El alcalde confía en que la Justicia falle contra el club Charco de la Arena

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, mostró ayer su confianza en que la Justicia fallará contra el club Charco de la Arena en su intento de prorrogar la concesión para ocupar 810 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre. Se trata de una instalación privada enclavada en mitad del camino La Costa, la pista de tierra por el litoral de la Punta del Hidalgo. El regidor local afirmó que la entidad ha acudido al Tribunal Supremo (TS) después de que la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, denegase el pasado mes de marzo la solicitud.

«Básicamente, lo que hay es una comunicación por parte de la dirección del club. Han recurrido al Supremo. Estamos pendientes de la resolución de ese recurso. Entendemos que finalmente ganará el sentido común», expresó el regidor local en declaraciones a los medios durante la visita de este miércoles a la Punta del Hidalgo junto al consejero regional de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, y varios miembros del gobierno lagunero. «Es un espacio natural, que tiene que ser utilizado por todos y para todos los vecinos que nos visiten; lo que no puede ser es que solamente puedan disfrutar de este espacio unos pocos socios», manifestó, antes de agregar: «Estoy convencido de que la Justicia nos dará la razón y, así, recuperarlo para los vecinos del municipio y para quien nos visite en cualquier momento del año».

Como se recordará, Costas aseguró en el escrito en el que liquidó el permiso al club privado Charco de la Arena que la sociedad cometió «numerosos incumplimientos» desde que recibió la concesión el 17 de julio de 1964, que «conllevarían la caducidad» de la autorización. La pequeña estación depuradora para tratar las aguas negras que genera el club está en una ubicación que «incumple» la Ley de Costas, la autorización de los vertidos caducó «por el estado de abandono de la construcción», el restaurante tampoco cumple con la Ley de Costas y los muros de cerramiento «suponen un impedimento» para el uso de las piscinas naturales de forma pública y gratuita, lo que también supone «el incumplimiento de la ley 22/1988», según se recoge en el citado documento.

Además, la instalación «interrumpe la servidumbre de tránsito» y «la Sociedad Recreativa Piscina el Charco de la Arena carece de personalidad jurídica y, por tanto, no puede ser titular de una concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre» conforme a la normativa nacional. La resolución de Costas también observa un incumplimiento en la duración original de la concesión que se dio en el año 1964, de 99 años. Es decir, teóricamente habría acabado en 2063, lo cual es imposible con la ley de costas en vigor. «Cuando la Ley 22/1988 entró en vigor, estableció un plazo máximo que fijó en 30 años para el otorgamiento de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, por lo que la vigencia de la concesión objeto de esta tramitación finalizó el 29 de julio de 2018, en vez de los 99 años establecidos inicialmente en la orden ministerial de otorgamiento de la concesión», aclara el escrito del departamento del Ministerio para la Transición Ecológica. A las irregularidades anteriores se suman los vertidos de agua sin tratar a la costa lagunera.

Estudio de las fincas

El alcalde dijo ayer que tienen conocimiento de que hubo propietarios de fincas que en el pasado se apropiaron de suelo público. «Tenemos que estudiar cada una para saber si eso es contrastable y solicitar que esos espacios que han sido ocupados sean devueltos al conjunto de la costa de La Punta», expresó, antes de apuntar que desde la Gerencia de Urbanismo se está llevando a cabo desde hace varios meses esa labor. «No lo podríamos todavía trasladar a la ciudadanía», respondió al ser preguntado por una estimación de los metros afectados.