La interventora accidental del Ayuntamiento de La Laguna denunció ayer la falta de recursos que viene padeciendo este departamento –encargado de la fiscalización del gasto económico del Consistorio– para desarrollar su trabajo, así como que el área de Recursos Humanos ha desoído las peticiones planteadas para resolver el problema. La funcionaria se expresó en esos términos a preguntas del líder de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, al inicio de un pleno extraordinario que había solicitado el grupo de Coalición Canaria (CC) para requerir un cronograma de presentación de las auditorías de cumplimiento de diferentes ejercicios.
Nada más empezar la sesión, pidió Ascanio la palabra y preguntó si a la Intervención General le faltan recursos técnicos y si el Pleno es competente para adoptar los acuerdos que se planteaban. La interventora confirmó entonces el primer extremo: «Hemos pedido incesantemente desde hace mucho tiempo medios, especialmente de personal, a Recursos Humanos. Se solicitaron por parte del interventor anterior y nunca lo han hecho. No he visto una respuesta por parte de Personal para dotar de medios y poder realizar las funciones que legalmente tenemos que ejecutar».
Por su parte, la secretaria manifestó: «La adopción de acuerdos que se proponen podría incurrir, sin perjuicio de que se pueda ahondar en el examen jurídico de la propuesta, en nulidad de pleno derecho, al no ser competencia del órgano adoptar este tipo de acuerdo conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo». Y ahí terminó el pleno. Apenas habían transcurrido –lectura del manifiesto por el Día Internacional de la Mujer incluida– diez minutos desde el inicio. «Pues bien, teniendo en cuenta, como no puede ser de otra manera, la valoración tanto de la señora interventora como de la señora secretaria, y dado que el objeto de debate y votación no corresponde a este órgano en sesión plenaria propuesta por CC, doy por concluido y finalizado este pleno», cerró el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE).
«En el Ayuntamiento se ha producido hoy un atentando contra la democracia»
El regidor local se levantó y le siguieron algunos de sus compañeros del gobierno, mientras que el portavoz de CC, Jonathan Domínguez, solicitaba la palabra. «Esto es una ilegalidad como un castillo porque usted en un pleno lo que hace son acuerdos políticos; vamos a ir directamente al juzgado», advirtió, y lamentó que se estaba mermando el derecho de la oposición «a plantear decisiones políticas». La situación derivó en unas declaraciones del líder nacionalista a los medios de comunicación en los soportales del Ayuntamiento. «Desde el grupo municipal de CC no salimos de nuestro asombro con el atentado contra la democracia que se ha producido en el Ayuntamiento de La Laguna en el día de hoy», arrancó su intervención, y recordó que se iba a abordar «un tema de vital importancia para el municipio: la fiscalización de todos los gastos del Ayuntamiento».
«Tres años sin fiscalizar»
Domínguez destacó que la interventora había «reconocido que este Ayuntamiento lleva tres años sin fiscalizar las cuentas municipales». Y prosiguió: «Cuando el alcalde está continuamente en los medios de comunicación diciendo que su gestión es pulcra y totalmente acorde a la normativa, porque él no ha realizado ni un solo levantamiento de reparos, está mintiendo como un bellaco. ¿Por qué está mintiendo? Por la sencilla razón de que la Intervención acaba de reconocer hoy que no tiene herramientas para poder fiscalizar las cuentas».
Además, el nacionalista reprochó que el tripartito se levantase sin dar oportunidad a la oposición de intervenir. «Está claro que este grupo de gobierno no quiere responder en el Pleno municipal, y lo que nos obliga es a que nos responda a los juzgados», dijo, y puso como ejemplo que el arco plenario tampoco es competente «para hablar de Ucrania, de Israel o de un montón de cuestiones que están en el ámbito político».
«Se nos negó un turno de palabra que procedía al ser representantes de la voz ciudadana»
Jonathan Domínguez recurrió a un símil para explicar la situación de la fiscalización en el Consistorio lagunero: «Es como si estuviésemos jugando un partido de fútbol, tenemos un árbitro con un silbato y en cada una de las faltas pita, lo que significa que te ha puesto un reparo. El Ayuntamiento decide cambiar ese sistema, le quita el pito al árbitro y, a partir de ahí, cuando termine la temporada dirá cuántas faltas he cometido cuando haga la auditoría general. Ese es el sistema que tiene el Ayuntamiento desde 2019, cuando llegaron ellos al cargo; el problema es que llevamos tres años sin que el árbitro haga el resumen de las faltas». Es por eso que, afirmó, quieren que se realice esa auditoría «para saber cómo están las cuentas municipales».
El gobierno local remitió un comunicado en el que sostuvo que, «una vez escuchados los informes de la Intervención y de la Secretaría General del Pleno, el alcalde optó por levantar la sesión ya que en caso contrario podría estar incurriendo en una ilegalidad». También indicó en el texto que el regidor local «no puede permitir que el Pleno de la corporación vote un acuerdo que puede ser nulo de pleno derecho y suponga una grave infracción del ordenamiento jurídico», antes de añadir que la Ley establece que «tanto el calendario como los expedientes a auditar son una atribución exclusiva de la Intervención municipal, por lo que una decisión plenaria no puede interferir en las competencias de la Intervención». Y aseguró: «La secretaria tenía la obligación de convocar el Pleno para no obstruir los derechos fundamentales de los concejales de la oposición. Pero, una vez convocado, el alcalde no puede proponer al Pleno que se tome un acuerdo manifiestamente contrario al derecho».
«La interventora accidental les dice que no le dan medios; me parece vergonzoso»
Enfado de PP y Cs
El enfado no fue exclusivo de Coalición Canaria. El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) también criticaron lo ocurrido en la sesión plenaria de este martes. El líder de los populares, Manuel Gómez, mostró su sorpresa. «Se nos ha denegado ese turno de palabra que claramente procedía porque somos representantes de la voz ciudadana», afirmó, y lamentó que el Ayuntamiento carezca de los medios personales y económicos para realizar las auditorías.
Juan Antonio Molina (Cs) vio en lo sucedido «un hecho bastante complicado de entender». A su juicio, la decisión adoptada por la Secretaría debió tomarse en el momento de la convocatoria, no una vez iniciada la sesión. Además, observó una «falta de transparencia patente» y no descartó que se pudiera estar incurriendo en prevaricación «en caso de que así se pudiera investigar».
«Por otro lado, tenemos que quedarnos con un titular: les acaba de decir la interventora accidental que no le dan medios, y me parece que esto es vergonzoso, porque el Ayuntamiento tiene millones de euros de remanente, cerca de 40 en este año», expresó Molina, que agregó: «Se demuestra una vez más la inacción de este gobierno, que está dejando al Consistorio lagunero sin los funcionarios para poder desarrollar sus tareas más básicas y que está generando una indefensión al resto de fuerzas políticas».
