Unas 250 familias de La Laguna se encuentran inmersas en procesos de desahucios, la mayoría abiertos por los fondos buitre, grupos de inversores que compran viviendas a muy bajo precio –generalmente a los bancos– para luego especular con ellas y sacarles el mayor beneficio. Rubens Ascanio, concejal de Bienestar Social de La Laguna por Unidas Se Puede, califica el problema de “muy grave” y aclara que se agrava por “la nula predisposición a negociar” de estos inversores. “Estos fondos han rehusado una y otra vez dialogar y dar una salida a estas familias, en colaboración con el Ayuntamiento. Son vecinos que lo están pasando muy mal y que carecen en muchos casos de medios económicos. Parece que este tipo de situaciones no les interesa en absoluto, solo incrementar sus propiedades vacías”, detalla.
Estas 250 familias han recibido algún tipo de atención por parte del Ayuntamiento lagunero pero la actitud de los fondos buitre impide en la mayoría de los casos una solución. Los últimos casos afectan a cuatro viviendas, tres de San Matías y una de Princesa Iballa (La Cuesta), cuyos residentes afrontan un desahucio inminente. Detrás están dos de los fondos buitre que más operan en Canarias: Coral Homes y Buildingcenter. “No es que no quieran negociar alternativas para estas familias; es que simplemente no contestan. Y mire que lo hemos intentado... A estos fondos no les interesa lo mal que pueda estar pasándolo la gente afectada por los desahucios”, detalla Rubens Ascanio. El responsable del área social del Ayuntamiento lagunero admite su impotencia ante la situación que sufren las 250 familias laguneras que pueden perder sus casas en los próximos meses.
El margen de maniobra, sin embargo, es “muy escaso”, asegura Ascanio. “A pesar de todo el esfuerzo que estamos desarrollando, incrementando un 250% los recursos alojativos de emergencia, con proyectos de rescate de viviendas propios y planteando grandes inversiones en esta materia desde el Ayuntamiento, la realidad que afrontamos es muy dura”. Es la consecuencia, según el concejal de Bienestar Social, de que “Canarias estuviera entre 2012 y 2020 sin plan de vivienda, sin hacer una sola vivienda social nueva y sin plantear políticas sobre este tema”.
El Plan de Canarias 2020-2025
Para resolver estos años de parón, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias prevé construir 1.440 casas de protección oficial hasta 2025 para ofrecerlas en régimen de alquiler público o privado en Tenerife y aliviar la gran demanda. La Isla cuenta con 7.959 personas solicitantes de vivienda, por lo que este programa deja sin cubrir las necesidades de 6.519 solicitantes. Rubens Ascanio puntualiza que para La Laguna hay previstas 164 en este Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, una cifra que aunque supone un avance se queda corta ante la gran demanda que existe en el municipio. Tal y como explica el concejal de Unidas Se Puede, en La Laguna hay 2.300 familias que aguardan por una casa con precios razonables adaptados a sus limitadas economías.
Estos demandantes se topan con otro problema, aparte de la falta de techos disponibles: los elevados precios del mercado inmobiliario privado. Alquilar una vivienda en Tenerife es cada vez más complicado. Los bajos salarios de los tinerfeños y los altos precios del arrendamiento de una casa hacen cada vez más inaccesible el mercado inmobiliario del alquiler para quienes no quieren o no pueden comprar una casa.
Un 60% del sueldo
Según los últimos estudios, los tinerfeños gastan más del 60% de su salario en pagar el alquiler. Con el sueldo medio más bajo de España (1.281 euros), los isleños deben lidiar con encontrarse en la sexta comunidad más cara para vivir en alquiler, con un precio medio de 806 euros al mes. “Es brutal. No se puede destinar tanto dinero a una vivienda, y menos en economías muy limitadas”, critica Rubens Ascanio.
Ascanio deja claro que, en el marco de las competencias municipales, el Ayuntamiento está haciendo “un gran esfuerzo” en la búsqueda de soluciones, a través de recursos alojativos de emergencia, negociaciones con las partes para evitar que los vecinos se vayan a la calle o ayudas sociales de todo tipo. “Pero estamos hablando de muchos años de parálisis en la construcción de vivienda pública y de una crisis social muy importante”, concluye.
