El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna y portavoz de Unid@s se Puede, Rubens Ascanio, pide abordar el acuerdo del pacto local (PSOE, Unidas y Avante) para cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles –popularmente conocido en Canarias como la contribución– a la Iglesia por aquellos espacios ajenos a la actividad religiosa o social. “La supresión de las ventajas fiscales municipales a entidades religiosas o militares por espacios que no sean de culto o sociales es parte del acuerdo de gobierno”, recordó el edil, que espera que “pronto” se ponga en marcha la medida.
Estas manifestaciones se producen tras conocerse la lista de bienes inmatriculados (registrados por primera vez) por la Iglesia amparándose en una reforma de la Ley Hipotecaria realizada en la etapa del expresidente José María Aznar (PP). Se trata de hasta 34.961 bienes en toda España, de los que 14.947 son de uso no religioso. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, esas cifras se sitúan, respectivamente, en 256 y 65 propiedades, según recoge el listado, aunque las segundas pudieran ser algunas menos debido a que fueron considerados ajenos al culto espacios que en otros municipios sí aparecen contabilizados como tal, como son las casas parroquiales.
En cuanto a los datos de Aguere, hay 28, de los que 15 no son templos ni dependencias complementarias. De esos 15, cuatro figuran como “parcela de terreno” y seis, como “parcela”. Aparecen dos propiedades como “inmueble”; dos, como “edificación”, y una, como “vivienda unifamiliar”. Hasta ahora, camino a los dos años de mandato, en esos inmuebles que no tienen que ver con las actividades de la fe, la Iglesia ha mantenido la exención.
Ascanio dirigió el miércoles un documento al alcalde solicitando, “a la mayor brevedad posible, la elaboración de un informe por los servicios jurídicos municipales sobre la potestad de nuestro Ayuntamiento para realizar las averiguaciones y las impugnaciones necesarias ante las inmatriculaciones de posibles bienes públicos por parte de la Iglesia católica”. Según explicó el líder de Unidas, la propuesta tuvo buena acogida entre el gobierno local. “Estamos convencidos de que habrá plena voluntad a la hora de desarrollar este estudio jurídico, tal y como he podido hablar esta mañana con los compañeros y compañeras del resto del grupo de gobierno”, manifestó durante la jornada del miércoles.
En lo que respecta al cobro del IBI, se trata de un asunto que ha sido durante años objeto de polémica y que, dado su complejidad y controversia, es habitual que los gobiernos municipales pasen de puntillas. En el caso del Ayuntamiento de La Laguna, desde la bancada de Unidas se Puede ya habían insistido desde el pasado mandato en cobrar el IBI a esta institución religiosa.
El origen de la exención
Se da la circunstancia de que la Conferencia Episcopal Española ha sostenido en los últimos años que la Iglesia “sí paga el IBI, exactamente igual que todos, de aquellas propiedades en las que se puede estar desarrollando alguna actividad económica”. A través de la página web portantos.es, la referida institución también afirma: “El incentivo fiscal del IBI no tiene su origen en los Acuerdos Iglesia-Estado que se firmaron en el año 1979, sino que nace de la Ley de Mecenazgo del año 2002. Además, hay que destacar que estas exenciones las concedió el Estado en los mismos términos a todas las confesiones religiosas que tienen convenio de colaboración (iglesias evangélicas, comunidad judía y comisión islámica)”.
