El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado los trámites para comenzar a sustituir la flota de la red urbana de Titsa por guaguas eléctricas. Con este objetivo, el área de Movilidad Sostenible, que dirige María José Roca, ha presupuestado 940.000 euros para la compra de dos guaguas eléctricas de 9,5 metros y de ancho reducido, así como otros 199.000 euros para los suministros, instalación eléctrica y obra civil necesarios para instalar los sistemas de recarga lenta y semirápida o la redacción de los proyectos técnicos de media y baja tensión. Es una actuación que se espera cerrar en los próximos meses y que se ampliará a un total de cuatro guaguas para «avanzar hacia un modelo más responsable con el medio ambiente», según Roca.

La concejala recuerda que desde abril se está desarrollando un completo estudio sobre el uso de la guagua en el municipio, con un análisis de las necesidades y demandas de las personas usuarias en todos los distritos, al que se suma el inventario del estado de las paradas. «Nos encontramos en pleno proceso de recopilación de datos para la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), acciones clave para hacer un buen mapeo de la situación actual, que permita entender las pautas de movilidad de la población, el grado de aceptación del transporte público y las principales necesidades y demandas», detalló María José Roca.

La Laguna, tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local para los municipios con una población de más de 50.000 habitantes, tiene las competencias en el servicio público de transporte urbano de viajeros. Desde octubre de 2019, se presta mediante encargo a la empresa insular Titsa, con 14 vehículos de los que 4 son propiedad del Ayuntamiento.

Si bien, entonces, el área de Movilidad Sostenible previó una primera renovación de la flota con la compra de 6 nuevos vehículos, para lo que habilitó una partida de 1,35 millones, el impacto de la pandemia y la aprobación de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que señala la obligación de los municipios de más de 50.000 habitantes de contar con guaguas eléctricas para hacer frente a los trayectos que discurran por las también obligatorias Zonas de Bajas Emisiones, motivaron que esa compra se reconvierta a estos vehículos no contaminantes, que tienen un coste mayor y llevan asociada una infraestructura que encarece el proceso.