La fiscalía investiga irregularidades en la gestión de las actividades del Teatro Leal

La fiscalía investiga presuntas irregularidades en la gestión económica del Teatro Leal por parte del Gobierno de La Laguna. El Tribunal de Cuentas, el órgano supremo fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector público español, ha abierto diligencias al observar indicios de ilegalidades en la denuncia presentada por el grupo lagunero de Coalición Canaria. El tribunal indaga el destino del dinero obtenido por la venta de entradas en los diferentes espectáculos celebrados desde julio de 2019, fecha en la que comienza la andadura del Gobierno local de Luis Yeray Gutiérrez, en el principal recinto cultural del municipio.

La denuncia asegura que el dinero obtenido por la venta de las entradas del Leal no ha sido ingresado al Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), dependiente del Ayuntamiento y responsable de la gestión del teatro, como mandan los contratos de gestión de las taquillas. También expone que el procedimiento de las adjudicaciones del servicio de venta de entradas es inadecuado y por tanto nulo, así como la carencia de un control adecuado sobre este servicio y que el Gobierno lagunero y el OAAM obstaculizan el derecho fundamental de la oposición a obtener información para fiscalizar la gestión municipal.

El Tribunal de Cuentas ha dado traslado de la amplia documentación presentada a su ministerio público. Lo señala en una diligencia de ordenación fechada el pasado miércoles. La fiscalía investiga si se han podido cometer los delitos de malversación de caudales públicos –administración indebida del patrimonio público–, exacción ilegal –exigir derechos o tarifas de forma indebida–, minoración de ingresos públicos –reducción indebida de una tasa o cuota– y negociaciones prohibidas a funcionarios o autoridades públicas.

El caso orbita sobre el «desgobierno», como apunta la denuncia que ha llevado al Tribunal de Cuentas a abrir estas diligencias, en la forma en que el Ayuntamiento y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales manejan el dinero público que generan las actividades del Leal desde la llegada del Gobierno local de PSOE, Unidas se Puede y Avante en junio de 2019, tanto de gastos como de ingresos. Según los informes que analiza el máximo tribunal fiscalizador y su ministerio público, ya no se contrata la mayoría de actividades culturales bajo un sistema de precios públicos, ni por lo tanto se aprueba periódicamente una memoria económica-financiera de previsión de ingresos y gastos.

El órgano fiscalizador abre diligencias por malversación y negociaciones prohibidas

En especial, el grupo nacionalista se pregunta cuál es el destino del dinero obtenido en las taquillas. Para los denunciantes, los concejales de Coalición Canaria Jonathan Domínguez y Francisco José Hernández, queda evidenciado que desde julio de 2019 hasta al menos julio de 2022, los ingresos que deben hacerse por contrato a la cuenta habilitada para las taquillas del Leal suman solo 755 euros, es decir, no ha habido prácticamente movimientos desde la fecha señalada.

Este hecho, acreditado por un informe de la Tesorería municipal, contradice «gravemente» lo que disponen los contratos de la gestión de venta de localidades de los años 2020 a 2022. Antes de 2019, con un sistema de precios públicos, el Organismo Autónomo sí recibió ingresos en la cuenta por las entradas de las actividades escénicas: 144.992 euros en 2015 y 2016, y 130.028 euros entre 2017 y 2019.

Tras reiteradas peticiones de información, muchas desatendidas, el OAAM ha explicado que la recaudación de la taquilla va para los artistas pues es su caché. Sin embargo, para los denunciantes es «evidente» que el OAAM se hace cargo del abono de los cachés de los artistas y en muchas ocasiones de los gastos de organización con fondos de los presupuestos municipales, no de los ingresos en las taquillas.

