Entrevista | Luis Yeray Gutiérrez Alcalde de La Laguna

«Todos los contratos menores cuentan con informes favorables de la intervención y los servicios jurídicos»

«El secretario del pleno no tiene competencias en las contrataciones, solo en asuntos del pleno», afirma el alcalde de La Laguna

Imagen de archivo de Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna.

Imagen de archivo de Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna. / Andrés Gutiérrez

Daniel Millet

Daniel Millet

El alcalde lagunero habla de la proliferación de contratos menores en su Gobierno, denunciada por el secretario del pleno y que ha generado una causa judicial y una comisión de investigación.

El secretario del pleno del Ayuntamiento de La Laguna, Octavio Fernández, ha declarado nulos 228 contratos menores adjudicados por el Gobierno que usted preside. Asegura que incumplen la ley de contratos públicos. ¿Qué tiene que decir?

El secretario técnico del Ayuntamiento es el funcionario competente en materia de contratación, no el secretario del pleno, competente únicamente en materias que se dirimen en los plenos. Se está intentando utilizar un informe que no es vinculante del secretario del pleno para hablar sobre competencias que no tiene atribuidas en un municipio de gran población.

Pero la Ley de Bases de Régimen Local ampara los informes del secretario del pleno cuando los solicitan al menos la cuarta parte de los concejales.

El secretario del pleno no es uno de los principales fiscalizadores del Ayuntamiento. No tiene ningún tipo de competencia en las contrataciones. Solo puede abordar cuestiones que se debaten en el pleno. Entonces ¿para qué existe la máxima figura del secretario técnico? El secretario técnico informa de los contratos y la Intervención, de la cuantificación económica. Hay tres informes del secretario técnico en los que le dice al secretario del pleno que está informando sobre competencias que no tiene.

En cualquier caso, el alto funcionario, habilitado nacional, asegura que incumplen la ley y deben revisarse esos contratos.

De los informes del secretario del pleno solo tengo información de lo que ha sacado su medio de comunicación. No le he solicitado informes porque no es el órgano competente. Me he enterado porque Coalición Canaria los ha hecho públicos en los medios. No tenemos esos informes porque no tenemos por qué tenerlos.

Irregularidades hubo en los dos anteriores mandatos; yo no he levantado ni un solo reparo

¿Qué opina sobre su afirmación de que contravienen la ley?

En los cuatro años que llevo como alcalde no hay ninguna contratación de servicios de ningún área con un informe negativo. Todas las contrataciones de todos los órganos tienen informes favorables del secretario técnico y la Intervención, que son los principales órganos de fiscalización. Por tanto, cumplen con la ley. Todos los contratos menores, el cien por cien, cuentan con informes favorables de los responsables de las áreas, la Intervención y los servicios jurídicos municipales.

Según el secretario del pleno, se fraccionan contratos mayores en menores, con lo que se adjudican de forma directa, a dedo, y por cantidades que superan el tope de 15.000 euros.

Coalición Canaria dice que hay contrataciones a dedo. Las contrataciones a dedo no existen en las administraciones. ¿Por qué? Porque siguen unos pasos establecidos por la ley, como los informes técnicos y jurídicos, los económicos y los de un órgano tan importante como la Intervención. No entiendo dónde saca Coalición Canaria que existen irregularidades. Sí había irregularidades en los dos mandatos anteriores [CC estaba al frente del Gobierno municipal]. Lo digo porque sí existían informes de advertencias de irregularidades y de concatenación de contratos bajo el mismo concepto. Y fueron solventados una y otra vez por los alcaldes y concejales con levantamientos de reparos. Eso sí que es una irregularidad manifiesta.

Según este alto funcionario, en este mandato se contabilizan decenas de adjudicaciones menores por el mismo concepto. La ley es clara al respecto.

Hay que mirar los conceptos. No es lo mismo una fiesta en la Punta del Hidalgo que una fiesta en Taco; no es lo mismo una actividad de dinamización en el centro de la ciudad que en El Batán. Si tengo un límite 14.999 euros más IGIC, lo cumplo. Si no puedo contratar el mismo servicio a la misma empresa, lo cumplo. Nosotros hemos hecho las contrataciones con diferentes objetivos y no ha habido fraccionamiento. Sabemos perfectamente lo que dice la ley.

¿No sería mejor que se hiciera un contrato mayor previo concurso público para que optaran otras empresas?

Sería magnífico que pudiéramos hacerlo con todos los servicios. Pero ahora mismo el Ayuntamiento no tiene el nivel de personal que precisa para irnos a esos contratos mayores. Es materialmente imposible. Conforme a derecho, tenemos que sacar adelante la contratación de servicios a empresas.

El secretario del pleno no tiene competencias en las contrataciones, solo en asuntos del pleno

Tres socios han recibido a través de varias sociedades 373 contratos menores por 1,2 millones entre 2019 y 2022.

Todos esos contratos tienen informes favorables, como los demás. Otra cosa es intentar buscar cuestiones donde no las hay. Yo también puedo opinar sobre el sexo de los ángeles. Soy el único alcalde –que yo sepa– de toda Canarias que no ha levantado ni un solo reparo. Y cuando digan que hemos cambiado la fiscalización previa a fiscalización previa limitada aclaro que lo hizo en 2016 el grupo de Coalición Canaria. Cuando nosotros llegamos, impulsamos esta propuesta. Lo que hace la fiscalización previa limitada es fiscalizar en el ámbito económico, jurídico y de contraprestación del servicio. El propio interventor de entonces nos dijo que la fiscalización previa limitada es la que se estaba impulsando en todos los ayuntamientos, porque agiliza los trámites de contratación, pero eso no supone que se dejen de fiscalizar los contratos.

Han dimitido el presidente, Manuel Gómez, y el secretario, Roberto de la Rosa, de la comisión de investigación del Ayuntamiento sobre los contratos menores. ¿Qué ha ocurrido?

Manolo Gómez [concejal del Partido Popular que dimitió como presidente de la comisión de investigación de los contratos menores el pasado 19 de enero] me dijo que se iba de la comisión porque se han filtrado documentos que debían circunscribirse a la propia comisión, porque si no se podría vulnerar la ley de protección de datos. Ya se había filtrado el primer informe sin llegarse a un dictamen.

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