El secretario del Pleno, Octavio Manuel Fernández, abandona su puesto en el Ayuntamiento de La Laguna. La Junta de Gobierno Local abordó el pasado lunes la «finalización del régimen de acumulación de funciones de la Secretaría General del Pleno», lo que, a efectos prácticos, supone la salida del Consistorio de uno de los principales fiscalizadores de la gestión municipal. «Ha sido el secretario quien ha presentado su renuncia. Es una decisión personal que el grupo de gobierno respeta, al tiempo que agradece la labor que ha llevado a cabo durante este periodo», expresaron ayer fuentes oficiales del gobierno lagunero.
Esto se produce tras varios informes del funcionario que ponían en entredicho el proceder del pacto lagunero (PSOE, Unidas y Avante) y el cuestionamiento del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, a su labor. En una entrevista en este periódico el pasado 9 de febrero, el regidor local defendió la gestión y desaprobó los pronunciamientos del habilitado nacional: «El secretario del pleno no es uno de los principales fiscalizadores del Ayuntamiento. No tiene ningún tipo de competencia en las contrataciones. Solo puede abordar cuestiones que se debaten en el pleno. Entonces ¿para qué existe la máxima figura del secretario técnico?». También el director del Área de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento y destacado militante del PSOE, Julio Cruz, desaprobó esos informes.
Si bien desde el grupo de gobierno señalan que la razón es la citada decisión personal del secretario, desde CC se expresan en diferentes términos. «Cuando leímos en el panel de anuncios el acuerdo pensamos que era un error, porque creíamos imposible una decisión tan grotesca como esa», indicó el portavoz nacionalista y candidato a la Alcaldía de La Laguna, Jonathan Domínguez. «Desde CC hemos solicitado hoy mismo acceso a ese expediente para ver la argumentación jurídica o política que han puesto para justificar este acuerdo, teniendo en cuenta que hay un proceso reglado iniciado para la designación de un habilitado nacional para este puesto, y que tenemos entendido que solo se ha presentado el actual secretario», añadió.
«La verdad es que, con independencia de los argumentos del gobierno, nos parece que políticamente han perdido la vergüenza, el decoro y la ética, y ya no tienen ninguna careta a la hora buscar por todos los medios el control absoluto del Ayuntamiento y evitar cualquier atisbo de transparencia, marca de este PSOE, lo que solo enseña un miedo atroz a que se conozca dónde se han gastado el dinero público en los últimos años», señaló Domínguez, antes de completar: «Desde CC vamos a llegar hasta el final con esto, porque estamos ante un asalto y secuestro total de la democracia en el Ayuntamiento de La Laguna».
Uno de los socios de gobierno, Rubens Ascanio (Unidas), defendió que «es una situación inviable mantener un secretario en un municipio de más de 160.000 habitantes a tiempo parcial, más aún con un proceso electoral por delante que requiere máxima atención, por su complejidad. Esta responsabilidad compartida tenía una duración determinada y ha concluido, avalada por los informes técnicos correspondientes». También expuso: «Ya pasó en anteriores mandatos donde hubo secretarías de Pleno compartidas, con Tacoronte, por ejemplo, y fue inviable mantenerlas en el tiempo». Junto a ello manifestó que el funcionario renunció a la plaza.
El concejal de Ciudadanos (Cs) y miembro de la candidatura lagunera del Partido Popular (PP) a las próximas elecciones, Juan Antonio Molina, opinó que «es un despropósito que se ponga en jaque la independencia de los funcionarios de nuestro Ayuntamiento», y prosiguió: «No han sido pocas las veces en la que los miembros del grupo de gobierno han utilizado a los propios funcionarios como escudo de su nefasta gestión como políticos, pero ahora, cuando alguien como nuestro secretario general del Pleno es metódico con ellos y les exige una gestión coherente y transparente, no tardan en limitar sus funciones y, una vez más, retroceder en los derechos de nuestros ciudadanos».
Molina indicó que en los días anteriores ha manifestado el «rechazo a la situación y tratamiento recibidos por este funcionario y, sinceramente, ya es hora de poder disponer de un Ayuntamiento en el que la gestión eficiente sea la clave, así como políticos con capacidad tanto intelectual como social a la altura de este municipio». Y agregó: «Exigimos inmediatamente explicaciones por esta decisión que supone un retroceso manifiesto en transparencia y en el desarrollo jurídicamente correcto de este Consistorio».
Desde que el funcionario llegó a la Casa de los Capitanes hasta su salida ha emitido varios informes contundentes y contrarios a los intereses del gobierno. Además, se han producido al menos dos momentos inusuales en los plenos. En la sesión plenaria del 9 de febrero, el concejal Santiago Pérez (PSOE y Avante) cargó contra él. «No se puede argumentar jurídicamente con brocha gorda», reprochó en una intervención. En una posterior sesión plenaria, y solicitado el criterio del funcionario desde la bancada de la oposición, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, no lo permitió.
Fraccionamiento de 32 contratos. Entre los principales informes del secretario está el documento en el que denuncia que el Ayuntamiento lagunero fracciona contratos de manera ilegal para adjudicarlos a dedo y evitar sacarlos a concurso público. En él también se acusa al equipo de Luis Yeray Gutiérrez de abonar por cada uno de ellos más dinero del permitido y de ocultarle los decretos por los que se aprueban. En un informe fechado el 12 de diciembre, apunta que había detectado esta práctica irregular durante este mandato –desde 2019– en al menos 32 contratos menores con nueve empresas para el suministro de servicios como actividades sociales de dinamización, compra de mascarillas, teleasistencia o transporte de personas con movilidad reducida. La suma total de los mencionados contratos supera los 500.000 euros.
Más contratos ‘a dedo’. Un segundo informe en la misma línea del anteriormente referido, con fecha del 30 de enero, pone el foco en otros 196 contratos. El secretario del Pleno concluye que los 228 contratos menores totales (32 y 196) debieron ser adjudicados previo concurso público en el que cualquier contratista con capacidad y solvencia pudiera realizar una oferta y no solo los elegidos de forma directa por muchas de las áreas del gobierno de La Laguna. También resuelve que la mayoría superó los 15.000 euros que fija la ley como tope para este tipo de contrataciones de servicios.
Nombramiento de Julio Cruz. Mención aparte merece su pronunciamiento sobre el nombramiento a dedo por parte del gobierno de La Laguna del exsenador y exdiputado socialista Julio Cruz como director del área de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento lagunero. Según el criterio del funcionario, ese trámite es «nulo de pleno derecho». Esto concluye Octavio Fernández en un informe firmado el 30 de noviembre. En este caso, el secretario del Pleno exigía que se anulase de oficio por la vía administrativa la incorporación de Cruz por su ilegalidad y se sacase el puesto a convocatoria pública. El grupo de gobierno ha defendido la actuación realizada, si bien posteriormente ha sacado a concurso la plaza, cuyo procedimiento se encuentra en marcha.
