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‘Caso grúas’ | Sobreseimiento provisional en los juzgados de La Laguna

La jueza archiva el 'caso Grúas' al entender que ninguno de los investigados prevaricó

El auto no aprecia delito en las actuaciones del exalcalde José Alberto Díaz, el exedil Antonio Pérez-Godiño y los técnicos Rosario Hernández y Alejandro Cordero

El concejal Antonio Pérez Godiño (centro), en los juzgados de La Laguna. E. D.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de San Cristóbal de La Laguna, María Celia Blanco, ha decretado el sobreseimiento provisional del procedimiento conocido como caso Grúas, que se seguía contra el exalcalde de Coalición Canaria (CC) José Alberto Díaz, el exconcejal de esa misma formación política Antonio Pérez-Godiño y los técnicos municipales Rosario Hernández y Alejandro Cordero.

La jueza considera que no existen indicios de prevaricación en los decretos que permitieron un préstamo de 120.000 euros a Autogrúas Poli con el objetivo de rescatar el servicio. Este auto judicial confirma por segunda vez la exoneración de cualquier tipo de responsabilidad penal de los hasta ahora implicados. El primero fue revocado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife al entender que la magistrada debía llamar como investigado a Cordero y que, además, no se había sustanciado el sobreseimiento para el resto de los investigados.

Ahora, y al igual que en el primer auto, la magistrada jueza se basa en la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), que archivó los cargos contra el senador de CC, Fernando Clavijo, para dar carpetazo nuevamente a este caso que se judicializó en mayo de 2017 tras la denuncia interpuesta por el hoy concejal y senador socialista Santiago Pérez –entonces en las filas de Por Tenerife-Nueva Canarias– y el partido Unidas se Puede.

El auto en el que se dicta el nuevo archivo, fechado el martes y ante el que caben recursos de reforma y de reposición, recoge que en este punto del procedimiento se investigaba «solo un posible delito de prevaricación administrativa». En concreto, la investigación sobre Díaz, Pérez-Godiño, Hernández y Cordero giraba en relación a dos decretos, ambos referidos a la prórroga de la concesión del servicio de grúas, uno firmado por el entonces alcalde, Fernando Clavijo, «en cuya virtud se levantan los reparos», y el otro rubricado por Antonio Pérez-Godiño, «que acuerda la prórroga, al haberse levantado los reparos».

Recuerda la jueza que, «ante la grave situación económica de la empresa concesionaria», y tras varios informes y escritos, se adopta la medida cautelar de intervención y asunción temporal de la ejecución directa del servicio y que se designaron dos interventores municipales. Estos últimos «pusieron en conocimiento la situación económica de la empresa, sus deudas, problemas con las tarjetas de transporte, el desequilibrio contractual existente por el que sería necesario variar las cláusulas iniciales de la concesión en cuanto a los trabajadores, vehículos y presupuesto anual y mensual». Asimismo, la magistrada cita el informe jurídico encargado a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna (ULL).

La jueza apunta que, a raíz de que los interventores advirtieron de que habría que examinar si convenía seguir con el servicio de las grúas en régimen de concesión administrativa, Rosario Hernández formuló una propuesta favorable a la prórroga, «pero no la de Autogrúas Poli, sino la enmarcada en la medida cautelar de intervención y asunción temporal del servicio por el Ayuntamiento». La intervención municipal planteó reparos, «fundamentalmente referidos a que Autogrúas Poli no cumple lo establecido en el pliego de condiciones». A continuación se informó a favor de la prórroga, se mantuvieron los reparos y, por decreto, el alcalde los levantó, para lo que fundamentó que «se hallaban no ante la prórroga de la concesión, sino ante una medida cautelar de intervención y asunción temporal directa, por lo que no le eran exigibles a esa fecha el cumplimiento de las condiciones de la adjudicación». Al día siguiente se dictó un decreto firmado por Antonio Pérez-Godiño en el que se acordó la prórroga.

