“Es una de las mejores noticias que he recibido este mandato”. El socialista Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, celebra la resolución de la Dirección General de la Costa y el Mar de acabar con el uso privado de una parte del litoral de Punta del Hidalgo. Luis Yeray se refiere al club privado Charco de la Arena, situado en el sendero costero de la Punta entre el faro y la ermita de San Juanito, que ha perdido la concesión administrativa para el uso del dominio público marítimo-terrestre, que en España solo se puede acotar al uso privado con un permiso extraordinario. Es lo que ha ocurrido con esta instalación durante los últimos 57 años hasta que el departamento estatal ha puesto fin a este uso restrictivo.

La Dirección General de la Costa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, acaba de comunicar que rechaza la solicitud de la sociedad recreativa que gestiona este espacio de prorrogar la concesión para el uso privado de las piscinas naturales, un restaurante y espacios para tomar el sol por “numerosos incumplimientos”. Además, obliga a la sociedad a derribar todas las construcciones y dejar estas piscinas naturales tal y como estaban antes de recibir la concesión el 17 de julio de 1964.

La decisión de Costas es una gran noticia porque supone la recuperación de un espacio costero para el disfrute de todos los ciudadanos y porque permitirá rehabilitar un espacio de gran importancia para la biodiversidad del municipio”, subraya el alcalde. Luis Yeray también destaca que esta decisión del departamento estatal le permitirá seguir adelante con uno de sus proyectos estrella para este mandato: la creación de un sendero para el disfrute público entre la depuradora y el mirador de la Punta, con servicios para los ciudadanos.

El equipo de Luis Yeray Gutiérrez (PSOE, Unid@s se Puede y Avante) lleva meses trabajando en la rehabilitación de este camino. “Queremos convertir la costa lagunera en una de las joyas del municipio. Y uno de los proyectos más importantes es crear un sendero con todo tipo de servicios públicos en la Punta, desde merenderos hasta aseos y equipamientos deportivos”, destaca el regidor. De hecho, el primer paso se dio el año pasado, cuando el Ayuntamiento prohibió el aparcamiento de vehículos en este camino de tierra. El resultado ha sido todo un éxito: el sendero se ha llenado de ciudadanos que disfrutan de este privilegiado entorno costero o hacen deporte.

El Consistorio de Aguere prepara ahora el proyecto para transformar todo ese suelo, la mayor parte del cual es público al ser zona de servidumbre de paso y estar protegido por la ley de costas, aclara el alcalde. Para ello cuenta con la eliminación de todas las estructuras construidas por la sociedad recreativa del club Charco de la Arena, tal y como ordena la Dirección General de Costas. Los técnicos municipales tienen previsto hacer un detallado estudio de los usos de estos terrenos y averiguar si alguna de las fincas que delimitan el camino ocupa suelo que no forma parte de la propiedad y es público. La indisciplina en esta parte de la costa lagunera ha sido la tónica durante décadas, algo con lo que el actual gobierno municipal quiere acabar.

Un ejemplo es precisamente el Charco de la Arena. La resolución de Costas enumera una larga lista de incumplimientos que llevó a sus técnicos a poner fin al permiso para su uso privado, que caducó el 29 de julio de 2018. La pequeña estación depuradora para tratar las aguas negras está en una ubicación que incumple la ley de costas, la autorización de los vertidos ha caducado, el restaurante tampoco cumple con la ley de Costas y los muros de cerramiento suponen un impedimento para el uso de las piscinas naturales de forma pública y gratuita, lo que también incumple la ley 22/1988. Además, la instalación interrumpe la servidumbre de tránsito y la Sociedad Recreativa Piscina del Charco de la Arena carece de personalidad jurídica y no puede ser titular de una concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Pero hay más: según confirmaron fuentes municipales, el restaurante carece de la licencia de apertura, por lo que ha operado durante muchos años sin un permiso imprescindible para cualquier negocio de restauración.

El presidente de la sociedad recreativa Charco de la Arena desde 2014, Pablo González-Machado, niega las irregularidades relatadas por Costas en su resolución y anuncia que va a recurrir por la vía judicial contencioso-administrativa la caducidad de la concesión, para lo que tiene dos meses de plazo. “Esos incumplimientos no son ciertos. Son subsanables, lo cual se constituye en un derecho legal”, asegura. Rechaza entre otras cosas que utilizaran más metros de los permitidos y aclara que desde finales de 2019 no vierten aguas negras al mar, con lo que también desmiente al Ayuntamiento, que a finales de diciembre de 2020 denunció al club privado por un vertido de aguas fecales sin tratamiento ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural –dependiente del Gobierno canario–, la Dirección Provincial de Costas y el Seprona, el servicio especial de protección de la naturaleza de la Guardia Civil.

Es imposible que ese vertido partiera de nuestras instalaciones porque desde finales de 2019 contratamos la recogida de esas aguas a una empresa homologada, que las recoge del pozo y las lleva a un centro de tratamiento”, señala Pablo González-Machado, sobrino de Sergio González-Machado, quien logró la concesión para la ocupación del espacio marítimo-terrestre ahora anulada en julio de 1964. El presidente, además, acusa al Ayuntamiento de “no haber realizado ningún trámite para la recuperación de la concesión”. Asegura que el club Charco de la Arena tiene hoy 200 socios y que cualquiera puede disfrutar de las instalaciones pagando, eso sí, 10 euros.