha empezado a realizarse. El Ayuntamiento tampoco ha adoptado una decisión al respecto. Fuentes oficiales del grupo de gobierno aseguran que la demora responde a un descuadre de datos, lo que ha llevado a una revisión del Catastro. En febrero se celebró una cumbre Iglesia-Ayuntamiento para resolver el asunto y en abril se conoció que la institución religiosa había entregado documentación y técnicos municipales la estaban cotejando. Seis meses después, el asunto sigue pendiente.

«Están teniendo que revisar el Catastro porque hay datos no coincidentes», indicaron desde el grupo de gobierno al ser preguntados al respecto. La previsión inicial del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), es que el asunto se resolviese con agilidad. Así lo indicó el 14 de febrero de este año, el mismo día en que se celebró la primera reunión entre las partes.

Se da la circunstancia de que La Laguna cuenta con alrededor de 300 propiedades que están exentas del pago de la Contribución y que, de ellas, un centenar pertenecen a la Iglesia Católica, según recoge un listado emitido por el Ayuntamiento en 2020.

El cobro o no del IBI por los inmuebles que el Obispado tiene en La Laguna es un asunto controvertido y que acumula años sin resolverse. También se ha convertido, junto con la reducción del presupuesto de 2024 y el final de la exención del Rodaje para los vehículos de más de 25 años, en uno de los asuntos más espinosos que ha encontrado en su gestión la concejala de Hacienda y Asuntos Económicos, Francisca Carlota Rivero (PSOE).

La edil realizó una sonada intervención en el pleno del 8 de febrero de este año. Su discurso, incluso, colisionaba con lo previamente planteado por su partido. «El artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales reconoce la exención del impuesto del IBI sobre los inmuebles de los que sea titular la Iglesia Católica». Esas fueron las palabras más rotundas. Se trata de una interpretación con la que, si se da por buena, no cabría debate alguno sobre cobrar la Contribución a la Iglesia.

Una exención limitada

El citado artículo 62 (sobre exenciones del IBI) remite en su apartado 1.c) al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979. ¿Y qué establece ese otro documento? Reconoce que están liberados del IBI los templos y capillas y sus dependencias o edificios y locales anexos dedicados a la actividad pastoral; la residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes; las oficinas de la curia diocesana y parroquiales; los seminarios destinados a la formación del clero y las universidades eclesiásticas «en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas», y los «edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada». Esto es, el texto circunscribe la exención a bienes que cuentan con usos de carácter religioso o social. No todos están libres.

Tampoco la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo permite una exención global e ilimitada. Su artículo 15, sobre los tributos locales, establece en su apartado primero: «Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades».