José Miguel Cruz y Rosario Santana no pueden más. Desde finales de 2019 se enfrentan a una pesadilla que está acabando con su salud y que dificulta su economía familiar. El motivo: la mujer que les vendió su vivienda se quedó en ella como okupa. La casa les costó 140.000 euros y pagan 650 euros mensuales de hipoteca pese a que no pueden acceder a esta, al tiempo que se tienen que hacer cargo de los recibos de la comunidad, la luz y las derramas. Por si fuera poco, se une a lo anterior un alquiler adicional en Santa Cruz para tener un techo donde vivir.
El piso está en Bajamar, en una urbanización en la carretera general a la Punta del Hidalgo (TF-13), en la curva junto al Hotel Neptuno. Es un inmueble de 90 metros cuadrados y con unas vistas privilegiadas al océano Atlántico, la playa de El Arenal y las zonas surferas de El Paso y El Lobo. Un regalo para los sentidos. José Miguel y Charo, como es conocida su mujer, vieron una oportunidad y decidieron invertir sus ahorros y pedir un préstamo.
Todo comenzó en el verano de 2019. Una inmobiliaria publicó la vivienda en el portal Idealista. «Llamé a la inmobiliaria, no me hizo mucho caso y me fui a la casa y toqué», detalla José Miguel Cruz. «La propietaria me abrió las puertas y empezamos a hablar», concreta. «Me gustó por las vistas y la ubicación. Dentro, la casa estaba para meter la pala», indica en referencia al estado muy descuidado del inmueble. Vino después una tasación y acabaron por firmar la operación de compraventa ante notario el 24 de diciembre de 2019, según el relato de Cruz y tal y como recoge la escritura, como ha comprobado este periódico.
Un cheque de 50.000 euros
El afectado apunta que se canceló la anterior hipoteca y que se formalizó una nueva. «Ella debía 139.000 euros y la casa la vendía en 140.000, por lo que le quedaban 1.000 euros de diferencia. ¿Qué fue lo que pasó? El banco le hizo una quita de 60.000 euros. Ahí fue donde ella pudo recuperar un cheque de 50.000», cifra, y añade que los 10.000 euros restantes fueron fundamentalmente para hacer frente a deudas de comunidad y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El día de la firma ante notario, la vendedora recibió un cheque de 50.049,74 euros, afirma Cruz y refleja uno de los documentos incorporados a la escritura notarial.
Ahí comenzó el calvario. Aquel mismo día de Nochebuena de 2019, la ciudadana de origen belga A. R. V. que les vendió el piso lanzó, según el testimonio de José Miguel, un comentario extraño: «Ahora me quedo como okupa diez años», acompañado de unas risas. Él y su mujer lo quisieron entender como una broma. El transcurrir del tiempo les mostraría que tras la frase había una declaración de intenciones. «A partir de ahí empieza a poner excusas, excusas y excusas para no salir», rememora Cruz.
Ocho meses después, el 10 de agosto de 2020, Cruz y Santana acabaron interponiendo una demanda. El 22 de enero de 2021 llegó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de La Laguna, que condena a la okupa a entregarles vivienda y a las costas procesales. A. R. V. recurrió a la Audiencia Provincial, que lo desestimó en abril de 2022. Esta instancia confirmó la sentencia previa y dictó una nueva condena en costas. Pero no había acabado ahí la carrera judicial de la vendedora, que se dirigió entonces al Tribunal Supremo, que también falló en su contra en septiembre de 2022.
Finalmente, la fecha para el lanzamiento se fijó el 16 de marzo de este año a las 10:30 horas. La huelga de letrados de la justicia, sin embargo, provocó la suspensión del desahucio. Hoy, y ahí el problema, sigue la espera. Tres años y medio sin la casa comprada y con aprietos económicos por los que han tenido que recibir apoyo familiar. Según relata Cruz, su hijo estudia en una universidad de Cataluña y hubo un momento en que casi se vio obligado a decirle que recogiese sus cosas y se volviese a la Isla porque no podría afrontar tantos gastos.
Desamparo administrativo
«Me he sentido desamparado por la Administración», lamenta el afectado. Un ejemplo de ello es la inacción que ha percibido de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna, en cuyo conocimiento puso que la okupa ha estado acompañada de un menor de nacionalidad extranjera en acogimiento permanente. Indica que puede manifestar ese extremo porque, en las conversaciones desde la toma de contacto hasta la compra del piso, así se lo expresó la propia vendedora. En particular, sostiene que el niño no ha dispuesto de las adecuadas condiciones de vida, dado el estado de la casa y otras circunstancias. Fue por ello que también se dirigió a la Fiscalía de Menores.
Fuentes oficiales de Bienestar Social del Consistorio lagunero, al ser preguntadas este jueves sobre el caso, se limitaron a apuntar que han hecho seguimientos e informes de la situación del menor y que la mujer pidió el ingreso mínimo vital e información sobre otras ayudas. Los servicios sociales municipales le aclararon que no se encargan de la concesión del ingreso mínimo vital y que solo pueden ayudarla a cursar la solicitud al Gobierno central.
La alegación de la ‘okupa’
Este periódico trató este jueves de contactar con A. R. V. en varias ocasiones sin éxito. Según José Miguel Cruz, la mujer ha respondido al procedimiento judicial por okupación con varias denuncias, en las cuales ella expone entre otras cosas que la forzaron a firmar la escritura, algo que el comprador niega rotundamente. A. R. V. pidió la nulidad del procedimiento de desahucio hasta que no se resolvieran sus denuncias, lo que rechazó la Audiencia Provincial.
José Miguel Cruz estaba este jueves desbordado por los acontecimientos. A las 13:00 horas, en una de las terrazas de la confluencia de las avenidas de La Salle y Buenos Aires y mientras atendía a este periódico, gestionaba como mejor podía las múltiples llamadas y mensajes que no paraban de entrarle a dos teléfonos móviles. Pero concluyó con confianza: «Voy a tener la casa dentro de poco tiempo».
