El Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que evalúe la implicación del senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, en el 'caso Reparos', que afecta a su gestión como alcalde de La Laguna, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La resolución, a modo de pieza separada y hecha pública este jueves, apunta que Clavijo levantó numerosos reparos de Intervención en varios expedientes entre 2011 y 2014 cuando era alcalde de La Laguna (cargo que ocupó entre 2008 y 2015) y dada su condición de senador y aforamiento, el Supremo debe decidir sobre la cuestión.

La jueza Ana Serrano sostiene en su escrito que las prórrogas de los contratos eran improcedentes, a juicio del interventor municipal, al tiempo que se recurría a la utilización "fraudulenta" de la figura del contrato menor que no puede durar más de un año ni ser prorrogado.

Asimismo, apunta que parece "muy difícil" que Clavijo, economista titulado y con más de 20 años de experiencia en la administración pública en diferentes cargos, desconozca "los pilares" de la contratación pública que se basan en el libre acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato.

En la misma línea entiende que es "difícil" que no conozca que los contratos no los puede realizar de forma indefinida la misma empresa ni la "obligación" que tiene la administración de planificar las contrataciones para garantizar los servicios a los ciudadanos.

En la resolución se recoge que había prórrogas extemporáneas y con efecto retroactivo, y también autorizaciones de continuidad del servicio con principios de contratación administrativa vulnerados.

La jueza achaca a Clavijo que no ordenó que se tomaran medidas para evitar la reiteración de las prórrogas --en algunos casos hasta ocho años-- pese a que fue informado por un equipo gestor, aparte de que ocasionaba un "perjuicio" a las arcas municipales dado que el plan económico-financiero 2011-13 implicaba que las contrataciones que salieran a licitación bajarían su coste entre un 15% y un 20%.