El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó ayer –por dos veces– instar al Gobierno de Canarias a que el proyecto del desdoblamiento de la autopista del Norte (TF-5) sea paralizado. Fue el acuerdo central del pleno ordinario, que seguía a una sesión extraordinaria en materia urbanística, y motivó la división del voto del grupo de gobierno: el Partido Socialista (PSOE) y Avante se mantuvieron en su defensa de la obra, mientras que Unidas se Puede optó por oponerse. Esta actuación, también denominada variante o baipás, consiste en una autopista que bordea el Aeropuerto Tenerife Norte desde Guamasa hasta Lora y Tamayo.
¿Y por qué dos acuerdos sobre lo mismo? El orden del día incorporaba una moción de Juan Antonio Molina (Cs) «para la protección y defensa de los derechos de los afectados por la variante de la TF-5» y otra de Jonathan Domínguez (CC) para «instar al Gobierno de Canarias a la paralización del proyecto de desdoblamiento de la TF-5 y a la priorización de medios técnicos y recursos económicos en la creación del carril bus-VAO en la misma autopista». Parecidas pero diferentes las iniciativas, los partidos con presencia en el salón de plenos optaron por tratarlas por separado. Y ocurrió que una enmienda de Unidas convirtió el primer asunto en un calco del otro. Prosperó aquella con los votos de la propia Unidas y de Coalición Canaria (CC).
Cuando se iba a tratar el punto siguiente, Domínguez planteó retirarlo por la proximidad con lo anteriormente abordado. Entonces, Santiago Pérez (PSOE y Avante) se enfadó. Expresó que iba a presentar una enmienda y que, de no poder mostrar su postura, quedaría en indefensión tras no haberlo hecho previamente por ajustarse al contenido de la moción, distante de lo que al final se trató. Fue por ello que el otro punto también se acabó debatiendo. Y el resultado fue el mismo: acuerdo para pedir que el proyecto sea frenado.
De fondo, muchas claves y, sobre todo, la preocupación de los vecinos ante la demolición de sus hogares. Ascanio recordó que se producirían más de 200 expropiaciones, así como que el coste de la actuación se estima en el entorno de los 400 millones de euros. Se da la circunstancia de que el líder de Unidas se Puede y primer teniente de alcalde se mostró en su etapa en la oposición rotundo en contra del proyecto (llegó a decir en un artículo en 2016 que aquello estaba pensado «para políticos adictos al piche y algunas grandes empresas constructoras necesitadas de fondos públicos, no para las miles de personas que de verdad sufren las colas cada día»), para pasar a estar a favor a comienzos de este mandato, después modular su postura y pedir que se ampliase el plazo de alegaciones, y ayer, de nuevo, volver al rechazo sin ambages.
También intervino su compañero de bancada José Luis Hernández. Este otro edil, que siempre se ha mantenido en la misma postura, apuntó que se trata de una acción contraria a acuerdos verdes adoptados durante el mandato y una obra «imposible de asumir» desde el punto de vista económico. «Ahora estaríamos hablando del doble», manifestó sobre el incremento de los precios.
De resto, más oposición al desdoblamiento. Cs, PP y CC mostraron su rechazo y pusieron de relieve la angustia de las posibles expropiaciones, mientras que el PSOE intervino al final de la primera de las dos mociones para, sin censurar la iniciativa, indicar que defienden la «protección de los derechos» de los afectados. En el segundo punto llamó la atención que Santiago Pérez admitiese que la variante no resolverá el problema del tráfico en la Isla y que, en todo caso, producirá un alivio temporal. Dijo, no obstante, que es necesaria como paso para llegar a la solución.
