El Charco de la Arena era una de las mejores piscinas naturales de Tenerife. La pileta formada por coladas de lava era la mayor y de aguas más tranquilas de esta agreste costa lagunera y una de las que tenía más arena negra. En los salientes se cogía abundante pescado y el acceso era sencillo, en mitad de un camino llano de tierra de 2 kilómetros que recorre el litoral de la localidad lagunera de Punta del Hidalgo, entre Las Furnias y la ermita de San Juanito. Los punteros lo sabían muy bien. La habían disfrutado desde niños tantas veces. De ahí que nadie se extrañara en el pueblo de que una persona tan influyente como Sergio González Machado eligiera precisamente el Charco de la Arena, a principios de la década de los 60, para promover un recinto privado. El club de los ingenieros lo llamaban. Ingenieros como González Machado.

Los punteros comprendieron la elección pero ninguno estaba de acuerdo: el charco era de todos. Todo empezó cuando otro ingeniero, Pedro de Arce y Rueda, registra el 14 de julio de 1962 el proyecto de piscina en la zona marítimo-terrestre de Charco de la Arena y el arquitecto Félix Sáenz firma un año después –28 de mayo de 1963– el proyecto de bar y restaurante asociado. Los acontecimientos se precipitan: una orden ministerial del 17 de julio de 1964 –en pleno régimen franquista– otorga una concesión a Sergio González Machado para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y tres años después (1967) se levanta el primer acta de reconocimiento de las obras. A partir de ahí y hasta hoy solo han podido acceder a este privilegiado charco urbanizado los socios del club –hoy son 200– e invitados. Y desde hace unos años, quien pague 10 euros por día. El acceso solo es libre al restaurante para consumir.

“Hasta que llegaron los muros”

“Es increíble que el Charco de la Arena haya permanecido tanto tiempo, 57 años, con un uso tan restringido. Y así sigue”. Lo asegura Loli Hernández, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Costa de La Laguna. No lo entienden ni ella, ni los integrantes del gobierno municipal de La Laguna, ni las asociaciones ecologistas, ni muchos punteros que “tanto se bañaban y pescaban en el charco hasta que llegaron los muros”, como recuerda Hernández. Y menos lo entienden después de haber analizado la contundente resolución de la Dirección General de la Costa y el Mar que acaba de dar un vuelco al caso. El informe tiene fecha del 3 de marzo pero se hizo público el 22 días después: el departamento del Ministerio para la Transición Ecológica pone fin al permiso excepcional al club Charco de la Arena y ordena a sus responsables demoler todas las instalaciones privadas, incluido el restaurante, que se eleva sobre la piscina gracias a unos pilares y que nunca ha tenido licencia de apertura. Debe devolver la zona a su estado natural.

La resolución del organismo público que gestiona la costa española enumera tal cantidad de incumplimientos que por eso muy pocos entienden ahora que el uso privado de este espacio se haya prolongado tanto tiempo. Para empezar, la concesión ministerial acotaba la ocupación a 810 metros cuadrados. El club ocupó, sin embargo, 7.170 metros cuadrados, 9 veces más de lo permitido, superficie que equivale a un campo de fútbol. El restaurante, por ejemplo, tenía autorización para 456 metros cuadrados pero ocupó 606; se construyeron vestuarios no previstos de 150 metros cuadrados y se transformó la piscina natural en 3.180 metros cuadrados, cuando la superficie autorizada era de 589.

La concesión, además, se dio “en precario”, siempre según el dictamen de Costas, lo que quiere decir que se toleró la posesión sin un título o convenio que regulara de forma precisa el uso privado. Y así siguió un permiso cuya titularidad recae entre 1964 y 1989 en la persona de Sergio González Machado y en 1989 la traspasa a la comunidad de bienes Sociedad Recreativa Piscina Charco de la Arena, de la que González Machado también forma parte. Pero hay mucho más. La concesión se mantuvo pese a cuatro informes negativos de la Dirección General de Costas, pese a las numerosas advertencias de que los procedimientos quedaban sin culminarse en la demarcación isleña de Costas y pese a que la sociedad carecía de la personalidad jurídica para la ocupación del dominio-público marítimo terrestre.

