La jueza archiva el 'caso Grúas' al entender que ninguno de los investigados prevaricó

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de San Cristóbal de La Laguna, María Celia Blanco, ha decretado el sobreseimiento provisional del procedimiento conocido como caso Grúas, que se seguía contra el exalcalde de Coalición Canaria (CC) José Alberto Díaz, el exconcejal de esa misma formación política Antonio Pérez-Godiño y los técnicos municipales Rosario Hernández y Alejandro Cordero.

La jueza considera que no existen indicios de prevaricación en los decretos que permitieron un préstamo de 120.000 euros a Autogrúas Poli con el objetivo de rescatar el servicio. Este auto judicial confirma por segunda vez la exoneración de cualquier tipo de responsabilidad penal de los hasta ahora implicados. El primero fue revocado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife al entender que la magistrada debía llamar como investigado a Cordero y que, además, no se había sustanciado el sobreseimiento para el resto de los investigados.

Segundo carpetazo al 'caso grúas'

Ahora, y al igual que en el primer auto, la magistrada jueza se basa en la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), que archivó los cargos contra el senador de CC, Fernando Clavijo, para dar carpetazo nuevamente a este caso que se judicializó en mayo de 2017 tras la denuncia interpuesta por el hoy concejal y senador socialista Santiago Pérez –entonces en las filas de Por Tenerife-Nueva Canarias– y el partido Unidas se Puede.

El auto en el que se dicta el nuevo archivo, fechado el martes y ante el que caben recursos de reforma y de reposición, recoge que en este punto del procedimiento se investigaba «solo un posible delito de prevaricación administrativa». En concreto, la investigación sobre Díaz, Pérez-Godiño, Hernández y Cordero giraba en relación a dos decretos, ambos referidos a la prórroga de la concesión del servicio de grúas, uno firmado por el entonces alcalde, Fernando Clavijo, «en cuya virtud se levantan los reparos», y el otro rubricado por Antonio Pérez-Godiño, «que acuerda la prórroga, al haberse levantado los reparos».

Recuerda la jueza que, «ante la grave situación económica de la empresa concesionaria», y tras varios informes y escritos, se adopta la medida cautelar de intervención y asunción temporal de la ejecución directa del servicio y que se designaron dos interventores municipales. Estos últimos «pusieron en conocimiento la situación económica de la empresa, sus deudas, problemas con las tarjetas de transporte, el desequilibrio contractual existente por el que sería necesario variar las cláusulas iniciales de la concesión en cuanto a los trabajadores, vehículos y presupuesto anual y mensual». Asimismo, la magistrada cita el informe jurídico encargado a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna (ULL).

La jueza apunta que, a raíz de que los interventores advirtieron de que habría que examinar si convenía seguir con el servicio de las grúas en régimen de concesión administrativa, Rosario Hernández formuló una propuesta favorable a la prórroga, «pero no la de Autogrúas Poli, sino la enmarcada en la medida cautelar de intervención y asunción temporal del servicio por el Ayuntamiento». La intervención municipal planteó reparos, «fundamentalmente referidos a que Autogrúas Poli no cumple lo establecido en el pliego de condiciones». A continuación se informó a favor de la prórroga, se mantuvieron los reparos y, por decreto, el alcalde los levantó, para lo que fundamentó que «se hallaban no ante la prórroga de la concesión, sino ante una medida cautelar de intervención y asunción temporal directa, por lo que no le eran exigibles a esa fecha el cumplimiento de las condiciones de la adjudicación». Al día siguiente se dictó un decreto firmado por Antonio Pérez-Godiño en el que se acordó la prórroga.

«Nuevamente hemos de acudir a la existencia del dictamen de los catedráticos que sirvió de base a los dos decretos y que se integró en el expediente administrativo», apunta la magistrada, que entiende que Godiño dictó el decreto «como consecuencia lógica del decreto del día anterior en el que solo se levantaban los reparos a la concesión de la prórroga, luego era necesario acordar la misma». Y expone que, si se determinó por el Tribunal Supremo que el decreto inicial de Fernando Clavijo «no era un acto prevaricador», el de Pérez-Godiño, «consecuencia necesaria del anterior», tampoco.

«Así entiendo que el señor Pérez-Godiño no dictó resolución injusta ni a sabiendas de su injusticia con los requisitos que exige el tipo penal: no respetar los procedimientos, ilegal de modo evidente, patente y flagrante, y con clara conciencia de arbitrariedad o ilegalidad», indica.

En la misma línea se pronuncia sobre José Alberto Díaz, Rosario Hernández y Alejandro Cordero. Cita la magistrada en el escrito que «la posibilidad de prevaricación omisiva concurre en los casos en los que la autoridad o funcionario se vea impelido a dictar una resolución, bien porque exista una petición de un ciudadano y el silencio equivalga legalmente a una denegación de la petición, o bien porque exista una norma que imponga la adopción de una resolución». Y zanja: «Ninguna de estas dos condiciones concurren en este caso».

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