El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), insta a la Diócesis Nivariense «a llevar a cabo de inmediato las actuaciones necesarias para regularizar la situación de los bienes inmuebles inscritos sin justificación a nombre de la Iglesia Católica». Así lo recoge una moción que será debatida esta tarde por el Pleno del Ayuntamiento lagunero y que sigue a las explicaciones que dio el Obispado de Tenerife a mediados del mes de febrero, que, según se desprende de esta iniciativa, no han sido dadas por buenas por el Consistorio.
El texto plenario, presentado por Gutiérrez, busca que las propiedades «puedan ser devueltas a sus legítimos propietarios, sean ciudadanos o entidades públicas o privadas, ofreciendo para ello la plena colaboración de la Administración municipal». La propuesta ya había ido a la anterior sesión ordinaria y finalmente se quedó pendiente. Fuentes oficiales del Ayuntamiento detallaron este miércoles que la moción planteada por el regidor local será el punto de partida y que habrá enmiendas «para intentar lograr el mayor consenso posible».
En la exposición de motivos se aborda la situación desde dos siglos atrás. «Las facilidades reconocidas legalmente a la Iglesia Católica en nuestro país, desde mediados del siglo XIX, para la inmatriculación de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad y para la inscripción de derechos sobre esos bienes, así como las vicisitudes que se han producido en su aplicación, están visiblemente ligadas a los vaivenes y cambios políticos de la propia historia de España durante todo ese largo período», indica, y contextualiza que se reconocieron «las certificaciones diocesanas como título apto para el acceso al Registro, equiparándolas a los documentos públicos (notariales, judiciales o administrativos), y en dispensar a la Iglesia de la tramitación de actas de notoriedad o de los expedientes de dominio para la inmatriculación de inmuebles, procedimientos registrales cuya finalidad esencial es la de garantizar la intervención de los ciudadanos que pudieran verse afectados, permitiéndoles formular su oposición y ejercer las acciones judiciales oportunas para la defensa de sus derechos».
La moción también expone que esos mecanismos, «que suponían dar el mismo tratamiento legal a estos efectos a la Iglesia que a las Administraciones Públicas», fueron ampliados y permitieron la inmatriculación y la inscripción de otros actos jurídicos relativos a la propiedad y a otros derechos sobre esos bienes. «Las consecuencias de las inmatriculaciones o inscripciones efectuadas al amparo de esas disposiciones se han agravado en el caso de que las autoridades eclesiásticas hayan vendido o transmitido dichos bienes a terceras personas, que quedarían así amparadas por la protección que da la legislación civil a quien adquiere de buena fe la propiedad o derechos sobre bienes inmuebles a la persona o entidad a cuyo nombre figuran inscritos en el Registro de la Propiedad», señala.
El Obispado se defiende
La Diócesis negó el pasado 14 de febrero que hubiese registrado a su nombre propiedades ajenas. «El Obispado de Tenerife garantiza que no ha inscrito en el Registro de la Propiedad ningún inmueble del que no tenga la certeza de ser su legítimo propietario», apuntó en un comunicado. «Lo publicado en el informe hecho público por la Conferencia Episcopal Española el pasado mes de enero, con respecto a los 32 bienes inmuebles inscritos en nuestra Diócesis de los que no teníamos certeza de su pertenencia a la Iglesia, ha sido un lamentable error, por lo que estimamos oportuno publicar la identidad concreta de cada uno de esos bienes en esta comunicación, al fin de evitar interpretaciones y acusaciones del todo inadecuadas», añade.
Ya desde aquel momento, la versión no convenció en la Casa de los Capitanes. «Me resulta muy chocante la información que traslada el Obispado de Tenerife a este respecto, pero parece que es la tónica habitual de las declaraciones vinculadas a esta entidad religiosa», manifestó entonces el primer teniente de alcalde, Rubens Ascanio (Unidas).
Inmatriculaciones baratas
Una inmatriculación es la inscripción de una propiedad por primera vez en el Registro. Una ley impulsada por el expresidente José María Aznar (PP) le permitió a la Iglesia realizar 34.961 inmatriculaciones en toda España con solo una certificación eclesiástica y, en consecuencia, con un bajo coste. Aquella herramienta fue empleada por la citada entidad religiosa para registrar incluso propiedades que no eran suyas.
Un millar de casos (o más)
El Estado ha logrado ahora que la Iglesia admita que al menos un millar de esos 35.000 bienes son de otras personas o que no le consta que sean suyos. Se trata de lo que ha admitido la institución religiosa, aunque no se descarta que haya más casos.
