El grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna ha solicitado a la Consejería regional de Obras Públicas que amplíe el plazo de alegaciones contra el nuevo tramo de la autopista del Norte (TF-5), que afectará al menos a medio centenar de casas, según los datos aportados desde el Consistorio lagunero. La petición fue realizada por el concejal Rubens Ascanio (Unidas) en unos días en que estuvo de alcalde accidental, mientras que fuentes oficiales del pacto local aseguraron ayer que el deseo de prolongar el período es común de todo el gobierno municipal.
Cabe recordar que Coalición Canaria (CC) demandó la pasada semana más tiempo para las alegaciones frente a esta obra, a la que se ha denominado desdoblamiento, variante o baipás y que bordea el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna desde Guamasa hasta Lora y Tamayo. Ascanio les contestó: «CC llega tarde; estando de alcalde accidental demandé a la Consejería la ampliación del plazo de alegaciones. Esperamos que la Consejería amplíe el plazo al máximo legal permitido para dar oportunidad de realizar informes complementarios y alegaciones vecinales».
El líder de Unidas también expresó que, «cuando se anunció este proyecto», entendieron que «era una iniciativa coherente con el pacto firmado en el Gobierno de Canarias». Ahora bien, «el estudio del expediente técnico muestra un número significativo de afecciones al entorno y un perjuicio al desarrollo de sistemas de transporte público, como alternativa al vehículo privado», añadió.
Cambio de postura
Ascanio es uno de los actores destacados de este proyecto. Él y su formación política abanderaron, junto a Santiago Pérez (Avante y PSOE), la defensa del suelo rústico durante su etapa en la oposición, así como de las propiedades particulares que se iban a ver afectadas por el Plan General de Ordenación que estaba en fase de redacción. Ya en el gobierno local, y una vez desempolvado esta iniciativa de nuevo tramo de la TF-5, Ascanio y Pérez lo defendieron.
En el caso de Rubens Ascanio se daba la circunstancia de que en 2016, en el artículo titulado Una Vía Exterior encubierta, se oponía con rotundidad: «Una vez más me parece que es una necesidad pensada para políticos adictos al piche y algunas grandes empresas constructoras necesitadas de fondos públicos, no para las miles de personas que de verdad sufren las colas cada día».
La actuación ahora planteada fue criticada por el portavoz de CC en La Laguna, Jonathan Domínguez, por la falta de transparencia. El también concejal expresó que se trata de «una situación excepcional». «Me parece gravísimo que el Ayuntamiento no se haya reunido con los vecinos, que no les haya explicado con todos los datos en la mano lo que va a suceder, pese a que se lo han solicitado», manifestó. También Domínguez elevó hasta «más de dos centenares de propiedades, entre casas, fincas y solares» las que se ven afectadas, e insistió en que a los vecinos no se les ha informado de «absolutamente nada» y en la falta de participación ciudadana.
Una obra millonaria
En la nota de prensa La Laguna aplaude que la nueva variante de la TF-5 respete el suelo agrario y el crecimiento de la ciudad, el grupo de gobierno detalló el 27 de marzo que las «características generales» del nuevo diseño de la variante «atienden las exigencias del Gobierno local, lo que va a encarecer notablemente su ejecución, pero es precisamente de esta manera para proteger al máximo el suelo agrario, especialmente el de Los Baldíos, y evitar que se convierta en un nuevo dique para la ciudad, como ocurre en la actualidad con la TF-5». Las últimas cifras de las que se ha hablado rondan los 355 millones de euros.
«Esta vía, que fue propuesta por el grupo socialista hace más de 20 años y luego incorporada al Plan Insular de Ordenación como variante de la autopista del Norte, desde Guamasa a Guajara, no tiene nada que ver con la Vía Exterior que Coalición Canaria ha intentado imponer a La Laguna, devastando seis millones de metros cuadrados de suelo agrario protegido en la zona de Los Baldíos a través del Plan Territorial del Sistema Viario del Área Metropolitana, destructor del suelo agrario y un dogal al cuello del municipio por esta y otras vías», agregaba Santiago Pérez en la citada nota de prensa de marzo.