A la vista de la ausencia de memoria económico-financiera de los ingresos y gastos del Teatro Leal desde julio de 2019 y de la ausencia de aprobación de los precios públicos, los ediles nacionalistas trasladaron primero el caso a la Audiencia de Cuentas de Canarias. El organismo fiscalizador regional contestó el 28 de octubre. Concluye que hay que efectuar un seguimiento de estos hechos y contacta con la Intervención del Ayuntamiento –uno de los órganos fiscalizadores municipales– para trasladarle las indicaciones de que se tramite el correspondiente expediente de contratación indirecta a las empresas privadas y la aprobación en el pleno de la contraprestación a percibir por este servicio de gestión de las entradas.

Es a continuación cuando el grupo lagunero de CC eleva la documentación al Tribunal de Cuentas, que ha abierto diligencias y ha pedido a su fiscalía, al representante legal del Ayuntamiento lagunero y a los ejercitantes de la acción pública que en el plazo de cinco días (cuenta desde el pasado miércoles día 11) aleguen lo que a su derecho convenga sobre este caso.

Después de mucho insistir, el Organismo Autónomo de Actividades Musicales contestó a los requerimientos de información, aunque siempre de forma incompleta, según los denunciantes. Alega que utiliza tres modelos para la gestión económica de las actividades del Leal. El de precio público, que considera el «más ortodoxo»; es decir, se contrata a una compañía, se pone precio a las entradas, se lleva a aprobación de la Junta de la OAAM y se fiscaliza por parte de la Intervención. También utiliza el sistema de producción externa: se cede el teatro al artista y la productora asume todos los gastos y la recaudación. Y, por último, el método de producción combinada: se contacta con el artista, se le ofrece la recaudación y se pacta qué gastos asume la OAAM y cuáles el artista. El Organismo reitera que, bajo su nuevo modelo, la recaudación es siempre para el artista.

El organismo que gestiona el Teatro Leal defiende que el sistema «ha permitido tener cuatro o cinco veces más actividad cultural que el resto de teatros de Canarias con un presupuesto exiguo, porque son los artistas y las productoras las que asumen el riesgo de una recaudación con precios inferiores a los del mercado». Y responde sobre la negativa a entregar documentación que la relación entre la empresa de taquillaje y los artistas o las productoras están amparadas por la Ley de Protección de Datos.

En la cuenta del organismo que lleva el teatro solo hay 755 euros, según la denuncia de CC

Los denunciantes, sin embargo, defienden que no hay constancia del establecimiento de pactos para el abono de los gastos, y lo que sí consta es que el Ayuntamiento se hace cargo de ellos, incluidos los del caché de los artistas. No se justifica por tanto el destino de lo recaudado ni se dan explicaciones sobre el hecho de que la cuenta del OAAM no haya recibido ingresos por la venta de entradas. Además, concluye que no consta procedimiento de adjudicación ni contrato alguno con las empresas que llevan este servicio de forma online, bajo un modelo que no considere los precios públicos.

Todo esto ocurre, según el escrito de 811 páginas, en un contexto de «ausencia de control financiero» no solo del Leal, sino de gran parte de la actividad municipal, con un informe del secretario del pleno del pasado 12 de diciembre que alerta del fraccionamiento ilegal de contratos y con una investigación judicial –caso Laycas– por una presunta trama de adjudicación de contratos menores con dinero público a familiares y amigos de los responsables municipales investigados: el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; y los miembros de su equipo de Gobierno Yaiza López, Badel Albelo y Carla Cabrera. También está investigado Alejandro Marrero, concejal que dimitió el 22 de noviembre al verse involucrado en un accidente de tráfico con un coche oficial.

La denuncia al Tribunal de Cuentas asegura que el tipo de fiscalización elegida por los responsables del Consistorio lagunero desde 2019 –fiscalización previa limitada–, con la intención de agilizar la actividad municipal, hace que queden excluidos de los informes previos de Intervención cientos de expedientes y contratos menores. Tampoco constan las auditorías anuales desde 2019 ni el Gobierno local ha incorporado a los habilitados nacionales para poder desarrollar el control que exige la ley, como advirtió una interventora municipal en un pleno y el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Santa Cruz de Tenerife en una carta enviada al alcalde.

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