El alcalde de La Laguna tiene dos meses para demoler la obra ilegal que hizo en su vivienda. Urbanismo ha ordenado al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, que demuela las obras e instalaciones ilegales que realizó en su vivienda en los próximos dos meses y a legalizar la parte susceptible de serlo en el mismo plazo. El regidor y su pareja, Yaiza López, tendrán que retirar una pérgola de madera y derruir el cerramiento del balcón. Asimismo, procederán a legalizar el resto de mejoras llevadas a cabo en su terraza, consistentes en abrir un hueco en la fachada y colocar una puerta de aluminio, sustituir la puerta de acceso a la terraza, dotarla de pavimento perimetral en una extensión aproximada de 135 metros cuadrados y ejecutar una escalera en la terraza lateral.
El informe emitido por la Gerencia de Urbanismo el lunes, firmado por la jefa del servicio, María del Mar Martín Rodríguez, obliga al alcalde «al total restablecimiento mediante la retirada/demolición de lo ilegalmente modificado, toda vez que durante la instrucción del procedimiento ha quedado acreditado que la actuación enjuiciada es ilegal e ilegalizable». Alude en este caso a la pérgola de madera de nueve metros cuadrados», que incumpliría el vigente Plan General de Ordenación (PGO), y al «cerramiento del balcón sobre parapeto existente (mediante ejecución de forjado de aproximadamente 3,70 metros cuadrados, fábrica de bloque y ventana)».
La situación urbanística de la casa imposibilita cualquier ampliación de su volumen
Comunicación del alcalde.
Los promotores de las obras conocieron esta resolución el pasado 30 de marzo. Al día siguiente, el alcalde y la concejala de Cultura y Participación Ciudadana comunicaron a Urbanismo su disposición a «realizar cuantas actuaciones sean precisas para ajustar la edificación a la legalidad». Al tiempo, informaron al Ayuntamiento de que «en los próximos días» presentarán la solicitud de licencia «tanto para las actuaciones de legalización como de restitución del balcón a su estado anterior y la retirada de la pérgola».
Primeros pasos.
En el pleno del 10 de febrero de 2022, el concejal Alfredo Gómez (no adscrito) aludió a la presunta ilegalidad de estas obras en la casa del alcalde, motivo por el que, a instancia del regidor (según informó entonces el gobierno municipal), ese mismo día el consejero director de la Gerencia de Urbanismo y concejal, Santiago Pérez, ordenó una visita de inspección. Tuvo lugar a las 9:00 horas del 14 de febrero. En ella se constata que hay obras terminadas no amparadas por el trámite previo de comunicación y otras que sí lo están, como el cambio de alicatados, sanitarios de baños y cocina, la colocación de parquet, el acondicionamiento del jardín y el pintado exterior e interior del inmueble.
Apertura del expediente.
La casa del alcalde de La Laguna se encuentra en la Urbanización Coral, construida en suelo urbano consolidado para uso residencial unifamiliar, con dos plantas de altura máxima, según el vigente Plan General de Ordenación (PGO). Así consta en el informe técnico emitido el 16 de febrero, el mismo en el que no se determinó la ilegalidad del cerramiento del balcón al no disponer de la documentación necesaria. Al día siguiente, Santiago Pérez ordenó «iniciar expediente de restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad alterada y transformada por las obras desarrolladas». El alcalde recibió la notificación el 18 de febrero.
Una crítica del concejal no adscrito ante el Pleno fue la causa de la apertura de este expediente
Alegaciones.
El regidor y la concejala solicitaron ser informados sobre la necesidad de licencia para desmontar la pérgola (finalmente, no), aclararon que la puerta de acceso a la terraza existía al comprar la vivienda «y lo único que se hizo fue reponer la carpintería», mientras que sobre el balcón pidieron confirmación técnica sobre la situación irregular del cerramiento, teniendo en cuenta que habían sido advertidos por «el técnico responsable de las obras» de que «no es posible realizar ninguna ampliación de volumen» en la casa al encontrarse en situación urbanística de consolidación. El estado de ilegalidad lo confirmó el técnico municipal en un informe del 7 de marzo.
La propuesta de resolución data del pasado 28 de marzo, dos días antes de que Luis Yeray Gutiérrez y Yaiza López conocieran formalmente que deben desmontar la pérgola y demoler el cerramiento del balcón de su casa por no estar amparadas por un título habilitante. El día 31 de marzo fue cuando comunicaron a la Gerencia de Urbanismo su disposición a «realizar cuantas actuaciones sean precisas para ajustar el edificación a la legalidad» y a solicitar las licencias de legalización y demolición.
