Este es el momento en que se presentó la denuncia del caso grúas en 2017, archivada 4 años después por el Supremo. De izquierda a derecha: Santiago Pérez, Idaira Afonso, Rubens Ascanio, María José Roca y Juan Luis Herrera. Solo el último no sigue este mandato en el Ayuntamiento.

Coalición Canaria (CC) exige que los cinco denunciantes del caso grúas paguen de su bolsillo los 55.000 euros que gastó Fernando Clavijo, exalcalde de La Laguna, por la defensa jurídica de un procedimiento que archivó el Tribunal Supremo en junio de 2020 –sin ni siquiera llegar a juicio– al no hallar ningún indicio de delito en la actuación del que también fue presidente del Gobierno de Canarias por CC.

Los denunciantes son cuatro concejales que hoy forman parte del gobierno lagunero y que cuando presentaron la denuncia, el 18 de mayo de 2017, estaban en la oposición. Son Santiago Pérez, que en 2017 representaba a Por Tenerife-Nueva Canarias y hoy es responsable de Urbanismo bajo las siglas de Avante y el PSOE; Rubens Ascanio, actual edil de Bienestar Social por Unidas Se Puede; María José Roca, concejala de Comercio y Turismo por Unidas Se Puede; e Idaira Afonso, en la actualidad concejala de Igualdad también por Unidas Se Puede. El quinto denunciante, Juan Luis Herrera Pérez, ya no está en el Ayuntamiento tras ser concejal en el pasado mandato representando a Por Tenerife-NC.

José Alberto Díaz, portavoz del grupo de CC en el Consistorio de Aguere, exigió ayer mediante un escrito enviado al alcalde, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, que sean Santiago Pérez, Rubens Ascanio, María José Roca, Idaira Afonso y Juan Luis Herrera quienes “asuman sus responsabilidades” por promover una denuncia “orquestada con el objetivo claro” de acabar con un rival político y se hagan cargo de los gastos jurídicos de Fernando Clavijo, máxime cuando el alto tribunal no observó el menor indicio para acusar de delito alguno al exalcalde nacionalista.

Díaz lo solicitó después de que se confirmara que el Ayuntamiento ha aceptado hacerse cargo de los gastos de defensa de Fernando Clavijo, tal y como concluye un informe del área de Presidencia y Planificación, una noticia adelantada por el digital Canarias Ahora y corroborada por el Ayuntamiento lagunero. “Quien debe pagar las consecuencias del archivo de esta causa manifiestamente orquestada con el objetivo claro de acabar con la organización política a la que represento no son los laguneros, sino los denunciantes”, asegura el portavoz de CC en el escrito.

Según José Alberto Díaz, la ciudadanía lagunera “no inició este proceso”, por lo que entiende que “no es de recibo que pague con sus impuestos las costas de la defensa de los cargos públicos y funcionarios”. “Los denunciantes deben asumir sus responsabilidades”, pues Díaz considera que causaron “un daño moral irreparable, no solo a los denunciados, sino a la propia ciudad de La Laguna”. “Ha quedado claro que no buscaban justicia, solo un protagonismo mediático con el fin de deslegitimar a los gobiernos de Coalición Canaria”.

El 9 de junio de 2020 se conocía la resolución del Tribunal Supremo sobre el caso grúas, un procedimiento sobre el expediente administrativo del servicio de recogida de vehículos de las calles de La Laguna entre los años 2003 y 2015. Tres magistrados de la Sala II concluyeron que Fernando Clavijo, que durante el periodo investigado fue primero concejal y luego alcalde de La Laguna, no cometió ningún delito en sus esfuerzos por salvar a la empresa concesionaria del servicio, de manera además que no conllevase gastos extras a las arcas públicas.

El fallo del Supremo daba carpetazo a más de tres años de “continuos ataques” a Fernando Clavijo y otros líderes de CC por parte de los denunciantes –llegaron a comparar a Clavijo con Vito Corleone, personaje ficticio de la mafia italiana en la saga cinematográfica de El Padrino–, como recordó José Alberto Díaz. También llegó tras decisiones judiciales controvertidas que hicieron que Clavijo se presentara a las elecciones de mayo de 2019, como candidato a la Presidencia del Gobierno canario, con la imputación de los delitos de prevaricación y malversación.

Una jueza y dos fiscales habían pedido antes el archivo de la causa –uno de esos dos informes del Ministerio Público no se añadió al procedimiento– al no hallar indicios de delito pero la intervención de la Audiencia Provincial y la irrupción de la Fiscalía General del Estado y Anticorrupción alargaron la imputación de Clavijo hasta después de los comicios, lo que provocó un grave perjuicio a la candidatura nacionalista.

Santiago Pérez volvió a denunciar a Fernando Clavijo y otros líderes de CC en un nuevo procedimiento que a diferencia del de las grúas sigue abierto, el caso reparos, sobre la prórroga de contratos de servicios con el levantamiento de los reparos del interventor.