Catorce camiones fueron descargados en el vertedero de Montaña del Aire el 3 de mayo de 1982. Había cerrado El Lazareto, en Santa Cruz, y la Isla necesitaba un nuevo basurero. La polémica que se generó en los días sucesivos supuso un cambio de registro en la gestión de los residuos en Tenerife.
Montaña del Aire, en el entorno de El Ortigal, estuvo a un paso de convertirse en un vertedero. El episodio, ocurrido en mayo de 1982 y del que se cumplen ahora 40 años, no solo acabó con un final feliz para la zona, sino que supuso un cambio en el modelo de gestión de residuos en la Isla. «Comenzaron a verter en Montaña del Aire», titulaba EL DÍA en su portada del 4 de mayo de aquel año. «Catorce camiones hicieron efectivo en el día de ayer el vertido de residuos sólidos en Montaña del Aire, atendiendo la orden del Gobierno Civil y con custodia policial. Los ayuntamientos de Tegueste, Santa Cruz y El Sauzal fueron los primeros en atender esa orden», se recogía también en primera página. Se había iniciado una sonora polémica que se prolongó durante una semana y que tuvo como momento más destacado la huelga de hambre del por entonces alcalde lagunero, Pedro González, y de la corporación.
El portavoz de Unidas se Puede en La Laguna, Rubens Ascanio, ha recordado lo sucedido en el artículo La Laguna y la lucha por una correcta gestión de los residuos en Tenerife, en el que aborda también los porqués de lo ocurrido. «La isla de Tenerife vivía en ese momento una situación muy complicada. El 1 de mayo de 1982 se debía aplicar el cierre del vertedero de El Lazareto de Santa Cruz, que tras muchos años de uso había alcanzado más de 40 metros de altura, corriendo serio riesgo de colapso. En ese lugar dejaron durante años sus residuos diarios casi la mitad de los municipios tinerfeños; el resto usaban alguno de los 219 vertederos clandestinos de cierta importancia que había en la Isla, que se mantenían ‘en permanente combustión», explica el concejal lagunero, que es licenciado en Historia.
Ascanio recuerda que desde el verano de 1981 se empezó a intensificar la polémica sobre el riesgo que suponía el nuevo vertedero previsto, no solo en el medioambiente o el agua, también por su efecto para el tráfico aéreo por la concentración de aves atraídas por los vertidos. «En marzo de 1982, la Coordinadora de Alcaldes de Tenerife se reunió en La Laguna, apoyando por mayoría que Montaña del Aire fuera la ‘solución provisional al anunciado cierre de El Lazareto’ en el que quince municipios vertían en ese momento 800 toneladas de basura y que debía cerrarse el primero de mayo de ese año», expone el también primer teniente de alcalde de La Laguna, que recurre a distintas fuentes documentales.
El día en que comenzaron los vertidos, el 3 de mayo, el gobernador civil, Jesús Javier Rebollo, aplicó la apertura oficial de Montaña del Aire como principal vertedero insular al amparo de la Ley General de Sanidad de ese momento. «El 6 de mayo, el Ayuntamiento, con un gobierno de izquierdas formado por PSOE, UPC, PCE y Asamblea Lagunera, opta por pedir el cierre del mismo por carecer de licencia municipal», expone Rubens Ascanio. «Además se acuerda clausurar de inmediato el depósito de agua de la zona por el riesgo de contaminación por filtraciones procedentes de los restos de basura», añade.
Choque con el gobernador civil
El Ayuntamiento de La Laguna había acordado en sesión plenaria clausurar el vertedero, pero el gobernador civil anuló el decreto de la Alcaldía y acusó a Pedro González de «clara incitación al desorden público». Fue así que el regidor local y los ediles se pusieron en huelga de hambre. «A primeras horas de la tarde de ayer, el alcalde de La Laguna, Pedro González, respaldado por los grupos políticos de la corporación y dos concejales centristas, a excepción de UCD, comenzaba una huelga de hambre en protesta por el desarrollo de los acontecimientos y los impedimentos físicos que esta corporación está sufriendo con el tema del vertido de Montaña del Aire. De ‘anticonstitucional y antidemocrático’ califica el titular de la Alcaldía las acciones llevadas por el Gobierno Civil», recogía este periódico el 7 de mayo.
También en esa última fecha, el Consistorio lagunero publicaba una «nota informativa» a toda página en la que defendía su postura. «El artículo 140 de la Constitución garantiza la autonomía de los municipios, correspondiendo su gobierno y administración a los respectivos ayuntamientos. En la interpretación dada por el Tribunal Constitucional a este artículo, considera nulas todas las disposiciones que contradigan esta autonomía», comenzaba el texto. En los días sucesivos, continuó la polémica en torno a este asunto.
«El 11 de mayo continuaron las protestas y también numerosas acciones vecinales de apoyo. El equipo médico que seguía las constantes vitales de los huelguistas manifestó su preocupación por el estado de Pedro González, con 54 años en aquel momento, y de otros dos concejales. Ese mismo día, el movimiento ciudadano convoca para el jueves 13 de mayo una huelga general en la Isla, en la que, además del cierre de Montaña del Aire, se pide el cese del gobernador civil», apunta el edil de Unidas. «El 12 de mayo, el Pleno de Cabildo vive una de las sesiones más complejas de su historia. Los vecinos habían acudido ‘en masa’ para abordar la necesidad de un pacto insular sobre los vertidos. A priori no era una decisión fácil de tomar, pero tras varias horas de trabajo se logró un acuerdo entre UCD, PSOE, PCE, CD y UPC que permitió que ese mismo día se levantara la huelga», indica, antes de añadir que, pese a ello, las acciones continuaron.
Entiende Ascanio que este «intenso proceso de protesta y lucha sin duda ayudó a abrir un necesario debate insular sobre el futuro de los residuos y hacer un mejor uso de los mismos, una gestión sostenible que nunca acaba de llegar del todo». Y concluye: «La Laguna, a 40 años de la lucha del vertedero de Montaña del Aire, merece recordar esta acción civil y política que acabó con la clausura de este vertedero. Por ello vamos a dar traslado de una propuesta que sirva para este necesario fin, como una lucha que dio origen a un debate necesario y a una reflexión sobre el modelo de Isla, que todavía no está concluido».
