El Pleno lagunero prorroga cuatro meses la investigación de los contratos menores

Acuerda por unanimidad ampliar el plazo de la comisión surgida tras la denuncia del ‘caso Laycas’ | Malestar de Coalición Canaria y Ciudadanos con la marcha del órgano

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó ayer por unanimidad una prórroga de cuatro meses para la Comisión Plenaria de Investigación de Contratos Menores 2011-2021. Se trata de una propuesta del presidente de este órgano, Manuel Gómez (PP), para que pueda continuar con su labor una vez vencido el plazo, y después de que apenas hayan trascendido novedades desde que se produjo su aprobación.

El punto plenario, abordado al inicio de la sesión, fue despachado sin debate. «Es solo aprobar una prórroga de otros cuatro meses», aclaró Gómez al ser preguntado al respecto, y rehusó manifestarse sobre otros detalles al tratarse de una comisión de investigación. Tampoco se pronunciaron desde el grupo de gobierno al pedirles datos sobre el órgano. Cabe recordar que este surgió tras conocerse la denuncia que el hoy concejal no adscrito, Alfredo Gómez, presentó sobre presuntas ilegalidades de contratos formalizados por el Consistorio, el denominado caso Laycas.

Aquel día, en mayo de 2021, el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, envió un comunicado en el que, entre otros aspectos, anunció que en el siguiente pleno propondría la constitución de una comisión especial de investigación «con la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el pleno, para analizar de manera rigurosa cuáles son y han sido hasta ahora los procesos de contratación de esta administración, en un marco temporal amplio, que abarque las contrataciones públicas realizadas en la última década». La propuesta acabó siendo aprobada por unanimidad el 10 de junio de 2021, mientras que fue el 30 de junio de este año cuando se constituyó la Comisión.

El camino desde entonces, a entender de Coalición Canaria (CC) y Ciudadanos (Cs), no ha sido lo provechoso que cabría esperar. «Los primeros años que se están empezando a analizar son 2020 y 2021. Esto no está caminando nada», lamentó Francisco José Hernández, uno de los miembros de CC en el órgano. Se quejó sobre todo de la demora para convocar las reuniones. «Manolo no está cumpliendo su responsabilidad como presidente de la Comisión. Es él el que debe convocar y el que debe velar por el cumplimiento de lo acordado», apuntó, antes de considerar que Gómez también debe requerir la entrega de expedientes solicitados y no recibidos.

A la espera de decretos

Desde el mes siguiente a la denuncia del caso Laycas, Coalición Canaria no ha recibido los decretos que ha solicitado, «que es obligatorio». Así lo aseguró Hernández, que expuso que, ante ese escenario, están barajando la presentación de un contencioso-administrativo o acudir a la vía penal.

«No sé si el gobierno le está diciendo algo o no, pero convócalas que es tu obligación y tu responsabilidad como presidente. Y, si no, renuncia y ya está», dijo el edil nacionalista en dirección a Manuel Gómez y en referencia a la convocatoria de la Comisión. A su juicio, el grupo de gobierno «está claramente boicoteando el buen desarrollo» del citado órgano.

El portavoz de Cs, Juan Antonio Molina, también mostró su malestar. «En la última reunión no vino nadie del grupo de gobierno aludiendo supuestamente estar en desacuerdo con el reparto de los porcentajes de voto; unos porcentajes que, según mi criterio, son iguales a los de las comisiones plenarias», planteó, antes de añadir: «Con lo cual parece que ya se comienza con la voluntad de torpedear el proceso».

«Sigo pensando lo mismo que dije en la primera reunión: que esta comisión acabará sin resultados de valor y que tiene más pinta de ser un instrumento para otras cosas que realmente un lugar de investigación», expresó Molina, que cifró en aproximadamente cinco los encuentros. «Aquí cada partido tira para lo suyo: CC, centrado en los últimos años y el gobierno, en los anteriores, como si no fuera también el PSOE el que gobernaba...», apuntó sin querer tampoco entrar en decisiones internas en aras de la confidencialidad. «¿El avance? Casi inexistente. Ha sido una lucha constante solo para convocar las reuniones», indicó.

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El pleno de este viernes se desarrolló sin decisiones de gran entidad. Uno de los puntos que sobresalió, pese a su aire algo técnico, fue la moción para el cumplimiento del acuerdo plenario sobre la legalidad en el establecimiento de la zona de bajas emisiones. Propuesto por Juan Antonio Molina (Cs), y previa enmienda, salió adelante un acuerdo unánime para impulsar estas medidas. El concejal de Medio Ambiente, José Luis Hernández (Unidas), dio el visto bueno a informar a los partidos, celebrar reuniones vecinales y, en general, impulsar la acción. | D.R.

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