Los informes técnicos contrarios comenzaron a sumarse al expediente casi desde el principio. El primero llegó apenas dos años después de aprobarse la concesión, el 10 de julio de 1966, y aparece en el acta de reconocimiento de las obras. “El acta hace constar que las obras no se adaptan a los proyectos presentados para la solicitud de la concesión”, asegura el documento. Como consecuencia de ese informe negativo de Costas llega el primer intento de suspender la concesión, cuando apenas tiene tres años. “El 31 de octubre de 1967 se deniega la aprobación del acta de reconocimiento de las obras y se ordena a la Jefatura Provincial de Costas de Canarias iniciar el expediente de caducidad de la concesión, debiendo dar audiencia al concesionario”.

El club presenta alegaciones e intenta legalizar las obras –lo logra solo con unos trabajos para proteger el recinto de las olas– pero los procedimientos se quedan en un limbo cuando llegan a la delegación tinerfeña de Costas, pese a que los dictámenes de la Dirección Nacional son taxativos. Ocurre tanto en esa ocasión como en el segundo intento de suspensión. El 22 de noviembre de 1990, la Dirección General de Costas insiste: “Se deniega la legalización de la concesión y se ordena el desmantelamiento de las instalaciones no recogidas en la concesión”. Vuelve a la carga en 1992, 2002 y 2005 pero los expedientes encallan en la jefatura tinerfeña de Costas y en una suerte de statu quo. En 2005, la misma jefatura remite un informe para la legalización del club. “No hay constancia de la existencia de una resolución de adaptación de las condiciones en que se mantiene la concesión”, reitera Costas en Madrid.

El giro de la Ley de Costas

En medio de todo este proceso se produce un gran cambio legal, cuando en 1988 –durante el Gobierno socialista de Felipe González– se aprueba la Ley de Costas. El endurecimiento de las condiciones para utilizar de forma restrictiva el dominio público marítimo-terrestre –la orilla, que se blinda para que sea pública en todo el país– afecta de lleno a la sociedad Charco de la Arena. Mantiene la concesión pero Costas le recuerda que con la nueva ley su duración es de un máximo de 30 años, no 99 como se contemplaba en 1964. Además, el completo cerramiento del club a través de un muro perimetral vulnera la nueva Ley porque impide el paso al charco, lo cual está terminantemente prohibido. El muro sigue hoy en el mismo sitio en el que se levantó y continúa impidiendo el paso a cualquier persona que quiera acceder a la piscina.

La magua por volver a disfrutar del Charco de la Arena llevó a muchos punteros a celebrar la última orden de Costas, del día 25, de demoler todo el club y devolver la piscina a su estado natural. Lo festejaron, sin embargo, con incredulidad y discreción. Incredulidad porque ya ha habido otras órdenes parecidas que no se han cumplido y porque el club ya ha anunciado que va a recurrir ante los tribunales, por lo que el proceso previsiblemente se puede alargar. Y discreción porque todavía hay resistencia en Punta del Hidalgo a hablar del club de los ingenieros. “Estamos muy contentos porque ese charco era de todo el mundo, no de unos pocos. Pero vamos a ver qué pasa. Prefiero que no ponga mi nombre. Esto es un pueblo chico”, aseguró un pescador consultado por este periódico, una respuesta idéntica a la que dieron otros cinco vecinos.

Loli Hernández, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Costa de La Laguna, asegura que esa reticencia viene “de la dictadura franquista” y “ha permanecido pese al tiempo y los cambios”. “Los socios que promovieron el club eran en su mayoría personas influyentes, con importantes posesiones y contactos. Pero le puedo asegurar que la mayoría de punteros quiere que ese charco se recupere para el uso público”, subraya. Eran tiempos sin consciencia verde. Esa autorización ministerial vino del mismo régimen que en 1971, en el ocaso del franquismo, introdujo ejemplares de muflón en el Parque Nacional del Teide para la caza. El muflón es hoy un serio problema para la conservación de la flora endémica del espacio protegido.

