El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado la modificación de la ordenanza y de las bases de acceso que regulan el conocido como IBI social «para suprimir la limitación al valor catastral fijada en 2018, un tope que impide llegar a centenares de familias que necesitan esta aportación municipal por su situación económica». Así lo ha acreditado el Área de Bienestar Social, quien ha impulsado esta modificación para actualizar estas ayudas a la realidad local y ampliar tanto las cuantías, como el número de personas beneficiarias, conforme a criterios de necesidad social.

Esta modificación de la Ordenanza de las bases reguladoras de la concesión de ayudas sociales para colaborar en el gasto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la vivienda habitual para personas con escasos recursos económicos, que no ha recibido alegaciones durante el periodo de exposición pública, se elevará al Pleno municipal en octubre para su aprobación definitiva y entrada en vigor en la convocatoria del año que viene, ya que la de este ejercicio, para la que se incrementó la partida económica en un 25% y que habilita hasta 300 euros por persona beneficiaria, está ya en fase de adjudicación.

«Con esta modificación suprimimos la limitación del valor catastral y adaptamos los requisitos a los que ya se estipulan en la Ordenanza reguladora de las prestaciones sociales municipales, facilitando que los vecinos que cumplan con las condiciones socioeconómicas puedan acceder a esta medida de apoyo. Este es un cambio sustancial y que nos permitirá llegar a muchas más familias, en un momento, además, en el que estamos registrando un incremento de los usuarios de los servicios sociales», apunta el concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida, Rubens Ascanio. «Esta situación supuso que adaptáramos las partidas presupuestarias a la realidad de la norma en los últimos ejercicios, una cuantía que este año hemos ampliado en un 25%, hasta los 20.000 euros, dado que estamos registrando un incremento de los casos que pueden ser viables», señala Ascanio.

Disminución y aumento

La referida subida que ahora se produce viene tras disminuciones previas. Coalición Canaria (CC) denunció años atrás que se había producido un recorte de un 46% en el presupuesto para 2020, y defendía: «El ejecutivo de CC había dotado con 185.000 una partida para conceder ayudas sociales para cubrir el pago del IBI correspondiente a la vivienda habitual para aquellas familias con escasos recursos». Por entonces, la aportación económica se quedaba en 100.000 euros.

Con respecto a la nueva norma, esta recoge en su disposición sexta que se ajustará el procedimiento para procurar que el plazo de la convocatoria anual de esta ayuda esté comprendido entre la terminación del cobro voluntario del IBI y el 30 de octubre de ese mismo año, con el objetivo de que realmente se pueda aplicar la compensación con el ejercicio siguiente.

«Aún teniendo en cuenta que no se dispone de datos precisos acerca de posibles beneficiarios y beneficiarias, Bienestar Social estima que aproximadamente el 40% de las 12.000 personas usuarias anuales de los servicios sociales son propietarias de vivienda, además de aquellas que, sin ser usuarias, podrían beneficiarse de esta ayuda social», recoge la nota de prensa.

Según consta en el informe del Servicio de Tributos y «una vez analizada la información catastral de las distintas unidades de tributación que conforman el padrón del IBI de 2021, se han emitido 70.867 recibos de IBI de bienes inmuebles cuyo uso catastral es el de vivienda».