Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias, realizó en enero una obra en su vivienda de la avenida Los Menceyes sin autorización de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna. La segunda autoridad política de Canarias –tras el presidente del Gobierno regional– construyó un cerramiento metálico con cristaleras de 13 metros cuadrados en la azotea de su casa, a modo de ático, sin presentar la correspondiente licencia o comunicación previa al Ayuntamiento, tal y como marca la ley.
Tras ponerse este periódico en contacto con Gustavo Matos el lunes para conocer la tramitación oficial del cierre acristalado en su azotea, el presidente del Parlamento de Canarias concluyó ayer por la tarde que se trata “de una negligencia”. “No pedí permiso al Consistorio lagunero. Toda la responsabilidad es mía. El fallo es mío. Tenía que haber verificado que las dos empresas que hacen la obra, que está pendiente de rematar, habían solicitado la comunicación previa. Pido disculpas”, asegura el que fuera candidato a la Alcaldía de La Laguna en 2007. A raíz de las conversaciones mantenidas con este periódico en los últimos dos días sobre la obra en su vivienda, el político socialista presentó ayer por la mañana en la Gerencia de Urbanismo de La Laguna la comunicación previa que debía haber entregado antes del inicio de los trabajos y abonó las tasas.
Los propietarios que coloquen este tipo de cerramientos en las terrazas o azoteas de sus viviendas necesitan una licencia municipal o elevar una comunicación previa al área de Urbanismo, según exige la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias de 2017. En el artículo 330 se aclara que “las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones existentes, así como las de modificación general de la fachada o el acristalamiento de terrazas existentes afectante al conjunto de la fachada” precisan una licencia urbanística.
Mientras, en el artículo 332 de la misma Ley se solicita la entrega de una comunicación previa en el caso de “obras de conservación, restauración, reforma, rehabilitación o reestructuración de edificaciones e instalaciones, siempre que no afecten a edificios catalogados ni supongan incremento de volumen o edificabilidad”.
Gustavo Matos considera que, dadas las características del cerramiento que instaló en la azotea de su casa, lo que corresponde en el caso de las obras en su vivienda es la comunicación previa –que fue la que presentó ayer– y no la licencia de obra. Es algo que tendrán que determinar los técnicos del área de Urbanismo de La Laguna, que dirige Santiago Pérez, que regresó en diciembre al PSOE. El presidente del Parlamento de Canarias, que es abogado, cataloga la estructura metálica de “pérgola” y aclara que “no precisa ninguna obra de albañilería que suponga la colocación de hormigón o ladrillos”. “Es un cerramiento desmontable. Entiendo que tiene una entidad menor”.
Matos considera que no ha cometido “ninguna infracción urbanística” pero puntualiza que acatará las decisiones que adopte la Gerencia de Urbanismo de La Laguna en el caso de que abra un expediente disciplinario. En concreto, se trata de una estructura metálica con paneles tipo sandwich –combinan el aislante de poliuretano con placas metálicas de soporte–, completamente cerrado con cristaleras, que aumentó la volumetría de la vivienda, de una planta, en 13 metros cuadrados. “No consta en la actualidad ningún procedimiento sobre la obra en la Gerencia de Urbanismo de La Laguna pero si se abriera, obedeceré las instrucciones que reciba, como cualquier ciudadano, y presentaré las alegaciones que considere oportunas, en caso de que sea necesario. Ha sido un error y pido perdón”, confiesa.
Matos adquirió la vivienda de la avenida Los Menceyes, uno de los principales accesos a la Ciudad de los Adelantados, en 2006 y realizó las obras de cerramiento de la azotea en enero, un año y ocho meses después de que el PSOE lograra la Alcaldía de La Laguna gracias a un pacto con Unid@s Podemos y Avante. Se trata de una edificación abierta –no hay casas pegadas a ambos lados– que perdió una parte del patio por las expropiaciones para la construcción del tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Matos entiende que podría levantar una segunda planta pero aclara que no lo considera necesario.
“Solo he ganado un pequeño espacio en la azotea pero admito que cometí el error de no solicitar la correspondiente autorización municipal”, sostiene Matos, que agrega: “Pensé que lo habían hecho las dos empresas que realizan los trabajos pero he comprobado que no fue así. En cualquier caso, es responsabilidad mía y asumo las consecuencias”. Matos ha pedido al Ayuntamiento lagunero que actúe en su caso “como lo haría con cualquier otro vecino del municipio”.
Los cerramientos en terrazas y áticos sin licencia o comunicación previa constituyen una de las indisciplinas urbanísticas más frecuentes en Canarias. Los ayuntamientos abren expedientes disciplinarios cuando las descubren por sus propios medios o reciben una denuncia. Son considerados en la mayoría de las legislaciones urbanísticas de las comunidades españolas como una infracción de la edificación y uso del suelo, siendo proclives los ayuntamientos a calificarla como infracción grave.
La cuantía de la sanción grave urbanística oscila entre 20.000 y 600.000 euros. El criterio para su determinación se calcula en base a un porcentaje sobre la utilidad obtenida. El valor de esta utilidad será la que resulte de multiplicar los metros cuadrados ganados con el cerramiento por el precio por metro cuadrado determinado por los servicios técnicos de cada corporación municipal a través del método de tasación que sea aplicable.
Este tipo de obras también afectan al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que deben abonar cada año los propietarios de viviendas a los ayuntamientos. Hacienda utiliza incluso drones para detectar aumentos de la superficie habitable que se tratan de ocultar al fisco. El aumento de los controles tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007 ha disparado el dinero que ingresan los consistorios por el IBI. No solo ha subido el tributo, sino que ha aumentado también sensiblemente el número de propiedades (viviendas, pisos, locales, edificios, fincas...) que Hacienda tiene contabilizadas en la Comunidad Autónoma.
Los técnicos de Hacienda emprendieron el año pasado en Canarias una minuciosa investigación –en la que incluso llegaron a utilizar los drones para tomar imágenes aéreas– que hizo aflorar casi 135.000 construcciones en negro, es decir, por las que sus dueños nunca habían pagado ni un solo euro en concepto de IBI.
