La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife no ve delito del actual consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez (PSOE), en el denominado caso Geneto, según recoge el escrito dirigido por el fiscal al Juzgado de Instrucción número cinco de Santa Cruz de Tenerife. El Ministerio Público solicita también el sobreseimiento para José Luis Delgado (PSOE), director General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias; Luis Antonio Martínez, exdirector de la Fundación Starlight, y Sergio Alonso, concejal de CC en el Ayuntamiento de La Laguna.
En concreto, en el referido procedimiento judicial se investiga a los consejeros de la empresa pública Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), dependiente del Cabildo tinerfeño, que aprobaron la compra de unos terrenos en la ciudad deportiva del Tenerife, en el núcleo lagunero de Geneto (de ahí el nombre del caso. En concreto, la causa fue abierta en febrero de este año después de haber observado la jueza indicios de prevaricación y malversación.
En total son diez los investigados, y entre ellos también se encuentran el expresidente insular Carlos Alonso; su predecesor en el cargo, Ricardo Melchior, y los exconsejeros del Cabildo Antonio García Marichal y María del Pino León, todos ellos de Coalición Canaria (CC). Completan la lista Juan Antonio Núñez, exdirector insular de Innovación, y José Luis Luengo, letrado de PCTT.
El pronunciamiento del fiscal llega después del acopio de la documental aportada en las diligencias de investigación y de las posteriores declaraciones de Ricardo Melchior y María del Pino León, que tuvieron lugar el 6 de julio; Carlos Alonso y José Luis Delgado, el 13 del mismo mes, y Luis Antonio Martínez, Sergio Alonso y Julio Pérez, el pasado miércoles en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.
«Se estima que no tuvo intervención efectiva y con suficiente conocimiento de su trascendencia en las decisiones susceptibles de reproche penal a criterio de este Ministerio, de forma que procede en este momento el archivo de la causa respecto de él», plantea el fiscal acerca de Pérez, sobre quien se pone de relieve que se ausentó de una reunión clave y delegó su voto en José Luis Delgado. En cuanto a este último, la Fiscalía Provincial considera que «no actuó con conciencia de ilegalidad de los acuerdos, manifestando en todo momento sus reservas a su adopción y por tanto no se le puede irrogar responsabilidad criminal siquiera indiciaria por los hechos denunciados en su día».
Mientras que el representante del Ministerio Fiscal indica que Luis Antonio Martínez no participó «en el debate que condujo a la decisión final de compra», mantiene que la intervención de Sergio Alonso «es formal y ajena por completo a cualquier interés más que el de intervenir por cuenta de la institución representada, de forma que, siendo coherente con lo antes informado, debe proceder el archivo de la causa también respecto de este investigado», del que añade que es hermano de Carlos Alonso.
Expone el Ministerio Público de forma general que los investigados para los que se pide la absolución «carecían de un conocimiento real de la situación económica y de la entidad de la que formaban parte, así como de los pormenores de la venta y, en consecuencia, de las posibles repercusiones que para la entidad y, por extensión, para las arcas públicas pudieran tener».
