Cuatro años después de abrirse el caso reparos, uno de los involucrados, Fernando Clavijo, senador por la Comunidad Autónoma y expresidente del Gobierno canario, sigue sin saber si el juzgado ve indicios de delito ni cuál es su condición procesal. El Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna abrió hace dos años una pieza separada del caso reparos dedicada a las actuaciones de Clavijo y no ha decidido si archivarla o remitir al Supremo, tribunal competente para investigarlo, una exposición razonada de las presuntas ilegalidades.

La causa general estudia unas presuntas irregularidades en el levantamiento de reparos del interventor a la prórroga de contratos municipales entre 2013 y 2017, algunos firmados por Fernando Clavijo cuando era alcalde de La Laguna por CC. Pero después de haberse practicado todas las diligencias, de la toma de declaraciones y de todo el tiempo transcurrido, Clavijo desconoce si hay indicios delictivos contra él, mientras se investiga su gestión en esa pieza separada en el juzgado de instrucción. Esa competencia correspondería al Supremo al estar aforado como senador desde el 31 de julio de 2019.

Competencia del Supremo.

En un nuevo escrito que pide el archivo de la causa a la jueza Ana Serrano-Jover, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna e instructora del caso reparos, los abogados del senador consideran una irregularidad que se haya abierto esta pieza separada a Clavijo, con lo que se hurta las atribuciones de investigación al Tribunal Supremo al tratarse de un representante de las Cortes Generales, como marca la ley.

La jueza abrió esta pieza aparte en junio de 2020 después de que Santiago Pérez, concejal de Urbanismo de La Laguna, ampliara su denuncia inicial de 2018. Serrano-Jover lo decidió a instancias de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que dirige en Canarias María Farnés. Clavijo, además, aparece en diferentes autos del caso como investigado, cuando sus abogados entienden que sería en todo caso el Supremo el único tribunal competente para darle una consideración procesal. En algunas comparecencias, la jueza ha aclarado que en realidad está como «interesado», una figura que según los letrados de Clavijo no existe en el ordenamiento jurídico español.

En un limbo judicial.

Esta especie de limbo –no saber su condición procesal– quebranta la tutela judicial efectiva y provoca una indefensión a Clavijo en su derecho a la defensa, además de perpetuar una tensión judicial que mancha la honorabilidad del que fuera presidente del Gobierno de Canarias (2015-2019).

La condición de interesado, usada con Clavijo, no existe en el ordenamiento jurídico español

Denuncia de Santiago Pérez.

El caso reparos se abre tras una denuncia en 2018 de Santiago Pérez, en la actualidad concejal de Urbanismo de La Laguna por Avante y en esa época edil de la oposición. Pérez pide que se investigue la prórroga de decenas de contratos municipales gracias al levantamiento de reparos del interventor por parte de alcaldes y concejales del Grupo de Gobierno municipal entre 2013 y 2017. Entre ellos están Clavijo, el también nacionalista José Alberto Díaz –que le sucedió en la Alcaldía– o el socialista Javier Abreu, cuando fue alcalde accidental en el pacto CC-PSOE que gobernó en La Laguna en esos años.

Clavijo defiende que el levantamiento de reparos es una prerrogativa que tienen los responsables municipales para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales y que estas prórrogas se ajustaron a ese espíritu y a la ley, mientras se resolvía la licitación de los concursos. Pérez observa, por contra, indicios de prevaricación y malversación. Santiago Pérez es el mismo político que denunció a Clavijo y otros miembros de CC en el caso grúas por presuntas irregularidades en la concesión a una empresa, en 2014, de la recogida de vehículos. También en este caso intervino la fiscal María Farnés.

El archivo del ‘caso grúas’.

Esta investigación a Clavijo del caso grúas sí recayó en el tribunal competente, el Supremo. En junio de 2020, la Sala Segunda del Supremo archiva la causa al no hallar ningún indicio delictivo en la actuación de Clavijo primero como edil y luego como alcalde, y al entender que las decisiones se adoptaron para mantener un servicio básico: la recogida de vehículos de las calles.

El político se encuentra en un limbo jurídico que perjudica su derecho a la defensa

Caducidad de las actuaciones.

Además de sustraer al Tribunal Supremo la competencia de un procedimiento dirigido contra un senador, la defensa de Fernando Clavijo observa en su último escrito del caso reparos –ya ha entregado con este 16, entre peticiones de archivo y otras alegaciones– otro fraude procesal por el que defiende el sobreseimiento: la fase de instrucción legal en el caso principal y la pieza separada de Fernando Clavijo caducaron.

Según la defensa de Clavijo, la pieza principal caducó el 18 de agosto de 2018 cuando, transcurridos seis meses del inicio de las diligencias, no se solicitó que la instrucción se declarara compleja, como manda el ordenamiento jurídico. La Fiscalía llegó a reconocer que se había superado el plazo legal, pero entonces pide la pieza separada.

Esta pieza separada a Clavijo se abre el 1 de julio de 2020 en el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna tras dos años y medio en los que no se practica diligencia alguna en el caso reparos. Llega, además, unos pocos días después de que el Tribunal Supremo archive el otro caso denunciado por Santiago Pérez, un rival político, el grúas. Los letrados del político nacionalista, José Antonio Choclán Montalvo y Javier Velasco Almendral, consideran un fraude procesal su apertura porque no solo hurta las competencias del Supremo, sino que además se interpreta como un nuevo procedimiento que se desgaja de otro que ha caducado. Los abogados interpretan que se abrió para sortear el final de la instrucción.

Nueva petición de archivo.

Después de caducar la pieza principal, la defensa de Clavijo alega que también ha caducado la pieza separada. Después de la práctica de todas las diligencias, el plazo máximo de instrucción sin que se haya prorrogado el procedimiento finalizaría el 29 de enero. Todas estas presuntas irregularidades procesales han llevado a los representantes de Clavijo a volver a solicitar el archivo de la causa. Asimismo, entienden que no se transgredió ley alguna en la prórroga de los contratos, que es legal levantar reparos del interventor para garantizar la prestación de servicios básicos por parte de un ayuntamiento cuando se acerca el final del contrato y que no existen argumentos para observar indicios de delito en unas actuaciones que no causaron daño al Consistorio, como señalan los informes que obran en este procedimiento.