El gobierno lagunero ha recibido un tirón de orejas por no facilitar información a la oposición, en concreto al grupo municipal de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento. El Comisionado de Transparencia, dependiente del Parlamento de Canarias, ordena el equipo de gobierno municipal facilitar a CC el expediente del contrato municipal de recogida de residuos después de desoír hasta en tres ocasiones las reclamaciones de información de los nacionalistas. Asimismo, el órgano que dirige Daniel Cerdán insta al Consistorio a que “cumpla con el procedimiento para el acceso a la información pública” establecida por la Ley de Transparencia de Canarias. Si el Ayuntamiento desatendiera con reiteración los requerimientos del Comisionado podría cometer “una infracción grave o muy grave”.
José Alberto Díaz, concejal del Grupo Municipal de CC en La Laguna, pidió a través de los conductos reglamentarios en tres ocasiones –20 de enero, 20 de febrero y 2 de marzo de 2020– copia del expediente del contrato de residuos, el más caro del Ayuntamiento de La Laguna y que salió a concurso en enero por un montante de 185 millones de euros por 8 años prorrogables a dos más. También pidió los otros expedientes relacionados con este contrato. Después de meses sin recibir respuesta, Díaz denunció la opacidad municipal el 10 de noviembre de 2020. Cuatro meses después, el Comisionado de Transparencia estima la reclamación del nacionalista y da al gobierno lagunero 15 días para facilitarle la documentación.
Obligado a ser transparente
“El gobierno municipal está obligado a ser transparente y facilitar información a los grupos de la oposición”. Sin embargo, José Alberto Díaz critica que “ese no ha sido su comportamiento tanto en el caso del contrato de recogida de residuos como en otros seis”. El concejal de CC y exalcalde de La Laguna en el pasado mandato quiere saber, en base a su derecho de fiscalización de la gestión municipal, “por qué un jefe de servicio relacionado con el concurso de este contrato fue cesado y se contrató a una empresa externa para revisar el pliego de condiciones”. Díaz recuerda que el gobierno local que dirigió en el pasado mandato “confeccionó y entregó al departamento correspondiente” la documentación de la nueva licitación. “Quiero revisar el expediente, porque es mi obligación y porque tengo todo el derecho a acceder a esa documentación como concejal”, remarcó el exalcalde.
Un contrato de 185 millones
El Comisionado de Transparencia del Parlamento de Canarias recuerda al equipo de gobierno lagunero en su resolución que o bien accede a la petición de CC o interpone un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Mientras Díaz sigue a la espera de una respuesta municipal, ya se conocen los cuatro proyectos que aspiran a llevar el contrato de 185 millones de euros: la unión temporal de empresas ASU-Torrabonaf, Urbaser, Valoriza Servicios Medioambientales y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
