El secretario general del pleno, el funcionario de mayor rango del Ayuntamiento de La Laguna, exige a la Gerencia de Urbanismo que abra el expediente sancionador al alcalde de La Laguna por unas obras ilegales e ilegalizables en su casa que Luis Yeray Gutiérrez ha comenzado a demoler. Octavio Fernández lo pide para el primer edil y el resto de vecinos a los que se haya abierto un procedimiento por infracciones urbanísticas.
En un informe firmado el pasado viernes día 21, el secretario general del pleno desacredita la instrucción de 2020 que utilizó el área de Urbanismo, que dirige Santiago Pérez, para justificar su decisión de aparcar el expediente sancionador a la casa de Luis Yeray Gutiérrez y su pareja, Yaiza López, concejala de Cultura de La Laguna, al considerarlo «no prioritario».
Octavio Hernández concluye en el escrito que según la legislación básica nacional y regional «no cabe excepcionar por ninguna norma interna, por la cuantía o por el tamaño de las obras mayores o menores, la aplicación de la potestad sancionadora en las denuncias por infracciones urbanísticas».
«Todas deben ser objeto de tramitación y, además, con carácter preferente y urgente», subraya el secretario general del pleno, principal garante de la legalidad en el Consistorio, quien alerta que de no ser así todas terminarían prescribiendo y se dejarían de aplicar las multas con las que se busca garantizar el cumplimiento de la disciplina urbanística, independientemente de que las actuaciones sean legalizadas o no.
La Gerencia de Urbanismo de La Laguna anunció a principios de mes que había congelado el expediente sancionador al alcalde por la actuación urbanística en su vivienda. El área del Ayuntamiento lagunero justifica en un informe que no ha abierto el procedimiento sancionador por falta de personal, al considerarlo «no prioritario».
Inspección de Urbanismo
El procedimiento sancionador es la consecuencia del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística abierto por la Gerencia a la casa de Luis Yeray Gutiérrez en febrero. Los técnicos concluyeron entonces, tras una inspección, que el alcalde y su pareja, Yaiza López, construyeron un cerramiento de balcón en su casa «sin licencia o título habilitante». La Gerencia dio por acreditado que la actuación es «ilegal e ilegalizable».
La jefa de Servicio de Urbanismo aclaró que no se ha iniciado en ocho meses el procedimiento sancionador al alcalde amparándose en la mencionada instrucción interna del 1 de septiembre de 2020 que establece los criterios de dirección en la política de disciplina urbanística de la Gerencia que dirige Santiago Pérez, que sirven de base para la asignación de prioridades en la apertura y tramitación de procedimientos de establecimiento de la legalidad o sancionadores.
La funcionaria explica que la Gerencia resolvió el aplazamiento del expediente sancionador al alcalde lagunero «al momento en que sea viable su tramitación, esto es, haya capacidad material de tramitarlo de forma diligente sin desatender los procedimientos prioritarios».
El secretario del pleno aclara ahora que la Gerencia de Urbanismo no tiene competencia para establecer ese orden de prioridades en los expedientes sancionadores recogido en esta instrucción. «La potestad sancionadora es de ejercicio inexcusable», asegura el funcionario, que se ampara en la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Octavio Fernández concluye en su informe del pasado viernes que «toda denuncia por presunta infracción urbanística que tenga entrada en el registro de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna debe ser incoada, tramitada y resuelta, así como notificada en el plazo de seis meses» que establece la comentada Ley del Suelo de Canarias.
El expediente de sanción se abre al margen de que el afectado restablezca la legalidad y acate las órdenes de la Gerencia de Urbanismo. En el caso de la vivienda de Luis Yeray Gutiérrez y Yaiza López, ambos han iniciado esta semana los trabajos para demoler la actuación ilegal, según confirmó el Ayuntamiento. En concreto, es un cerramiento de balcón mediante un forjado de 3,7 metros cuadrados, con bloques y ventana. La obra está casi lista, a expensas de los remates y la pintura.
El cerramiento ha sido ya demolido. Los trabajos para recuperar la legalidad de la casa se realizan tres meses y dos semanas después de que Urbanismo los ordenara. En la resolución del 5 de julio, la Gerencia daba dos meses al alcalde y la concejala de Cultura para que derribaran el cerramiento de balcón.
El secretario general del pleno de La Laguna también aborda en su escrito del pasado viernes otras cuestiones sobre este expediente urbanístico y el que afecta a la vivienda de otro político socialista, Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias. Así, establece la obligatoriedad de que el pleno extraordinario sobre estas infracciones se celebre antes del 9 de noviembre.
El pleno extraordinario lo ha convocado el grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna, que exige una resolución para que «el Ayuntamiento proceda a la apertura y tramitación urgente de sendos procedimientos sancionadores por los expedientes urbanísticos abiertos por las obras ilegales realizadas en sus viviendas por parte de los vecinos de La Laguna Luis Yeray Gutiérrez, alcalde, y Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias».
El secretario general del pleno asegura que Luis Yeray Gutiérrez puede presidir la reunión extraordinaria pero «deberá abstenerse de debatir y votar» el único punto del orden del día como establece la Ley de Bases del Régimen Local. Asimismo, Octavio Fernández pide que se modifique la redacción de este único punto para que se solicite la tramitación de todos los procedimientos sancionadores de los vecinos de La Laguna, no solo los del alcalde y el presidente del Parlamento de Canarias.
Vulneración constitucional
El máximo garante de la legalidad municipal expone que en caso de que el pleno acordara solo la apertura de los expedientes a Gutiérrez y Matos, y no al resto de residentes, «se estaría vulnerando el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española».
El caso de la vivienda de Gustavo Matos es otro que la Gerencia no considera prioritario. En la actualidad, Urbanismo tramita un procedimiento de legalización de unos trabajos ejecutados en su casa «sin licencia ni título habilitante» pero que, a diferencia de los de Luis Yeray Gutiérrez, son legalizables. El propio Matos admitió que hizo las obras sin permiso y pidió disculpas por ello.
Urbanismo ha suspendido el expediente de restablecimiento de la legalidad de la casa de Matos, abierto el pasado 31 de enero. Se trata de un cerramiento de aluminio en la azotea con cristales, techado y una superficie de 10 metros cuadrados. Si finalmente se consuma el proceso de legalización, este expediente quedará archivado de forma definitiva. Estos procedimientos contra las irregularidades urbanísticas prescriben al año, dos años o tres años de su apertura dependiendo de su gravedad.
