El fiscal solicita el archivo provisional de las diligencias del 'caso Laycas'

La Fiscalía pide el archivo provisional del caso Laycas, en el que están investigados el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y tres de los concejales de su grupo de gobierno. María Celia Blanco, jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, indaga si estos ediles del Ayuntamiento lagunero forman parte presuntamente de una trama de adjudicación de contratos menores concedidos a familiares y amigos durante este mandato (2019-2023), y que además incurrirían en fraccionamiento ilegal.

En el escrito, firmado el pasado mes de octubre, el fiscal Jonay Socas defiende que las diligencias practicadas –las declaraciones de los imputados y la documentación de los contratos menores– «no arrojan indicios suficientes para continuar con la instrucción». En concreto, sobre Luis Yeray Gutiérrez, el representante del ministerio público apunta que «no existe participación activa en los ilícitos denunciados».

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La Fiscalía acepta de esta manera las solicitudes de sobreseimiento que pidieron las defensas de los imputados el pasado mes de mayo: el alcalde y los concejales de su grupo de gobierno Yaiza López (responsable de Cultura y Participación Ciudadana), Carla Cabrera (Mercados y Presidencia) y Badel Albelo (Seguridad y Fiestas). Están investigados por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y gestión interesada. También figura en la lista de investigados, y también solicitó el archivo, el exedil Alejandro Marrero, que dimitió el 22 de noviembre como responsable de Hacienda y Seguridad al verse involucrado en un accidente de tráfico con un coche oficial.

El caso parte de una denuncia presentada el 31 de mayo de 2021 por Alfredo Gómez, concejal no adscrito de La Laguna que fue presidente de la Comisión de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno del Consistorio lagunero. Gómez ha ido ampliando la documentación y de 116 contratos menores supuestamente irregulares ha pasado a alrededor de 300.

En la denuncia que llevó a la jueza Celia Blanco a abrir las diligencias por indicios de irregularidades, Alfredo Gómez expone una presunta «red clientelar», desde que Luis Yeray Gutiérrez llegó a la Alcaldía en junio de 2019, consistente en la adjudicación de contratos «a dedo» a familiares y amigos, algunos «con un claro vínculo» con el PSOE, el mismo partido al que pertenecen los querellados, y por cantidades que incumplen la Ley de Contratos Públicos, que fija un máximo de 15.000 euros.

El fiscal sigue los argumentos de las defensas de los imputados y expone que los contratos menores, adjudicados de forma directa –es decir, sin concurso público–, cuentan con el aval de los técnicos de las diferentes áreas. Asimismo, se remite a las declaraciones de los propios investigados, que negaron en el Palacio de Justicia de La Laguna que se guiaran para adjudicar esos servicios por las relaciones más o menos cercanas que mantenían con los responsables de las empresas adjudicatarias.

El fiscal no entra en si pudo haber fraccionamiento ilegal de contratos menores, uno de los aspectos que trata de averiguar la magistrada Celia Blanco. Los servicios contratados incluidos en el caso Laycas abarcan un amplio catálogo, desde el cáterin hasta el suministro de mascarillas por el covid pasando por el suministro de agua, la compra de aparatos de control de temperatura, la organización de actividades culturales o el mantenimiento de los centros ciudadanos.

En este nuevo proceso judicial que afecta al Gobierno de La Laguna –liderado en la actualidad por el PSOE– no ha intervenido la unidad especial de la Fiscalía Anticorrupción, sino la Fiscalía Provincial. Anticorrupción sí intervino sin embargo en las dos causas anteriores. Se trataba de diligencias abiertas contra gobiernos laguneros liderados por Coalición Canaria. Ambas, el caso grúas por presuntas irregularidades en la privatización en 2004 del servicio de recogida de vehículos y el caso reparos por levantar informes desfavorables del interventor a la prórroga de contratos entre 2011 y 2014, han sido archivadas sin llegar a juicio por diferentes órganos judiciales al descartarse los indicios delictivos.

La jueza del caso Laycas aún no se ha pronunciado sobre la petición del ministerio público de sobreseimiento provisional de las diligencias. Su última decisión, adoptada el 24 de febrero, ha sido aceptar que se adjunten a la investigación dos informes del que fuera secretario del pleno del Ayuntamiento de La Laguna hasta el pasado 15 de marzo, Octavio Fernández.

En ellos, el habilitado nacional y uno de los principales fiscalizadores de la actividad municipal –hasta que se marchó el pasado día 15– declara nulos e ilegales 228 contratos menores adjudicados por el Gobierno lagunero entre 2019 y 2021 que suman 2,6 millones de euros. Fernández ordena además la revisión de oficio de estos contratos adjudicados a dedo y concluye que son ilegales porque suponen un fraccionamiento de contratos mayores. La mayoría de estos contratos forman parte de la investigación del caso Laycas.

El grupo de gobierno ha asegurado que Fernández carecía de competencias para estos pronunciamientos y que todos los contratos cuentan con informes favorables de la intervención y los servicios jurídicos municipales.

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