El secretario del pleno declara nulos 228 contratos ‘a dedo’ por más de 2,6 millones

El secretario general del pleno del Ayuntamiento de La Laguna, Octavio Hernández, declara nulos de pleno derecho 228 contratos menores adjudicados por el Gobierno lagunero entre 2019 y 2021 que suman un montante de más de 2,6 millones de euros. Hernández, uno de los principales fiscalizadores de la actividad del Consistorio, ordena además la revisión de oficio de estos contratos, adjudicados a dedo sin que otras empresas pudieran optar a estas prestaciones, al incumplir la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Octavio Hernández declara la nulidad de estas contrataciones en dos informes, uno firmado el 12 de diciembre y que afecta a 32 adjudicaciones y otro del 30 de enero con 196. El secretario del pleno concluye que estos 228 contratos menores debieron ser adjudicados previo concurso público en el que cualquier contratista con capacidad y solvencia pudiera realizar una oferta y no solo los elegidos de forma directa por muchas de las áreas del Gobierno de La Laguna. También resuelve que la mayoría superó los 15.000 euros que fija la ley como tope para este tipo de contrataciones de servicios.

Anticorrupción fiscaliza centenares de contratos ‘a dedo’ del Gobierno lagunero

En el listado del habilitado nacional figuran adjudicaciones del ‘caso Laycas’

Los decretos de adjudicación están firmados desde la llegada del grupo de gobierno de PSOE, Unidas se puede y Avante por los responsables de la mayoría de las concejalías de La Laguna: Alcaldía, Servicios Públicos, Cultura, Fiestas, Mercado, Comercio, Deportes o Participación Ciudadana. Abarcan un amplísimo catálogo de servicios, desde el suministro de pintura, la organización de campamentos de verano y la vigilancia del Mercado municipal hasta fiestas –como las del Cristo y las Navidades– y actividades culturales.

Otros servicios son la organización de ferias, externalización de comunicación y redes sociales, compra de mascarillas, instalación de energía fotovoltaica, azafatas para actos culturales, colocación de sistemas de seguridad en los colegios o actividades sociales.

Fraccionamiento de contratos

Octavio Hernández resuelve en los dos informes que la fórmula elegida por el Gobierno municipal de La Laguna para encargar estos servicios entre 2019 y 2021 supone un fraccionamiento de contratos mayores –se tienen que sacar a concurso público para elegir la oferta más favorable– en decenas de contratos menores –se adjudican a dedo sin concurrir otras ofertas– en los que se repiten los fines y las empresas adjudicatarias. Además, se encargan sin dar oportunidad a otras empresas a acceder a esas prestaciones y sin los pertinentes controles de fiscalización. Es lo que trata de evitar la ley española de contratos públicos, que defiende la máxima transparencia, la libre concurrencia y la publicidad para propiciar la competencia empresarial.

La anulación de estas 228 adjudicaciones a dedo por parte del secretario del pleno, habilitado nacional y autoridad de primer orden en el control administrativo municipal, llega en un momento en el que la proliferación de esta práctica por parte del Gobierno de PSOE, Unidas se puede y Avante se ha situado en el centro de la actividad del Ayuntamiento. Hay abiertas dos investigaciones, una por el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna y otra por el Tribunal de Cuentas nacional, por presuntas irregularidades del Gobierno lagunero en el uso reiterado de esta fórmula y sus repercusiones en la gestión económica.

El secretario del pleno ordena revisar estos contratos y que salgan a concurso para que opten otras empresas

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento realiza sus propias averiguaciones sobre esta práctica a través de una comisión de investigación constituida el 30 de junio del año pasado ante las críticas de la oposición. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, rechazó en mayo que haya irregularidades, aseguró que estos contratos cuentan con informes favorables y anunció la comisión de investigación para que analice este tipo de adjudicaciones desde 2011. En el pleno del pasado 9 de diciembre, el Ayuntamiento aprobó la prórroga de los trabajos de esta comisión por cuatro meses.

Comisión de investigación

Con posterioridad a esta prórroga dimitieron dos de sus principales miembros. El 17 de enero renunció el secretario delegado, el técnico de administración general Roberto de la Rosa, que supervisa la actividad de la comisión. Dos días después, el 19 de enero, la abandonó su presidente, el concejal del PP Manuel Gómez. El 1 de febrero, el alcalde aclaró que la Comisión Plenaria de Investigación de Contratos Menores 2011-2021 continuará con otro concejal al frente tras la renuncia de Gómez. La salida del líder de los conservadores laguneros situaba como máximo responsable del órgano a Luis Yeray Gutiérrez, pero el alcalde anunció que no asumirá esa función, sino que se designará a otro edil.

El proceso judicial

En el proceso judicial, la Fiscalía Anticorrupción fiscaliza centenares de contratos a dedo aprobados por el Gobierno de La Laguna tras la llegada en 2019 del grupo formado por PSOE, Unidas se puede y Avante. Las averiguaciones de Anticorrupción se desarrollan en el marco de las diligencias del caso Laycas. María Celia Blanco, jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, abrió diligencias sobre una presunta trama de adjudicación de contratos menores con dinero público a familiares y amigos de los responsables municipales investigados que denunció en mayo de 2021 el concejal no adscrito de La Laguna Alfredo Gómez.

Por estas pesquisas están imputados el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y tres miembros de su actual equipo de gobierno: Yaiza López (Cultura), Carla Cabrera (Mercados y Presidencia) y Badel Albelo (Seguridad y Fiestas). También figura en la lista de investigados el exedil Alejandro Marrero, que dimitió el 22 de noviembre al verse involucrado en un accidente de tráfico con un coche oficial. Se les imputan los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y gestión interesada.

En el caso del Tribunal de Cuentas, este órgano y su fiscalía investigan presuntas irregularidades en la gestión económica del Teatro Leal. El órgano supremo fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector público español ha abierto diligencias al observar indicios de irregularidades en la denuncia presentada por el grupo lagunero de Coalición Canaria. Indaga el destino del dinero obtenido por la venta de entradas en los espectáculos celebrados desde julio de 2019, cuando comienza la andadura del Gobierno de Luis Yeray Gutiérrez, en el principal recinto cultural del municipio. También estudia los contratos del control de la taquilla.

Un número importante de contratos menores que investigan la Justicia en el caso Laycas y el Tribunal de Cuentas en el caso de las taquillas del Leal aparecen en el listado que el secretario del pleno declaró como nulos. También figuran 36 de las 373 adjudicaciones a dedo a la red societaria de tres socios dedicados a la cultura y los espectáculos de Tenerife que percibieron más de 1,2 millones de euros del Ayuntamiento de La Laguna entre 2019 y 2022. De las seis sociedades que facturaron los servicios de esta red, cuatro fueron creadas pocos meses después de la llegada del equipo de gobierno lagunero de PSOE, Unidas se puede y Avante.

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