La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de San Cristóbal de La Laguna, María Celia Blanco, ha decretado el sobreseimiento provisional del procedimiento conocido como Caso grúas que se sigue contra el exalcalde de Coalición Canaria, José Alberto Díaz, así como contra el edil de la misma formación nacionalista, Antonio Miguel Pérez Godiño, y la técnico de Seguridad Rosario Hernández Eugenio.

La jueza considera que "no existen indicios de prevaricación en los dos decretos que permitieron un préstamo de 120.000 euros a la empresa Grúas Poli con el objetivo de rescatar el servicio de retirada de vehículos municipal.

Este auto judicial, que ha adelantado hoy Radio Club Tenerife, confirma por segunda vez la exoneración de los ediles de cualquier tipo de responsabilidad penal.

El primero fue revocado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife al entender que la magistrada debía llamar como investigado al técnico municipal Alejandro Cordero Díaz y que, además no se había sustanciado el sobreseimiento del resto de los investigados.

Ahora, y al igual que en el primer auto, la magistrada jueza se basa en la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que archivó los cargos contra el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, para dar carpetazo, nuevamente a este caso que se judicializó en mayo de 2017 tras la denuncia interpuesta por el hoy concejal y senador socialista Santiago Pérez -entonces en las filas de Por Tenerife- y Unidos se Puede.