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Coalición exige la «dimisión inmediata» de los denunciantes del ‘caso Grúas’

Los nacionalistas instan a los concejales que denunciaron a que pidan disculpas tras el archivo | La formación les reclama que asuman los honorarios de los abogados

Santiago Pérez, Idaira Afonso, Rubens Ascanio, María José Roca y Juan Luis Herrera, denunciantes del ‘caso Grúas’. E. D.

Coalición Canaria (CC) de Tenerife exigió ayer a los denunciantes del denominado caso Grúas la «dimisión inmediata» de sus cargos y que pidan disculpas públicamente por el «intento de desprestigiar» al expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; al exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz; al exconcejal lagunero Antonio Pérez Godiño, y a dos técnicos municipales (Rosario Hernández y Alejandro Cordero).

Esto se produce después de que el jueves se conociese un auto de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de San Cristóbal de La Laguna, María Celia Blanco, en el que se decreta el sobreseimiento provisional del procedimiento. El caso se había judicializado en mayo de 2017 tras la denuncia interpuesta por el hoy concejal y senador socialista Santiago Pérez –entonces en las filas de Por Tenerife-Nueva Canarias– y el partido Unid@s se Puede.

«Los nacionalistas tinerfeños exigimos que los denunciantes pidan disculpas, además, por coherencia y por la mala imagen que han dado del municipio de La Laguna, ya que se ha demostrado que todo el caso fue orquestado de manera interesada para desprestigiar a los cargos nacionalistas», apuntó CC ayer en una nota de prensa. «Asimismo, desde CC de Tenerife se insta a que los honorarios de los abogados los paguen los denunciantes, y no los laguneros», añadió la formación.

Los nacionalistas tinerfeños mostraron, además, públicamente «su satisfacción por el sobreseimiento de la causa», ya que «pone a cada uno en su sitio, pero que no puede borrar los años de señalamiento interesado por parte de quienes acusaron con fines políticos y que han causado mucho pesar a los investigados y sus familias». La nota agrega: «Se confirma la solvencia de nuestros compañeros nacionalistas en su gestión al frente del Ayuntamiento, frente a la manipulación política de personas que hoy en día están al frente del gobierno municipal».

Entienden desde la citada organización política que «queda demostrado, además, que nunca ha habido caso y que la gestión del servicio municipal de grúas se ajustó, en todo momento, al ordenamiento jurídico vigente». En ese punto recordaron que «ya el Tribunal Supremo archivó la causa contra Fernando Clavijo por no apreciar ningún tipo de delito, al igual que ahora con Díaz y Pérez-Godiño, así como con funcionarios municipales».

En el auto, ante el que caben recursos de reforma y de apelación y que está fechado el pasado martes, la magistrada recoge: «Así entiendo que el señor Pérez-Godiño no dictó resolución injusta ni a sabiendas de su injusticia con los requisitos que exige el tipo penal: no respetar los procedimientos, ilegal de modo evidente, patente y flagrante, y con clara conciencia de arbitrariedad o ilegalidad».

En la misma línea se pronuncia sobre José Alberto Díaz, Rosario Hernández y Alejandro Cordero. Cita la magistrada en el escrito que «la posibilidad de prevaricación omisiva concurre en los casos en los que la autoridad o funcionario se vea impelido a dictar una resolución, bien porque exista una petición de un ciudadano y el silencio equivalga legalmente a una denegación de la petición, o bien porque exista una norma que imponga la adopción de una resolución». Y zanja: «Ninguna de estas dos condiciones concurren en este caso».

Ascanio anuncia que recurrirán

El líder de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, anunció ayer que recurrirán el sobreseimiento. «La Justicia es débil con el fuerte y fuerte con el débil», expresó, antes de insistir en que tiene «visos de delito claros y evidentes, y así lo han visto la Audiencia Provincial y la Fiscalía Anticorrupción». Ascanio, que es uno de los denunciantes del caso, continuó: «Evidentemente vamos a seguir recurriendo porque es un caso clarísimo de privatización de un servicio público, de colocar afines en la empresa a dedo y, además, de utilizar todos los recursos públicos para proteger el interés de la empresa, no el interés público». El actual primer teniente de alcalde lagunero afirmó en una visita al albergue que lo ocurrido «es una práctica mafiosa que, afortunadamente, creo que hemos ayudado a erradicar en Canarias y en los ayuntamientos». Preguntado por la petición de dimisión para los denunciados planteada por CC, indicó: «Entiendo que están enrabietados. Ellos ya no pueden colocar a afines. Tienen ese mono y esa ansiedad, y tal vez el problema que tienen es que deben tratarse la ansiedad con un poquito más de oposición».

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