Otro edil sustituirá a Manuel Gómez al frente de la comisión de los contratos menores de La Laguna

La Comisión Plenaria de Investigación de Contratos Menores 2011-2021 del Ayuntamiento de La Laguna continuará con un concejal al frente tras la renuncia de su anterior presidente, Manuel Gómez (PP). La salida del líder de los conservadores laguneros situaba como máximo responsable del órgano al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, que ayer anunció que no asumirá esa función, sino que se designará a otro edil para que sustituya a Gómez.

«Es una comisión en la que he dicho desde el principio que nosotros no tenemos ningún tipo de cuestión que ocultar, todo lo contrario», expresó Gutiérrez, antes de indicar que buscará «el concejal o la concejala que quiera estar al frente de esta comisión». Asimismo, el líder socialista consideró que este órgano «ha salido mal por el empecinamiento de una formación política que ha hecho públicos documentos internos de la propia comisión».

Planteó el regidor local que, «una vez que ha dimitido el hasta ahora representante de la misma, que sus motivos ya han sido públicos y conocidos por todos», hay que continuar «lo antes posible» con la labor que se venía realizando. Y apostilló: «Y, por supuesto, reiterando la obligación de cada uno de los miembros de esa comisión de mantener el secreto». Y es que, a su juicio, es incompatible realizar un «trabajo serio» mientras hay «resoluciones que automáticamente son filtradas a los medios de comunicación, porque, por tanto, estamos haciendo mal uso de esa comisión, que nace desde el principio mal».

Estas manifestaciones llegaron un día después de que Manuel Gómez confirmase su renuncia. Se trata de un paso que tomó molesto por el movimiento realizado por miembros de ese órgano al dirigir un escrito sobre algunos expedientes al secretario general del Pleno y ante el informe emitido después por este. «Yo creo que ahí se han saltado los pasos que la Comisión debía tener», lamentó. «Ahora el presidente es el alcalde y el secretario vuelve a ser el secretario del Pleno, que delegará funciones en otro o no», detalló el concejal. En cuanto al cambio de secretario del órgano de investigación, se produce después de que ese funcionario también haya renunciado, según afirmó el líder del PP de La Laguna.

«Yo tengo delegadas las competencias por parte del alcalde y el secretario de la Comisión las tiene por el secretario del Pleno. Entonces vemos que son los mismos expedientes y él [el secretario del Pleno] emite un informe, y ese informe ellos lo pueden pedir, pero yo creo que no es la forma porque nosotros ya estamos estudiando este tema», dijo Manuel Gómez sobre la razón de su marcha.

El informe del secretario

Gómez alude al documento en el que el citado funcionario denuncia que el Gobierno municipal fracciona contratos de manera ilegal para adjudicarlos a dedo y evitar sacarlos a concurso público. Ese escrito también acusa al equipo del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, de abonar por cada uno de esos acuerdos más dinero del permitido y de ocultarle al secretario los decretos por los que se aprueban. Octavio Fernández lo expone en un informe en el que explica que ha detectado esta práctica irregular durante este mandato en al menos 32 contratos menores con nueve empresas para el suministro de servicios como actividades sociales de dinamización, compra de mascarillas, teleasistencia o transporte de personas con movilidad reducida. La suma total de los contratos supera los 500.000 euros.

El ‘caso Laycas’

La Comisión de Investigación de Contratos Menores deriva del caso Laycas. Y es que el anuncio de ese órgano fue el golpe de efecto que intentó el grupo de gobierno para defender su actuación cuando se conoció en mayo de 2021 que el hoy concejal no adscrito, Alfredo Gómez, había formulado una denuncia sobre presuntas ilegalidades de contratos.

Ese caso es una presunta trama de adjudicación de contratos menores con dinero público a familiares y amigos de los responsables municipales investigados. La denuncia abarca más de un centenar de acuerdos por los que el Ayuntamiento se gastó una cantidad superior al millón de euros. Se les investiga por los presuntos delitos de prevaricación –aprobar resoluciones a sabiendas de que son injustas–, malversación de caudales públicos –administración desleal de recursos públicos–, gestión interesada –aprovechar las funciones públicas para un interés particular–, cohecho –soborno– y falsificación documental.

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