Fernando Clavijo apela a la defensa del interés público de los contratos municipales que prorrogó durante su etapa como alcalde de La Laguna entre 2013 y 2017 y a que no existe ningún hecho constitutivo de delito alguno, sino decisiones amparadas por las leyes, para pedir el archivo del caso reparos. Clavijo ha presentado un escrito de alegaciones a la jueza que lleva el caso, Ana Serrano-Jover, del Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna, que completa el recurso que ya interpuso el 15 de diciembre contra la decisión de la magistrada de rechazar su primera petición de sobreseimiento de la causa.

El que fuera presidente del Gobierno de Canarias por CC y hoy senador autonómico ha remitido a la jueza el escrito de alegaciones después de que el denunciante del caso reparos, Santiago Pérez, concejal socialista de Urbanismo de La Laguna, ampliara por tercera vez su denuncia en diciembre. Santiago Pérez incorporó 36 levantamientos de reparos del interventor municipal firmados por Fernando Clavijo a los que ya había elevado antes a la Fiscalía Anticorrupción, firmados por el propio Clavijo, su sucesor en la Alcaldía lagunera, el también nacionalista José Alberto Díaz, y otros concejales de los grupos de gobierno de esos mandatos.

Clavijo expone que los contratos objeto de la denuncia de Santiago Pérez se prorrogaron por “el carácter esencial de los servicios que prestan” y que tales prórrogas son “conformes al ordenamiento jurídico” y contaron con el aval de la Junta de Gobierno y todos los supervisores municipales salvo el interventor, cuyo dictámenes se pueden subsanar como reconoce la normativa que regula el funcionamiento de las administraciones locales. “Los servicios prorrogados fueron prestados en las condiciones fijadas y de conformidad con lo requerido por los servicios municipales, sin que se haya producido reparo u objeción alguna”, asegura el escrito de Clavijo, que subraya: “Todas las prórrogas denunciadas han sido debidamente justificadas y el levantamiento de los reparos se fundamentó en una interpretación no solo razonable, sino la más plausible de la norma administrativa”.

La defensa de Clavijo remarca que la alternativa de no prorrogar esos contratos –servicio de ayuda a domicilio, lucha contra el absentismo escolar, mantenimiento de los semáforos, jardines y alumbrado público o gestión de los centros ciudadanos– “hubiera supuesto un grave trastorno en el funcionamiento de los servicios públicos con perjuicio para los vecinos y, en ocasiones, incluso la paralización de la propia organización municipal”. Por eso las propias leyes permiten la prórroga de los contratos tras mutuo acuerdo de las partes y antes de su finalización.

Los levantamientos de los reparos del interventor, además, están “argumentados, razonados y cuentan con el apoyo de la legislación vigente”, agrega el escrito. La ley de hecho otorga este derecho a los gobiernos municipales, una práctica muy extendida en los ayuntamientos para garantizar su correcto funcionamiento. “En todos los casos, una vez levantado el reparo, el expediente de prórroga continúa su tramitación hasta su aprobación por el órgano de contratación, que es la Junta de Gobierno”, expone el escrito de alegaciones de Clavijo en el que pide el archivo de la causa.

“En ningún caso se produce la prórroga de contratos inexistentes, sino de contratos en vigor. La legislación vigente permitía tal actuación sin ninguna duda”, precisa el exalcalde de La Laguna, que remarca en el escrito enviado a la jueza que el caso reparos surge de una denuncia “política” de un “adversario”, Santiago Pérez, que en el momento de pedir la apertura de la causa –12 de febrero de 2018–, en la que contó con el apoyo de la fiscal anticorrupción María Farnés, estaba en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna con Avante.

El magistrada Ana Serrano-Jover abrió una pieza separada para Fernando Clavijo, de la que tendrá que informar el Tribunal Supremo –si se encuentran indicios delictivos– dada su condición de aforado por ser senador autonómico. Mientras, el exalcalde de La Laguna José Alberto Díaz, cinco concejales de su grupo de gobierno en el mandato municipal entre 2013 y 2019 así como a varios técnicos municipales han sido llamados a declarar en calidad de investigados dentro de las diligencias previas de este procedimiento.

La defensa de Fernando Clavijo entiende, asimismo, que el plazo de instrucción tras la denuncia de Santiago Pérez caducó y que, por tanto, la apertura de la pieza separada es “un inequívoco fraude procesal”. La “denuncia política” de Santiago Pérez “carece de todo fundamento” tanto en el ámbito administrativo como en el penal, y el Ministerio Fiscal y el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna “no pueden dar cobertura a tan injusta actuación”, defiende el exalcalde lagunero, que entiende que los hechos investigados en el caso reparos “no son, de forma inequívoca, constitutivos de delito” y, por tanto, reclama el derecho “a que concluya la causa penal sin más dilación, debiéndose acordar el sobreseimiento libre”. “No puede apreciarse en la actuación administrativa contrariedad a derecho ni lesión del interés colectivo”, además de que “ninguno de los elementos de tipo objetivo y subjetivo del delito de prevaricación”, que la fiscal anticorrupción atribuye a Clavijo, “se da en el presente caso”, concluye el escrito de alegaciones.

Antes del caso reparos, Santiago Pérez había denunciado a Fernando Clavijo en el caso grúas, relacionado con la contratación del servicio de recogida de vehículos de las calles laguneras. En junio de 2020, el Tribunal Supremo archivó la causa –sin ni siquiera dar pie a la apertura de juicio– al no hallar ningún indicio de delito en la actuación de Clavijo. Además, por la actuación de Santiago Pérez en el caso reparos, el juez César Romero Pamparacuatro, del Juzgado de Instrucción 1 de La Laguna, ha abierto un procedimiento, pendiente del inicio de las diligencias.

Pamparacuatro ha recibido las declaraciones de uno de los investigados del caso reparos, el exedil lagunero Javier Abreu, que denunció en sede judicial que Santiago Pérez y su letrada en esta causa, Sandra Rodríguez, lo presionaron para que se portara “bien” en su declaración. Pamparacuatro tendrá que determinar si ve indicios para llamar a declarar a Santiago Pérez por delitos contra la administración de la justicia. Abreu llegó a asegurar ante la jueza que Santiago Pérez actuó presuntamente en connivencia con el interventor municipal para preparar la denuncia del caso reparos.