Idaira Afonso, concejala de Unid@s Se Puede en el gobierno lagunero, coincide con Loli Hernández en la importancia del contexto para analizar el expediente, sobre todo en el hecho de que la concesión se diera en tiempos de dictadura. “Nuestro papel ha sido luchar por recuperar esa parte de la costa y de hecho promovimos una moción en ese sentido aprobada en un pleno”. Esta formación política llevó en su programa electoral de 2019 la recuperación pública de este espacio. La Plataforma, Unid@s Se Puede y otras organizaciones –como la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN)– tomaron parte en el procedimiento abierto el 5 de marzo de 2018 para abordar la prórroga del permiso.

En realidad, la denegación de la prórroga a la sociedad del Charco de la Arena no se adoptó el pasado 3 de marzo. Se resolvió el 16 de noviembre de 2020 como conclusión al procedimiento abierto en 2018. Pero la sociedad recreativa recurrió. Alega que la autorización tiene vigencia hasta 2039 –cuando Costas defiende que caducó el 29 de julio de 2018 en aplicación de la Ley de Costas–, que la apoyan actos realizados por el Servicio Provincial de Costas, que la sociedad sí tiene personalidad jurídica para tener el permiso y que los desajustes urbanísticos se pueden regularizar.

La comunidad de bienes la preside desde 2014 un sobrino del ingeniero que la promovió: el abogado Pablo González Machado. Asegura que la sociedad tiene 200 socios, prefiere no informar sobre el valor actual de cada acción –hace unos años rondaba los 3.000 euros– y no está muy de acuerdo con que la llamen club privado. “Cualquiera puede entrar”, aclara. Eso sí, admite que para usar las piscinas y los vestuarios hay que pagar 10 euros al día. No siempre fue así. En su resolución definitiva del 3 de marzo en la que rechaza las alegaciones de la sociedad recreativa, la Dirección General de la Costa y el Mar aduce, como uno de los argumentos para ordenar el derribo de las instalaciones, que durante muchos años no se dejaba pasar a nadie, ni siquiera pagando una entrada como ocurre en la actualidad.

A la sociedad solo le quedan dos alternativas para prorrogar la concesión y evitar el alto coste de la demolición de todo el recinto, después de que Costas haya dado por finalizada la vía administrativa: interponer un recurso de reposición ante la ministra de Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, o recurrir a la justicia, en este caso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Pablo González Machado y su directiva han elegido la vía judicial. “Poseemos documentos que acreditan que tenemos derecho a mantener la concesión. Y vamos a ejercer ese derecho en los tribunales”, advierte el sobrino de Sergio González Machado, quien cree que la resolución de Costas está llena de conclusiones erróneas o inexactas.

“Una de las mejores noticias”

Para el alcalde de La Laguna, la resolución de Costas es “una de las mejores noticias” que ha recibido en sus dos primeros años de mandato. Aparte de por recuperar un espacio natural para el uso de todos los laguneros, Luis Yeray Gutiérrez lo asegura sobre todo por el gran valor natural del Charco de la Arena y su entorno. Muchas especies de aves visitan esta parte del litoral puntero y la rasa intermareal esconde un mundo lleno de vida. Toda la costa de la Punta se caracteriza por la biodiversidad de su plataforma volcánica, que se adentra en el mar un kilómetro. Cuando baja la marea, queda al descubierto esa extensa plataforma rocosa esculpida por la erosión del mar y numerosas especies de animales –anémonas, erizos, esponjas, crustáceos, moluscos, peces– y algas que encuentran allí un hábitat ideal.

La idea del gobierno lagunero (PSOE, Unid@s se Puede, Avante) es devolver a su estado original el Charco de la Arena y proteger su riqueza natural. Plantea además actuar en ese sendero costero que pasa por el club privado, situado en una zona pública de servidumbre de paso, para dotarlo de servicios –baños, aparatos para hacer deporte, accesos a los charcos, merenderos– de forma que no causen impacto. El Charco de la Arena volvería así a la década de los 50, cuando según recuerda ATAN “éste fue el mejor charco de Punta del Hidalgo, grande y con fondo de arena”.