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El Ayuntamiento de La Laguna otorga a las 119 Viviendas tres años más de ayudas al alquiler

La Junta de Gobierno aprueba la continuidad del convenio y una dotación de 330.000 euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó ayer la propuesta de Bienestar Social para garantizar la continuidad del programa de ayudas al alquiler del que se benefician las familias con dificultades económicas del grupo de las 119 Viviendas, unos inmuebles protegidos del barrio de San Matías. Se trata de una medida que implicará destinar 331.185 euros para los ejercicios de 2021, 2022 y 2023 y «con la que se da cumplimiento al nuevo convenio con Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) para el citado trienio».

«Este nuevo acuerdo, que otorga seguridad jurídica a todas las partes y mantiene las condiciones para los beneficiarios, se ratifica en los informes de los servicios sociales municipales, del Servicio de Presupuestos municipal y de Muvisa, y cuenta con una valoración económica que se ha estimado en 110.395 euros cada año», manifestaron desde el Consistorio a través de una nota de prensa remitida ayer. La institución abonará a Visocan las ayudas, tras la pertinente revisión anual, con el fin de que las subidas de precios no afecten a estas personas en situación de precariedad económica y en riesgo de exclusión social, que mantendrán la vivienda abonando un mínimo mensual de 50 euros.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), señala que con este acuerdo «damos cumplimiento al compromiso que adquirimos en su día con los vecinos de las 119 Viviendas de San Matías para garantizar que puedan seguir contando con un hogar digno, en nuestra política de atender de manera prioritaria las necesidades sociales en el municipio». El regidor local valoró el trabajo desarrollado desde Bienestar Social «a la hora de atender las necesidades habitacionales de estas personas y hacer posible la continuidad de este programa de ayudas al alquiler».

Por su parte, el concejal de Bienestar, Rubens Ascanio (Unidas), recuerda que esta situación parte del «riesgo de desahucio de familias de esa promoción, que, tras un acuerdo plenario del pasado mandato, se optó por resolver con este convenio en el que se apuesta por la intervención social y en la colaboración con las familias que desean firmar esta ayuda».

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