La magistrada amplía en seis meses las investigaciones del ‘caso Laycas’
La jueza del Juzgado de Instrucción 2 descarta por ahora el archivo provisional pedido por el fiscal y prorroga las pesquisas, en las que están investigados el alcalde y tres concejales
Alfredo Gómez, concejal que denunció el caso Laycas. / E. D.
La jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, María Celia Blanco, descarta por ahora el archivo provisional del caso Laycas, solicitado por el fiscal, y amplía en seis meses la investigación al alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, y tres de los concejales de su equipo de gobierno. En una providencia remitida el lunes a las partes, la magistrada prorroga las diligencias para «proseguir y culminar la instrucción para el esclarecimiento de los hechos».
María Celia Blanco indaga si Luis Yeray Gutiérrez y los también socialistas e integrantes del Gobierno lagunero Yaiza López (concejala de Cultura y Participación Ciudadana), Carla Cabrera (concejala de Mercados y Presidencia) y Badel Albelo (concejal Seguridad y Fiestas) forman parte de una presunta trama de adjudicación de contratos menores concedidos a dedo a familiares y amigos durante este mandato (2019-2023), que además incurrirían en fraccionamiento ilegal.
El alcalde, los tres ediles y una cuarta persona, el exconcejal Alejandro Marrero, que dimitió el 22 de noviembre como responsable de Hacienda y Seguridad al verse involucrado en un accidente de tráfico con un coche oficial, están imputados en este caso Laycas por los presuntos delitos de prevaricación –aprobar resoluciones a sabiendas de su injusticia–, malversación de caudales públicos –administración desleal de recursos públicos–, gestión interesada –autoridad que se vale de sus funciones por un interés particular–, cohecho –soborno– y falsificación documental.
La resolución de la jueza de ampliar la investigación llega a menos de dos meses de unas elecciones locales y regionales (28 de mayo) en las que Luis Yeray Gutiérrez repite como candidato a la Alcaldía de La Laguna por el PSOE y Yaiza López va de número 2 de Ángel Víctor Torres en la circunscripción regional. Además, se produce seis meses después de que la Fiscalía provincial se adhiriera a la petición de los investigados y pidiera el sobreseimiento provisional.
La petición de archivo
El pasado mes de octubre, el fiscal Jonay Socas defendió en un escrito que las diligencias practicadas –las declaraciones de los imputados y la documentación de los contratos menores– «no arrojan indicios suficientes para continuar con la instrucción». En concreto, sobre Luis Yeray Gutiérrez, el representante del ministerio público apuntó que «no existe participación activa en los ilícitos denunciados».
El fiscal se apoyó en los argumentos de las defensas de los investigados y argumentó que los contratos menores, adjudicados a dedo –es decir, de forma directa, sin concurso público–, cuentan con el aval de los técnicos de las diferentes concejalías. Socas se remitió asimismo a las declaraciones de los imputados, que negaron en el Palacio de Justicia de La Laguna que se guiaran para adjudicar los servicios por las relaciones más o menos cercanas con los responsables de las empresas adjudicatarias.
La investigación del caso Laycas, que instruye la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, parte de una denuncia presentada el 31 de mayo de 2021 por Alfredo Gómez, concejal no adscrito de La Laguna que fue presidente de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento lagunero hasta que fue destituido por orden del alcalde dos meses después de la presentación de esta denuncia. Gómez ha ido ampliando la documentación y de 116 contratos menores supuestamente irregulares ha pasado a más de 300.
Presunta «red clientelar»
Gómez pide que se investigue una presunta «red clientelar», desde que Luis Yeray Gutiérrez llegó a la Alcaldía en junio de 2019, que adjudicaría contratos menores a familiares y amigos, algunos «con un claro vínculo» con el PSOE, por cantidades que incumplen la Ley de Contratos Públicos, que fija un máximo de 15.000 euros, y que pueden suponer un fraccionamiento irregular de contratos mayores.
La anterior decisión de la jueza María Celia Blanco tras la petición de archivo provisional de la Fiscalía fue aceptar que se adjunten a la causa dos informes del que fuera secretario del pleno del Ayuntamiento de La Laguna hasta el pasado 15 de marzo, Octavio Fernández.
En estos escritos, el habilitado nacional y uno de los principales fiscalizadores de la actividad municipal –hasta que abandonó– declaró nulos e ilegales 228 contratos menores adjudicados por el Gobierno lagunero entre 2019 y 2021 que suman más de 2,6 millones de euros. Fernández ordenó además la revisión de oficio de estos contratos y expuso que son ilegales porque suponen un fraccionamiento de contratos mayores.
La jueza aclara en la providencia en la que amplía las indagaciones por seis meses que esta prórroga se interrumpirá si se acuerda el secreto de las actuaciones o el sobreseimiento provisional de la causa.
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