«Nuevamente hemos de acudir a la existencia del dictamen de los catedráticos que sirvió de base a los dos decretos y que se integró en el expediente administrativo», apunta la magistrada, que entiende que Godiño dictó el decreto «como consecuencia lógica del decreto del día anterior en el que solo se levantaban los reparos a la concesión de la prórroga, luego era necesario acordar la misma». Y expone que, si se determinó por el Tribunal Supremo que el decreto inicial de Fernando Clavijo «no era un acto prevaricador», el de Pérez-Godiño, «consecuencia necesaria del anterior», tampoco.

«Así entiendo que el señor Pérez-Godiño no dictó resolución injusta ni a sabiendas de su injusticia con los requisitos que exige el tipo penal: no respetar los procedimientos, ilegal de modo evidente, patente y flagrante, y con clara conciencia de arbitrariedad o ilegalidad», indica.

En la misma línea se pronuncia sobre José Alberto Díaz, Rosario Hernández y Alejandro Cordero. Cita la magistrada en el escrito que «la posibilidad de prevaricación omisiva concurre en los casos en los que la autoridad o funcionario se vea impelido a dictar una resolución, bien porque exista una petición de un ciudadano y el silencio equivalga legalmente a una denegación de la petición, o bien porque exista una norma que imponga la adopción de una resolución». Y zanja: «Ninguna de estas dos condiciones concurren en este caso».

Coalición y el «caso no Grúas»

El secretario general de Coalición Canaria (CC) en La Laguna, Francisco José Hernández, se mostró ayer «muy satisfecho» por la publicación del auto con el sobreseimiento provisional de la causa, que viene a demostrar «que fue orquestado interesadamente para desprestigiar al expresidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo; al exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz; al exconcejal Antonio Pérez-Godiño y a funcionarios municipales». Entienden los nacionalistas que el escrito judicial «pone a cada uno en su sitio, pero que no puede borrar los años de señalamiento interesado por parte de quienes acusaron con fines políticos y que han causado mucho pesar a los investigados y sus familias». Añaden: «Queda demostrado que nunca ha habido caso». El secretario general de los nacionalistas consideró que «ahora tocaría que los acusadores salieran públicamente a pedir perdón por sus tropelías, tanto a quienes agraviaron como al propio municipio por judicializar la vida política».

  • Cronología

    30.05.2013

    Autogrúas Poli comunica al Ayuntamiento que no puede cumplir las condiciones del servicio por falta de financiación.

    28.01.2014

    La Junta de Gobierno acuerda intervenir el servicio.

    12.03.2014

    Los interventores designados para tutelar la gestión de la empresa solicitan al Ayuntamiento un anticipo de 120.000 euros para abonar deudas; la Intervención municipal se opone.

    18.06.2014

    El alcalde, Fernando Clavijo, levanta el reparo de la Intervención al crédito para Autogrúas Poli, con lo que la Junta de Gobierno lo concede seis días más tarde.

    08.07.2014

    El área de Seguridad del Consistorio lagunero propone prorrogar el contrato a Autogrúas Poli.

    30.07.2014

    La Intervención del Ayuntamiento formula un reparo con el que se opone a esa prórroga.

    26.08.2014

    El alcalde, Fernando Clavijo, levanta el reparo a la prórroga del servicio.

    18.05.2017

    Concejales de Unidos Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias en La Laguna presentan una denuncia por la gestión del servicio de grúas durante el mandato de Fernando Clavijo, que en ese momento ya es presidente del Gobierno de Canarias.

    15.06.2017

    El Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna sobresee la denuncia. A partir de ahí, y durante más de dos años, el caso pasa por distintas instancias judiciales.

    09.09.2019

    La defensa de Fernando Clavijo pide que la causa pase al Tribunal Supremo debido a su condición de senador.

    09.06.2020

    El Supremo archiva la causa contra Clavijo. Se seguía juzgando hasta ahora la actuación del resto de investigados.

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