La jueza archiva la denuncia a Gustavo Matos por unos trabajos en su vivienda

La jueza estima el recurso de Gustavo Matos contra el auto de finales de febrero que acordó la apertura de diligencias previas y la declaración del presidente del Parlamento como investigado el 31 de mayo. Tras tomar en consideración el informe del fiscal favorable al archivo, deja sin efecto las actuaciones –entre ellas la citación de Matos en sede judicial– y sobresee de forma provisional el caso. El denunciante anuncia que recurrirá esta decisión en los próximos días.

El edil lagunero Alfredo Gómez denunció que Gustavo Matos encargó unos trabajos en su casa, consistentes en la construcción de un ático en la azotea, a la misma empresa, Devicserver, que resultó adjudicataria de contratos de catering de la institución que preside, el Parlamento, entre 2019 y este año; es decir, desde que Matos preside la institución. Matos realizó en enero del año pasado esa obra en su vivienda sin autorización de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna. En concreto, levantó un cerramiento metálico con cristaleras de 13 metros cuadrados en la azotea del inmueble, a modo de ático, sin presentar la correspondiente licencia o comunicación previa al Ayuntamiento. El presidente de la Cámara canaria admitió que no pidió autorización, asumió el fallo, catalogó la estructura metálica de «pérgola» e inició el proceso para regularizarla.

Gustavo Matos pide al denunciante que se disculpe y asegura que la única finalidad es desprestigiarlo

La magistrada y el fiscal, sin embargo, no ven ninguna vinculación entre esos trabajos y los encargos parlamentarios de catering y, por lo tanto, rechazan que haya habido trato de favor. Tras consultar la web de transparencia de la Cámara y los certificados de los contratos de catering desde 2019 hasta marzo de este año, aportados por el propio Matos, la magistrada y el ministerio público concluyen que «ni la empresa Devicserver ha sido adjudicataria de contrato de catering alguno, ni consta que los trabajos en la casa del querellado se llegaran a realizar por esta empresa». Los contratos menores aparecen a nombre de la responsable de la empresa, no de la sociedad limitada. «Ni ha sido la única contratada» por el Parlamento, «ni siquiera la principal adjudicataria de dichos contratos», aclaran jueza y fiscal. Por ello, consideran que en los hechos denunciados «no hay indicios suficientes de los delitos investigados».

Gustavo Matos, que ya dijo en marzo que las acusaciones de Alfredo Gómez eran «absoluta y radicalmente falsas», remitió ayer un comunicado en el que remarca que con la resolución de archivo y el «contundente parecer de la Fiscalía», queda «meridianamente claro» que las acusaciones del concejal no adscrito «se fundamentaron en hechos inciertos y datos sesgados, con un absoluto desprecio por la verdad». El presidente del Parlamento canario reproduce en el comunicado textos íntegros del informe por el que la Fiscalía pidió el sobreseimiento. Estos son los dos extractos: «Nos hallamos ante una solicitud de una verdadera inquisición general, es decir, en lugar de que sobre la base de indicios de criminalidad se desarrolle la investigación penal, lo que se pretende es lo contrario, que sea la investigación penal la que busque los indicios de criminalidad». «Evidentemente, la inexpresividad de los hechos de la querella es tal que resulta imposible subsumirlos en los tipos penales por los que el querellante califica los hechos».

Según la segunda autoridad política de las Islas, la «única finalidad» de la querella «ha sido el intento de deteriorar mi imagen pública y mi prestigio personal, tratar de manchar una trayectoria honesta y limpia en el servicio público al que he dedicado buena parte de mi vida». Matos espera, además, que «a partir de ahora cese definitivamente la campaña de acoso personal e intento de desprestigio a la que he sido injustamente sometido por parte del citado concejal y de quienes han contribuido, colaborado y patrocinado la misma». «Espero que se produzcan las pertinentes disculpas públicas, tanto del señor Gómez como de quienes han coordinado esta estrategia».

Alfredo Gómez, el concejal de La Laguna que firma la querella, anuncia que recurrirá el sobreseimiento

Alfredo Gómez ha anunciado que presentará en los próximos días un recurso al entender que hay materia para proseguir con las diligencias. El edil del Ayuntamiento lagunero, que abandonó Ciudadanos en octubre pero sigue como concejal no adscrito, incluyó estas presuntas irregularidades de Matos en la querella que motivó la apertura de la investigación judicial del caso Laycas. Por esta causa, que indaga una presunta trama de adjudicación de contratos menores con dinero público a familiares y amigos de responsables municipales laguneros, ya han declarado en el Palacio de Justicia de La Laguna cuatro de los cinco investigados: el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y los ediles del grupo de gobierno Yaiza López, Alejandro Marrero y Carla Cabrera. El 4 de mayo lo hará el quinto investigado, el también concejal Badel Albelo.

Entre las empresas denunciadas en el caso Laycas por presuntos favores de los compañeros socialistas de Matos en el Ayuntamiento se encuentra precisamente Devicserver. Gómez indica que pertenece a Desiré Trujillo y su marido Víctor Ventura, «dos amigos» del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y su pareja, la edil Yaiza López. Esta amistad fue desmentida de forma rotunda por el alcalde y la concejala en sus declaraciones judiciales. 

Todo viene del ‘caso Laycas’

En el auto del 26 de enero en el que la jueza María Celia Blanco, del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, abrió las diligencias del caso Laycas excluyó de la querella al presidente del Parlamento canario «por falta de competencia territorial». El expediente Matos pasó a los juzgados de Santa Cruz, en concreto al de Instrucción 3. La jueza instructora que ha decidido el archivo provisional no es, sin embargo, la del 3, Carolina Déniz, aunque sea este juzgado el que mantiene el caso, sino la del 5, Luz Alicia Casañas. Casañas suple a Déniz pues esta se abstuvo por su anterior actividad política con Coalición Canaria. Entre otros cargos, fue directora de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario.

En el recurso que prepara, Alfredo Gómez va a defender que después de que se conociera que Matos había hecho las obras sin autorización municipal en su casa de La Laguna fue cuando presentó la comunicación previa a la Concejalía de Urbanismo. En esa solicitud del 9 de febrero, la factura aparecía a nombre de Devicserver, aunque las empresas que figuran en la documentación entregada por Matos como autoras de los trabajos son otras. Asimismo, Gómez recordará que el Parlamento adjudicó a la responsable de esta empresa –no a la sociedad limitada directamente– 15 contratos menores de catering entre 2019 y este año 2022, un hecho que podría suponer además un fraccionamiento presuntamente fraudulento de adjudicaciones para darlas a dedo, sin concurso.